Fundamentos

Señor Presidente:

La rebelión popular desarrollada durante la tercera semana de diciembre ha liquidado todo vestigio de legitimidad de las instituciones del presente régimen político y social. Comenzando por el gobierno y parlamento nacionales, se puso en evidencia la completa incapacidad y fracaso de dichas instituciones en darle una salida a las apremiantes necesidades del pueblo.

Con un agravamiento exponencial de la miseria social, la Ciudad de Buenos Aires no escapa a esta caracterización general. En este ultimo período, la desocupación ha alcanzado una cifra récord, superando inclusive en su ritmo de crecimiento a la media nacional. La pobreza y la indigencia abrazan a un número alarmante y creciente de familias trabajadoras. Los sin techo se multiplican, mientras se incrementa la cifra de desalojos y el hacinamiento en las villas y barrios carenciados. Las escuelas y hospitales sufren un deterioro imparable, privados de los materiales y obras imprescindibles para garantizar su continuidad y funcionamiento. Los programas sociales del Gobierno de la Ciudad han fracasado para responder a los requerimientos que reclama la actual situación. Ha sido incapaz, inclusive, para paliar en tiempo y forma, la emergencia alimentaria planteada en plena rebelión popular, cuando bolsones con alimentos esenciales tardaron hasta siete días en llegar a las barriadas y villas. La política cultural del Gobierno está liquidando sus principales pilares *teatro Colón, conservatorios* en aras de la política de “sponsoreo”, es decir, de privatización cultural.

Mientras, se negaban reclamos esenciales a los explotados de la Ciudad, la administración de Ibarra *con la complicidad de la Legislatura*, aprobaba excepciones inmobiliarias, moratorias para los deudores evasores, otorgaba beneficios multimillonarios a los contratistas a través de un nuevo régimen de licitaciones y fomentaba la especulación inmobiliaria y financiera a través de la Corporación Puerto Madero y la Corporación del Sur.

Esta orientación social que privilegia a los banqueros, especuladores y monopolios capitalistas fue defendida en aras de la “creación de empleo” y del “desarrollo económico”. Lo cierto es que el presupuesto porteño se ha convertido, crecientemente, en un coto de contratistas y de “corporaciones” privadas, sin que por ello haya parado de crecer un solo minuto la desocupación. Es esta orientación, compartida tanto por el gobierno aliancista nacional como el porteño, la que llevó al país al colapso.

Haciendo caso omiso a esta evidencia, el Jefe de Gobierno pretende ahora dar un golpe de mano y perpetuar esta política fracasada, haciendo aprobar entre gallos y medianoche el presupuesto, la ley tarifaria y código fiscal, que le otorgan superpoderes al Ejecutivo de la Ciudad.

La Ley de “Emergencia Económica y Social” que el Ejecutivo ha enviado a la Legislatura plantea el otorgamiento de facultades para actuar con total discrecionalidad respecto del presupuesto, creando o suprimiendo recursos y gastos, y pudiendo redistribuirlos a su antojo. Huelga señalar que de prosperar dicho proyecto, cualquier ley que se apruebe, empezando por el propio presupuesto, queda vaciada de contenido, ya que puede ser inmediatamente alterada por el Poder Ejecutivo apelando al uso de sus facultades especiales.

Ibarra pretende acaparar la suma del poder público en momentos en que la movilización popular acaba de tirar abajo a un gobierno nacional que se caracterizó, precisamente, por la concentración de poderes especiales. Recién cuando la nave se hundía y se generalizaba la indignación popular, el mismo parlamento cómplice que le entregó ese poder a ambos, se vio forzado a sacárselo. La ilegimitidad del acto que se pretende sancionar, ahora con el aval de la Legislatura, es aún más flagrante si se tiene en cuenta que la representación política actual en el Gobierno y Legislatura porteños se originan en una elección realizada en mayo del 2000, es decir, bien alejada de las transformaciones que se ha operado en el escenario político y en la opinión, actitud y conciencia de la ciudadanía.

El pueblo de la Ciudad, que se adueñó de sus calles y protagonizó el Porteñazo, salió a resolver por su cuenta, a través de su propia iniciativa, los graves y acuciantes problemas que se agravaban hora tras hora. Como nunca, quedó al desnudo la impotencia, no ya del gobierno nacional, sino de todos los gobiernos provinciales, incluido el de la Ciudad, aún cuando se jactan de palabra, de su supuesta “autonomía” con respecto a las políticas centrales. La iniciativa popular expresada en las históricas jornadas del 19 y 20 de diciembre constató con la completa falta de iniciativa por parte de los órganos de gobierno. Esa pasividad abarcó, también, a la conducta del gobierno porteño frente a la represión: aún cuando ésta se desarrolló *y con ribetes salvajes* a apenas veinte metros de la sede la Jefatura de Gobierno, no encontró otra respuesta por parte del Ejecutivo de la Ciudad que “un llamado telefónico al (ex) ministro Mestre” (declaraciones de Aníbal Ibarra a la televisión). Pero la pasividad ha abarcado también al poder Legislativo. ¿Acaso no es altamente ilustrativo que en momentos en que el país *¡pero principalmente la Ciudad!* estaba en llamas, en medio de la mayor crisis nacional, la Legislatura dejara de sesionar? Es un hecho que retrata la caducidad de las instituciones del Estado porteño y la necesidad de su reemplazo por otra organización política. Una Asamblea Popular Constituyente, que exprese a la voluntad soberana del pueblo y, en esa medida, se convierta en el ámbito apropiado para discutir y resolver los problemas que interesan a la población trabajadora y comience a reorganizar integralmente a la Ciudad sobre nuevas bases sociales.

Con este planteamiento, no hacemos más que darle forma jurídica a lo que dicta la propia realidad. Es decir, a lo que el pueblo ha sancionado a través de su movilización multitudinaria. La convocatoria de una Constituyente libre y soberana en el ámbito de la Capital Federal servirá, sin lugar a dudas, para trazar un rumbo al conjunto del país, en momentos en que el Gobierno nacional y el Congreso, copados por partidos responsables de las privatizaciones, las coimas, el hambre y la desocupación están completamente deslegitimados a los ojos del pueblo.

La Legislatura tiene la oportunidad de encabezar este proceso político de renovación. Si fuera capaz de dar ese paso *aún tardíamente por relación a la vorágine con que se están precipitando los acontecimientos* tendría reservado un lugar en la historia. De lo contrario, como ha pasado con otras instituciones anacrónicas, será presa de esos acontecimientos y será devorada por los mismos.

PROYECTO DE LEY

Articulo 1º. Se convoca a una Asamblea Constituyente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en un plazo máximo de 45 días. Esta Asamblea asumirá el gobierno general de la Ciudad, sustituyendo a los actuales poderes Ejecutivo y Legislativo.

Articulo 2º. Hasta la asunción de la Asamblea Constituyente, se constituye un gobierno colegiado integrado por representantes de todos los bloques parlamentarios de la ex Legislatura de la Ciudad, en sustitución del poder Ejecutivo y de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 3º. Comuníquese.