El pasado miércoles comenzó la audiencia pública convocada por Enargas para habilitar una suba en las tarifas. Allí, distintas empresas del rubro, como Metrogas, realizaron pedidos para exigir un aumento en las tarifas de los usuarios de hasta el 80%.

Amanda Martín, legisladora porteña del Frente de Izquierda, denunció al tarifazo como una política del gobierno nacional para cumplir con las exigencias del FMI de reducir el déficit fiscal a través de, entre otras cosas, achicar las partidas en subsidios para empresas energéticas. Para evitar que esto signifique una caída en las ganancias de las empresas les habilitan tarifazos, recayendo en una población ya fuertemente golpeada por la pobreza y la inflación.

 

A su vez, denunció los pésimos servicios que estas empresas privatizadas brindan, sin que el gobierno nacional las obligue a invertir. Además, sostuvo que, al no conocerse los costos de estas empresas, se desconoce el destino de los subsidios otorgados las últimas décadas. Por lo cual reclamó también la apertura de los libros por parte de comisiones independientes de trabajadores y usuarios para determinar las responsabilidades en esta política.

En un contexto de suba internacional del precio del gas es más necesario que nunca que la producción y distribución del gas esté nacionalizado bajo control de sus trabajadores, para que se transforme en un recurso que esté al servicio del desarrollo productivo del país y de resolver las necesidades de la población.

 

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