A través de un escrito presentado ante el Juzgado Federal N° 1 a cargo de María Servini de Cubría, Daniel Blanco, con el patrocinio de Daniel Zamtlejfer, pretende que la justicia declare nulas todas las acciones tomadas por el Partido del Obrero y por lo tanto su acefalía, lo cual permitiría que sea la justicia la que designe un interventor. Una maniobra similar llevó adelante Luis Barrionuevo, por la cual la misma jueza lo designó como interventor y le dio el control del Partido Justicialista.

Blanco, quien es autoridad partidaria a nivel nacional, y su abogado, apoderado partidario hasta hace poco más de un mes, dicen desconocer que se habían llevado a cabo elecciones para la designación de autoridades partidarias requeridas por la ley que regula la intervención electoral de los partidos. Una mentira que a todas luces queda al descubierto ya que se aportó pruebas por escrito de las notificaciones que se le cursaron y fueron firmadas de puño y letra por él mismo.

 

Con esta calumnia de desconocimiento de elecciones internas Blanco y su abogado ponen en tela de juicio todo lo actuado por el partido en los últimos 14 meses. La mentira tiene patas cortas porque nuestro Partido lleva con prolijidad las presentaciones que deben hacerse ante la justicia para sostener la legalidad partidaria, pero de progresar los reclamos a Servini de Cubría por parte del grupo de Altamira, del cual Blanco y Zamtlejfer son dirigentes, la intervención electoral del partido y del propio FIT-Unidad al cual dicen defender estaría en peligro. Aunque las pruebas que desmienten a Blanco y compañía son sobradas, lo concreto es que pusieron voluntariamente en manos de la justicia burguesa la continuidad de la lucha electoral del Partido Obrero y del FIT-U.

 

 

Para sostener tamaña maniobra reñida con la moral socialista, Blanco se escuda en que es una respuesta a la decisión de la dirección nacional de intervenir el distrito Tucumán del Partido del Obrero, resuelta para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos que permitieran su funcionamiento.

 

Durante días largaron una furibunda campaña en los medios sosteniendo que se había apelado a la justicia burguesa, cuando en realidad se trataba de una acción INTERNA establecida con toda claridad en la Carta Orgánica (que Blanco y compañía aprobaron en su momento y que incluso ayudaron a redactar). La única intervención que se le dio a la justicia electoral fue la notificación de que se había tomado esa medida, ya que eso implica designación ante el juzgado de nuevos apoderados entre otros hechos. NO SE LE PIDIÓ A LA JUSTICIA QUE INTERVINIERA DE MANERA ALGUNA EN LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL PO.

 

Aunque el camino para resolver la divergencia es en el terreno de la propia organización, Blanco ni siquiera va a la justicia a rechazar la intervención partidaria al distrito Tucumán, si hubiera querido hacerlo en su presentación solo se hubiera remitido a cuestionar esa resolución. Él va a fondo, él habilita a Servini de Cubría para que intervenga nacionalmente al PO.

 

La gravedad de la acción no es solo por la forma, es fundamentalmente política, es la ruptura con los principios de organización de los partidos que luchan por la revolución socialista y el gobierno de la clase obrera.

 

 

Desde su formación el Partido Obrero (primero Política Obrera) se guió por los principios propios de las organizaciones revolucionarias, basadas en la tradición del bolchevismo. La unidad política de la clase obrera requiere de partidos que en el marco de la mayor democracia actúen centralizadamente, no por regiones, ni por provincias, ni por distritos. Más aún, luchamos por un partido mundial de la clase obrera (la IV internacional) para ser parte de una acción mancomunada (“Proletarios del mundo, uníos”) de toda la clase obrera contra la dictadura del capital.

 

Ni qué decir que, si a esto aspiramos a nivel internacional y por ello luchamos, nuestra organización nacional no puede ser federativa, o sea, con preeminencia de las decisiones de las regionales. Esta concepción de partido traduce en el plano organizativo y legal que la clase obrera debe actuar unificadamente ante el Estado nacional, que es considerado un “órgano defensor de los intereses de la clase dirigente”. El lema "un Estado, una clase, un partido" así lo sintetiza. La preeminencia de las decisiones nacionales sobre los localismos busca evitar que los trabajadores como clase se fracturen ante la presión de la acción de las oligarquías locales, que siempre pretenden ganarse la adhesión de la clase obrera a sus propios intereses, presentándolos como comunes de toda una región. Este principio fundante que el PO recoge del socialismo internacional hace que los afiliados de cada partido de distrito lo sean antes que nada del PO nacional, que es quien resuelve las orientaciones políticas centrales. La acción rupturista de Daniel Blanco no es sólo un ataque a los afiliados del PO de todo el país sino también de Tucumán.

 

Pero además, Altamira, Blanco y todo el grupo desprecian a los militantes del Partido Obrero, que en el marco de su vastísima y reconocida intervención en la lucha de clases, del lado de los explotados contra los explotadores, levantando las banderas del socialismo, han realizado un amplísimo debate (300 documentos, centenas de plenarios y conferencias especiales, etc.) para terminar resolviendo un curso de acción en el XXVI Congreso (desarrollado en semana santa) que Altamira y su grupo ahora no quieren respetar.

 

Lo que no obtuvieron con los votos de los delegados al Congreso, pretenden que sea Servini de Cubría quien se los dé. Una fuerte advertencia del rumbo que está tomando el grupo rupturista.