La decisión de Alberto Fernández de extender el alcance de la Tarjeta Alimentar es un intento por parte del gobierno de disimular la política de ajuste en curso. Son migajas que no revierten en absoluto un cuadro nacional signado por el ascenso de la pobreza y el derrumbe del consumo.

Los cambios consisten en que, por un lado, a partir de ahora podrán acceder a la tarjeta aquellas personas que tengan hijos de hasta 14 años, cuando el límite de edad previo eran los 6 años, y, por otra parte, las familias con más de tres hijos recibirán $12.000 en lugar de $9.000. Esta ampliación del programa implica una erogación de 250.000 millones de pesos.

Como se ve, el gobierno responsable de que la inflación en los alimentos acumule un 13,8% en el primer trimestre del año, que la canasta alimentaria haya sufrido un aumento del 45% interanual, y, que el ingreso de los trabajadores se pulverice por medio de topes salariales y desocupación, ahora pretende revertir la caída estrepitosa del consumo -que se ha desplomado un 26% en marzo- con sumas de miseria que no llegan a ser ni  la mitad de la canasta alimentaria, hoy calculada en $25.685. Así las cosas, una familia con un hijo menor a 14 años pasará a recibir $200 más por día para comprar alimentos; una familia con dos hijos, $300 más; y una con tres hijos o más, solamente sumará $400 diarios. Esto, teniendo en cuenta que el kilo de pan ronda los $300 y el kilo del corte de carne más barato se encuentra en los $229.

El alcance de esta política sigue siendo mínimo. No llega a asistir ni siquiera al total de personas que se encuentran por debajo de la línea de indigencia en Argentina. La tarjeta pasaría de incluir a 1,5 millones de familias a 1,9 millones, cuando son 2,9 millones los hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza en el país. Tampoco reciben la asistencia el total de los trabajadores desocupados, que son 2,7 millones. Sin ir más lejos, la existencia de la Tarjeta Alimentar no ha impedido que en el último año aumentara en un 9% la cantidad de hogares que han experimentado hambre en el transcurso de doce meses.

Por otro lado, la medida contempla un partida presupuestaria que no tiene ni punto de comparación con los montos siderales que se han destinado para la especulación financiera. El Estado nacional lleva gastados este año $215 mil millones en vencimientos de deuda, y, el Banco Central, $430 mil millones en concepto de intereses de Leliqs y Pases. Con ese dinero el gobierno podría haber otorgado 12.875.000 seguros al desocupado de $40.000; sin embargo, sus prioridades se encuentran en el rescate de una deuda usuraria. Esto, sin mencionar todos los vencimientos que se aproximan.

Algunos funcionarios pretenden esconder el carácter profundamente antipopular del gobierno esbozando iniciativas estériles, que sin embargo, no se llevan adelante. Este es el caso de Andrés “Cuervo” Larroque, el ministro camporista de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, quien propuso la reposición del IFE ante el incremento de la pobreza y el descontento popular. A pesar de que se trata de un subsidio de indigencia, la idea no prosperó como resultado de la orientación fondomonetarista en curso.

Paladines del trabajo precario

La medida ha suscitado críticas por parte de Emilio Pérsico y Juan Grabois, referentes de las organizaciones sociales ligadas al gobierno. Ellos están en lo cierto cuando afirman que la ampliación de la Tarjeta Alimentar es “pan para hoy y hambre para mañana” ya que será devorada por la inflación, y, además, no resuelve el problema del desempleo. Sin embargo, cuando proponen crear puestos de trabajo como solución a la crisis social se refieren al reconocimiento y promoción de la “economía popular” y a extender el programa Potenciar Trabajo, es decir, plantean la proliferación del trabajo precario.

Finalmente, la existencia de planes como el Potenciar Trabajo, cuyo monto es la mitad del salario mínimo -de modo que llegará a los $14.580 recién en febrero del 2022- tiene una finalidad estratégica para la burguesía en función de horadar los derechos laborales la clase obrera. La consolidación de este tipo de ingresos de indigencia lleva a que se desvalorice el conjunto de la fuerza de trabajo. Por otra parte, la denominada “economía popular”, no es otra cosa que las cooperativas de las cuales se valen las empresas y el Estado para hacerse de mano de obra barata.

No forman parte de sus demandas la necesidad de que exista un seguro al desocupado de $40.000, trabajo bajo convenio para todos los precarizados y un salario mínimo de $61.000 que permita recomponer el poder de compra de amplios sectores sociales sumidos en la pobreza. Se trata de reivindicaciones que requieren de una lucha abierta contra el Estado para poder desenvolverlas. No obstante, la perspectiva que ofrecen las organizaciones sociales que integran el Triunvirato Cayetano -agrupadas ahora en la Utep- a las cuales pertenecen Grabois y Pérsico, es el camino opuesto: bregan por una mayor integración al gobierno ajustador, y, por lo tanto, promueven la desmovilización y capitulan en la lucha por los reclamos de desocupados y precarizados.

En ese sentido, no sacan los pies del plato de un gobierno subordinado al FMI, y Pérsico, por su parte, hasta desempeña funciones en el gabinete como secretario de la Economía Social. Su crítica no solo es una impostura debido a los lazos que mantienen con el oficialismo, sino que además, contiene una apología del trabajo informal, perpetuando así, los pilares que hunden en la pobreza a los sectores populares.

Unidad de los trabajadores

Para poner fin a la pobreza y el hambre es necesario profundizar el camino emprendido por el Frente de Lucha Piquetero y el Plenario del Sindicalismo Combativo, consolidando en las calles la unidad estratégica entre los trabajadores ocupados y desocupados, con independencia política de quienes nos gobiernan.

Debemos oponerle al embellecimiento de la precarización laboral que intentan realizar las organizaciones cooptadas por el Estado, un programa que ofrezca una salida real a la crisis social. El mismo debe contemplar un seguro al desocupado de $40.000; convenio colectivo para todos los trabajadores; prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo para que no haya desempleo; plan de viviendas que emplee a lo vecinos desocupados bajo convenio; prohibición de rebajas salariales; paritarias libres indexadas a la inflación; estatización de toda empresa que cierre despida o rebaje salarios; salario mínimo de $61.000.

La escalada de los precios debe ser revertida por medio de la apertura de los libros de toda la cadena comercial para evaluar los costos reales y la estatización bajo control obrero del comercio exterior en función de que los precios del mercado interno no se acoplen a los internacionales.

La nacionalización de la banca y de la industria hidrocarburífera bajo gestión obrera, junto con la aplicación de un impuesto progresivo y permanente al gran capital son medidas fundamentales para poner estos recursos estratégicos al servicio de un plan de industrialización nacional, de obra pública y construcción de viviendas que permita generar empleo, y, a su vez, resolver las necesidades sociales.

La ruptura con el FMI y el repudio de la deuda usuraria es un paso fundamental en esa dirección.