El radicalismo cordobés y el gobernador Angeloz pretenden introducir en el electorado y el pueblo de Córdoba la idea de que son el dique de contención contra la “barbarie cavallo-menemista”. A través de la negativa del gobernador a firmar el “pacto fiscal federal”, Angeloz se postula como el defensor de los intereses provinciales.

Angeloz, sin embargo, es el responsable de la bancarrota de la “segunda provincia del país”. A través del Banco de la Provincia, de las empresas públicas de servicios (electricidad, agua), de las obras públicas, el radicalismo ha vaciado el Tesoro provincial en beneficio de una clique de empresarios amigos del gobierno. La cartera de incobrables del Banco de la Provincia llega a los 250 millones de dólares; las empresas beneficiadas con créditos tienen o han tenido en su mayoría funcionarios en el gobierno (Whelan, Rigazzio, CAT, Materfer, Soinco, etc.), lo que les ha permitido obtener fondos (sin avales reales), excenciones impositivas y leyes acordes a sus necesidades. La privatización de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, en función de estos grupos, trajo aparejada para la Provincia la pérdida de 770 millones de pesos, según estudios realizados por el ex senador radical Regino Maders (asesinado justamente para que no diera a publicidad estas conclusiones). Existen denuncias e investigaciones judiciales sobre las obras realizadas por la ex Epos (Obras Sanitarias), por contrataciones directas del Ministerio de Educación, por irregularidades en la Dirección Provincial de Arquitectura, y así en casi todas las áreas. Si Angeloz y los funcionarios radicales no están en cana es porque han montado una “red de seguridad jurídica” que incluye la complicidad de la legislatura provincial donde, reforma constitucional mediante, el oficialismo tiene asegurada la mayoría en las cámaras y del Poder Judicial, cuyos miembros fueron seleccionados en la dictadura militar por la “mano derecha” de Angeloz, su multiministro y funcionario Caferatta Nores.

El Estado provincial ha avanzado contra las condiciones de vida de los trabajadores, a través del estado de emergencia educacional; edificios, salarios y nivel de enseñanza totalmente en ruinas; emergencia sanitaria, con menos camas para internación, cierres de servicios, hospitales destruidos, etc.; crisis en los servicios de ayuda social (Paicor, fondos para la asistencia social), y total destrucción de los salarios de los empleados del Estado, a pesar de la drástica reducción de personal.

Como se ve, nada tiene que envidiar a Menem.

 

Angeloz con el pacto fiscal de Cavallo

Pero la impostura de Angeloz viene por partida doble; por un lado, pretende disimular la bancarrota producida por sus gobiernos, y por el otro, hacer creer a la población que está en contra de las medidas del gobierno central. Después de haber usado la radio y la televisión y haber hecho una gran bambolla con la no firma del “pacto fiscal federal”, porque implicaba una pérdida de “500 millones para la provincia y por lo tanto un gran costo social”, el gobernador se despachó con una rebaja en los impuestos que pagan los capitalistas en los mismos términos que la estipulada en el pacto de Cavallo. ¿De dónde saldrán los recursos para compensar los 500 millones y el “gran costo social”? De los fondos coparticipados con los municipios, los cuales deberán (entre otras cosas) “profundizar la reducción de personal, que desde la convertibilidad alcanzó el 12 por ciento promedio en los municipios de Córdoba” (Página 12 - Córdoba, 25/8/93). Según anticipó el secretario de Economía de Villa Carlos Paz, empeorará “el servicio  de barrido, el mantenimiento de escuelas (descentralizado por la Provincia) y especialidades médicas con menos gente” (ídem). Otro recurso “al que echará mano la gente de Angeloz pasa por incrementar los impuestos de ingresos brutos en servicios y comercios”(Clarín, 26/8). La política angelocista es un calco de la cavalliana: descargar sobre los municipios, sobre la salud y la educación, y con impuestos al consumo (es decir, a los trabajadores) los beneficios que recibirán los capitalistas.

 

Córdoba: la bolsa de la pelea entre dos camarillas

Pero si Angeloz es un fiel ejecutor de la política fondomonetarista de Menem-Cavallo, para qué el ministro recurrió al fraude, gastó millones de dólares para poner a sus representantes a la cabeza de la lista del PJ. En realidad, lo que está presentado es una lucha de buitres cuyo premio es el control del Estado cordobés, el manejo de las privatizaciones del Banco de la Provincia (el 6º en el país), de EPEC y del agua. El Partido Justicialista fue alquilado por Sevel, la Fundación Mediterránea y los beneficiados por las privatizaciones nacionales. Pero ambos pretenden lo mismo: ponerle la bandera de remate a Córdoba. Lo que está en discusión es quién le baja el martillo a la provincia.

 

Una estafa anunciada

Es así que la llamada polarización para el 3 de octubre entre Cavallo y Angeloz (a pesar de que ninguno de ellos es candidato) es una gran estafa. Nada tienen que hacer los trabajadores peronistas atrás del representante de la reforma laboral, de la destrucción de las jubilaciones, de la liquidación de las conquistas obreras. Y nada tienen que hacer los trabajadores radicales atrás de los vaciadores de la Provincia, de los responsables del asesinato de Regino Maders. En Córdoba, está claro que hay que sacarse de encima al menemista  Angeloz y al angelocista Cavallo para tomar las medidas que saquen a la provincia y a las masas de la bancarrota. El PO, integrante del FIT, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, plantea:

1- Revisar todas las contrataciones del Estado. Abolir el secreto comercial e investigar los libros de los empresarios y funcionarios beneficiados con los negociados de EPEC, el Banco y la ex EPOS. Enjuiciar al ejecutivo provincial y a la legislatura cómplice.

2- Abrir los libros del Banco de la Provincia, investigar su endeudamiento, confiscar a todos los grandes empresarios y terratenientes morosos con el banco. Condonación de la deuda de los pequeños chacareros.

3- Investigación del asesinato de Regino Maders y otros, a través de una comisión formada por los partidos no implicados. Juzgamiento a cargo de un tribunal elegido por el voto popular.

4- Rechazo a las privatizaciones, concesiones, etc. Control obrero de las empresas públicas.

5- Modificación de la política impositiva. Impuesto a los grandes capitalistas, a sus ganancias y propiedades. Eliminación de los impuestos al consumo. Abajo el pacto fiscal de Angeloz y Cavallo.

6- Triplicación de los presupuestos de salud y educación. Rechazo a la transferencia de escuelas y/o servicios a los municipios. Por la renacionalización de la salud y la educación.

7. Satisfacción plena de los reclamos salariales y demás reivindicaciones de los trabajadores estatales.

8. Plan de obras públicas, bajo control de los trabajadores.