Políticas

13/2/2022

Alquileres: el fracaso de un régimen social

En el primer mes del año el alquiler de un monoambiente en CABA aumentó un 6.3% respecto a diciembre y un 54.5% interanual, 3.6% por encima de la inflación. En promedio alcanza los $34.000 y hay que sumarle expensas equivalentes al 19% del alquiler. Por su parte el salario mínimo -con el aumento de febrero- llegará a $33.000.

Quien por tener hijos necesita dos ambientes tuvo un aumento mayor, 56%, llegando a los $46.890, ($55.800 con expensas). Así, a dos cónyuges que cobran el salario mínimo les quedarán $10.200 para pagar servicios, alimentos, viáticos, vestimenta, etc.

Al mismo tiempo hay la escalofriante cifra de 120.000 departamentos desocupados solo en CABA (Clarín, 10/2).

Este verdadero drama que empuja a los trabajadores a los inquilinatos, a las villas y a los asentamientos es usado cínicamente por el gobierno y la oposición para dar marcha atrás con los pequeños paliativos de la Ley sancionada en 2019, que naturalmente no resolvieron el tema de los alquileres y mucho menos el de la vivienda.

Fue Sergio Massa el que lanzó en noviembre una campaña ante “el fracaso” de la ley. Detrás, el lobby inmobiliario reclamó plena libertad para actualizar los valores semestralmente y no anualmente como lo establece la Ley y que no se fije ningún índice para que los propietarios puedan exigir al inquilino “lo que fije el mercado”. También reclaman que se vuelva al contrato por dos años, actualmente en 3 y que los contratos no sean inscriptos en la AFIP. Ni hablar de que el propietario pague los impuestos.

Desde la aplicación de la ley muchos propietarios retiraron las viviendas del mercado, un verdadero boicot, que generó un aumento sideral de los nuevos contratos mientras por otro lado los valores de la propiedad se desmoronaban.

En oportunidad de tratarse en Diputados, Romina Del Plá describió la situación insostenible de millones de inquilinos, que incluye a sectores medios, que terminan expulsados de las grandes ciudades ante la imposibilidad de pagar los alquileres y mucho menos de adquirir una vivienda. Meses antes de la toma de Guernica denunció las condiciones en las que los trabajadores se ven forzados a ocupar tierras y caracterizó como “aspirinas” la intención de regular la especulación inmobiliaria que llega hasta los alquileres de las villas.

“Esto no resuelve la situación de la crisis habitacional que es parte de cómo se descarga la crisis capitalista sobre la espalda de los trabajadores”, planteó. Asimismo, sostuvo que “la falta de un plan de viviendas populares tiene un basamento directo no sólo en el sometimiento al FMI, en el endeudamiento adonde van los recursos del país, sino que tiene mucho que ver con la especulación inmobiliaria como recurso de los capitalistas”, lo que es promovido por gobernadores e intendentes que “ponen en valor” las zonas céntricas para elevar la rentabilidad de propiedades y alquileres mientras que los suburbios adonde son empujados los trabajadores carecen de la urbanización más elemental.

Romina planteó que la actualización de contratos debía estar íntegramente ligada exclusivamente al incremento salarial y tener un tope porcentual del ingreso familiar porque “con salarios ya por debajo de la línea de pobreza ¿cómo se hace para decidir entre pagar el alquiler o alimentar a la familia?”. Y concluyó: “acá hay que tomar medidas de fondo que no se podrán tomar mientras siga imperando el lucro capitalista como criterio de organización social; necesitamos un plan de viviendas populares en forma urgente, para terminar con parte del desempleo y con esta miseria y retroceso social. La satisfacción del acceso a la vivienda será parte de un plan de reorganización integral de la economía y en ese tránsito seguiremos defendiendo el derecho de los inquilinos y el derecho de aquellas familias que han comprado una vivienda con los créditos UVA y que hoy están sometidas a un saqueo sistemático en favor de los bancos” (actas taquigráficas), convocando a profundizar la organización de inquilinos, deudores de los créditos UVA y todos aquellos que luchan por su derecho a la vivienda.

El Partido Obrero en el FIT-U plantea como medidas inmediatas: suspensión de los desalojos por dos años como mínimo. Apertura de los libros de las empresas que viven de la especulación inmobiliaria. Impuestos progresivos a las viviendas de alta gama. Impuesto a la vivienda ociosa. Condonación de las deudas hipotecarias confiscatorias y eliminación de la indexación por UVA. Que el alquiler no exceda el 20% del ingreso familiar, al igual que las cuotas de los créditos hipotecarios. Plan de un millón de viviendas financiado por un impuesto a la especulación inmobiliaria.

Promovemos un banco de tierras, apelando a tierras fiscales y terrenos ociosos destinados a la especulación inmobiliaria, para proveer con cuotas accesibles a las familias que quieren construir, y deprimir así el precio de la tierra, que es el primer eslabón del no acceso a la vivienda. Por otro lado, el comienzo inmediato de la construcción de un millón de viviendas populares, al mismo tiempo que créditos hipotecarios accesibles para los ingresos medios, con cuotas fijas y que tampoco superen el 20% del ingreso familiar. Lógicamente, la lucha por la vivienda es indisociable de la lucha por un salario que como mínimo alcance una verdadera canasta familiar, porque de otro modo ni los alquileres ni los créditos hipotecarios son viables, que es lo que ocurre en este momento. Centenares de miles de propiedades desocupadas mientras millones no tienen vivienda. Es un fracaso rampante de la organización capitalista y del “libre mercado” para resolver uno de los grandes dramas argentinos.

La proliferación de ocupaciones y asentamientos en todo el país,a menudo reprimidos y que se constituyen sin servicios ni asistencia ninguna, de miles de villas de emergencia que no se urbanizan, son el testimonio de este fracaso. Al tiempo que nuestra bancada denuncia la naturaleza de clase y los límites de los proyectos que tienen origen en los bloques capitalistas, no renuncia a defender toda medida que pueda mejorar las condiciones materiales de los trabajadores.