En la sesión del jueves 14, los legisladores del oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires (Vamos Juntos) y sus aliados (UCR y PS) lograron imponer la segunda ampliación del año al presupuesto 2019. Se trata de un incremento de $18.239 millones, cuyo destino es una radiografía absoluta de la confiscación de la población trabajadora porteña en favor de los capitalistas.

Los primeros beneficiarios son los acreedores de deuda, para cuyo pago se destina el 31% de la ampliación ($5.656 millones).

En contraste con ello, solo el 7% de la ampliación ($1.300 millones) va a parar a salarios. De esta manera se consolida el retroceso en el ingreso de los trabajadores de la Ciudad, que en los primeros meses del año fue no menor a 13 puntos (23% de aumento contra 36% de inflación según datos oficiales). Actualmente, los enfermeros y docentes tienen salarios por debajo de los 31 mil pesos en que se cifra hoy la canasta familiar. La nueva resolución legislativa viene a consolidar un ataque integral contra los trabajadores, en el que se enmarcan también la discriminación laboral contra las enfermeras (no reconocidas como profesionales de la salud) y la aplicación de sumarios a los docentes por movilizarse en defensa de su estatuto.

Otro de los grandes beneficiarios es Metrovías, concesionaria del subte que es propiedad del grupo Roggio, que recibe $1.400 millones de la partida. Ello para una empresa que contamina a sus trabajadores con asbesto, hace negocios con los subsidios estatales, está incriminado en causas de corrupción y tiene un pésimo servicio.

En la sesión que resolvió esta ampliación, el legislador Gabriel Solano sentenció que “el Frente de Izquierda de ninguna manera puede votar a favor de esto: se está convalidando una confiscación sobre el pueblo y su salario a favor de los Roggio, los banqueros y las empresas contratistas como la de Caputo y los amigos del presidente. Lo rechazamos y llamamos a los trabajadores a organizarse contra un nuevo atropello a sus derechos”.