La reforma laboral de la Alianza, votada en abril del 2000, fue una imposición del FMI y las grandes patronales. La vehiculizó el Frepaso; Chacho Alvarez se encargó personalmente de garantizar el voto de los legisladores frepasistas, bajo amenazas de expulsión.

Chacho Alvarez no renunció a la Vicepresidencia por las denuncias de sobornos. Lo hizo recién en octubre de 2000, siete meses después que Hugo Moyano denunciara que Flamarique – el hombre que Chacho puso en el Ministerio de Trabajo – le aseguró que garantizaba el voto de los senadores con “una Banelco”, e incluso cuatro meses después que Morales Solá deslizara en La Nación la existencia de sobornos. La renuncia del Chacho se produjo luego que trascendiera que la Side estaba intrigando contra él.

En marzo de 2001, cinco meses después de su renuncia, Chacho Alvarez impulsó el nombramiento de Domingo Cavallo como ministro de Economía y su propio retorno como jefe de Gabinete de Fernando de la Rúa, en reemplazo de Chrystian Colombo. Dice Cavallo en un artículo especial publicado en el diario La Nación: “Mi propuesta de que Carlos Chacho Alvarez fuera el jefe de Gabinete cuando los radicales forzaron la renuncia de Ricardo López Murphy y sólo aceptaban mi presencia en el gabinete como ministro de Economía, se diluyó en la noche de la indecisión presidencial frente al embate de Nosiglia por mantener en el cargo a Chrystian Colombo” (La Nación, 16/3).

La “reforma laboral” fue elaborada en las oficinas de Techint, donde había trabajado durante varios años José Luis Machinea, quien había sido el primer ministro de Economía de la Alianza, con el apoyo de Chacho Alvarez. El Frepaso y la CTA (que se denominaba a sí misma la “pata social” de la Alianza) venían desarrollando una campaña en defensa de la “libertad sindical” y la “democratización sindical” que reclamaba la OIT (Organización Internacional del Trabajo), lo cual significaba la abolición del convenio por industria. Este lobby dio como resultado que uno de los suyos, el frepasista Alberto Flamarique, se quedara con el Ministerio de Trabajo para impulsar la “reforma” (hasta las vísperas del triunfo de la Alianza se descontaba que el puesto era para el radical Jorge Sappia – que quedó como segundo de Flamarique – .

El Frepaso logró incluir en la plataforma electoral de la Alianza el siguiente punto: “Promover a través del Ministerio de Trabajo la plena vigencia de la libertad sindical y el respeto de la autonomía colectiva…”.

Para Chacho Alvarez y De Gennaro, la “democratización sindical” consistía en que el Estado reconociera a la CTA como central sindical a igual título que la CGT, y que sus agrupaciones sindicales y comisiones internas pudieran firmar convenios colectivos de trabajo, sin contar con la personería gremial. Esta llamada “pluralidad sindical” imponía los convenios por empresa – un reclamo del FMI y de las grandes patronales, en especial de Techint.

Inicialmente, el proyecto de reforma laboral permitía que los convenios fuesen firmados por agrupaciones sindicales que contaran con el 10% del padrón de afiliados, y en el caso de los convenios de empresa por las comisiones internas.

Eso produjo la oposición de la burocracia sindical que, dispuesta a admitir el resto de las pretensiones patronales, como la extensión del período de prueba, bajo ninguna circunstancia renunciaría al “poder de la lapicera”, o sea la firma de los convenios. Como la burocracia y el PJ amenazaron con no acordar con la ley, Flamarique negoció el compromiso de que el convenio fuera firmado por el sindicato con personería y que en los convenios por empresa la paritaria se integrara con delegados de la fábrica.

Esta negociación determinó, a partir de febrero de 2000, que la CTA pasara a oponerse a la reforma laboral (no obtendría su reconocimiento como central obrera a igual título que la CGT, o para firmar convenios). El despecho de la CTA se acentuó porque el Ministerio de Trabajo estaba en manos del Frepaso, es decir, en manos del brazo político de la CTA que ayudó a ganar al Chacho y Flamarique.

En un detallado documento oficial de la CTA de más de 20 páginas, de comienzos del 2000, sobre la reforma laboral de la Alianza (“Reforma Laboral: ¿Ajuste o democracia?”), la CTA sostiene que “el proyecto no sale del esquema de representación circunscripto a la personería gremial haciendo una tímida apertura hacia la representación directa”. En otras palabras, a la CTA no le importaba ni le afectaba que la reforma laboral de la Alianza impulsara una mayor atomización y regimentación del movimiento sindical, sino que fuera un paso tímido en la descentralización sindical.

Por eso, en esas 20 páginas, en ningún momento la CTA dice que esa reforma fue exigida por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las grandes patronales.

Frente al contenido de la reforma, la posición de la CTA ante cada punto era:

• Período de prueba: en lugar de plantear la eliminación del período de prueba, la CTA proponía que fuera de 30 días, ampliable a 90 días por convenio para los puestos de trabajo de mayor calificación. La CTA estaba de acuerdo en que bajo el período de prueba no rigiera ni el preaviso ni la indemnización por despido.
• Reducción de aportes patronales: la CTA propuso que se aplicara “para las Pymes, para las firmas productoras de bienes transables en dificultades o para el desarrollo de nuevas unidades económicas”, “olvidándose” que los aportes patronales son un salario diferido porque financian la jubilación, el Pami, las obras sociales y las asignaciones familiares de los trabajadores. La reducción de los aportes patronales significa una reducción de los beneficios de salud y de salario familiar, una reducción de los beneficios de los trabajadores ya jubilados, y una reducción de los beneficios de los futuros jubilados.
• Convenios: la CTA estaba de acuerdo en que hubiera, indistintamente, convenios de actividad, rama, empresas, de Pymes, por grupo empresario o conjunto económico, de profesión, oficio y categoría. Y que las partes pudieran establecer “el ámbito funcional y territorial” que quisieran. Con este apoyo, la CTA rompía el principio básico y más elemental del movimiento obrero: el de la unidad contra la patronal.
• Convenios Pyme: la CTA defendía que las Pymes pudieran celebrar convenios “con condiciones de trabajo y empleo” distintos de las grandes. En este punto, la CTA propiciaba una doble división del movimiento obrero. Por un lado, separaba de la lucha por los convenios a los trabajadores de las grandes empresas de los de las pequeñas. Por el otro, impulsaba que los trabajadores de las Pymes tuvieran condiciones de trabajo y de empleo distintos, es decir derechos laborales inferiores a los de las grandes empresas. Si la realidad empresaria de las Pymes es diferente de la gran empresa, la función del sindicato es impedir que esa diferencia se resuelva en contra del trabajador, con derechos laborales de “primera” en las grandes empresas y derechos laborales de “segunda” en las Pymes. En lugar de propiciar que las Pymes se unieran a los trabajadores contra el gran capital – por ejemplo, contra el pago de la deuda externa o contra la privatización de los recursos básicos – , la CTA impulsaba que las Pymes se unieran con los bancos contra los trabajadores, bajando los derechos laborales y fijando ritmos de trabajo mayores, para que las Pymes pudieran pagar tasas usurarias a los bancos.
• Ultraactividad: la CTA estaba de acuerdo con la derogación de la ultraactividad y con que, en caso de divergencia a la hora de negociar, el convenio se resolviera “de común acuerdo” por arbitraje. La ultraactividad es un mecanismo defensivo del movimiento obrero para no verse obligado a firmar ningún convenio en condiciones desfavorables y que siga rigiendo el convenio existente. La salida de la ultraactividad por arbitraje es antiobrera, reaccionaria y propatronal.
• Estabilidad patronal: la CTA estaba de acuerdo con que una patronal pudiera desengancharse del convenio alegando una situación de crisis, con un agregado que lo hacía más reaccionario. La CTA planteaba que se permitiera a la patronal desengancharse del convenio “si previamente las partes se someten al procedimiento preventivo de crisis establecido en el capítulo 6 de la ley 24.013 y su decreto reglamentario”.

Todo esto muestra que el Frepaso tenía muy elaborado lo que quería con la reforma laboral. Por eso puso tanto empeño en la aprobación de la ley.

Alicia Castro comentó el días atrás en “Hora Clave”, que durante la votación de la ley en Diputados, y cuando ya eran públicos los sobornos, Chacho Alvarez – aunque era presidente del Senado – se instaló en la Cámara de Diputados para supervisar que los frepasistas votaran a favor de la ley o que se retiraran del recinto para no votar en contra. Esto último fue lo que hizo Marcela Bordenave, en un acto político que la delata de cuerpo entero.

Después de la votación de la ley de reforma laboral, Chacho Alvarez impulsó la aprobación por decreto de las rebajas de sueldo de los empleados públicos y de las jubilaciones, y el decreto de desregulación de las obras sociales, que permitía a las prepagas actuar como obras sociales.

En septiembre, Machinea y el Chacho llevaron al gobierno al grupo Techint, a través del nombramiento de Javier Tizado como secretario de Industria. Fue por esos días que el diario La Nación se planteó investigar “la complicidad de empresarios en la maniobra” de la reforma laboral. Aludía de este modo al pulpo Techint, pues una semana antes el diario había informado que “un importante empresario… precisó que los fondos fueron aportados por una importante empresa, interesada en que quedaran sin efecto los convenios laborales de la UOM”. La Nación agregaba de su lado que “la clase empresarial tenía un enorme interés en su aprobación (porque) posibilita rebajar salarios y abaratar el costo de los despidos”. Es decir que las coimas del Senado no fueron dos sino tres: los senadores coimeados, el gobierno coimero y los capitalistas que aportaron los fondos. Hoy Chacho Alvarez, Techint y la CTA son soportes y beneficiarios del gobierno de Kirchner.