Con la detención de los miembros del directorio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) —excarcelados luego del pago de una fianza de 50.000 dólares per cápita— la crisis política en el Estado provincial se ha agravado.

Los detenidos (Torres Crespo, presidente de EPEC. Olloco, vice. y Juárez Torres, director) son acusados de defraudación calificada por su participación en la licitación a favor de la empresa CAT para la reparación de turbogeneradores de la Central Bazán, provistos por esa empresa, que nunca funcionaron y por cuya reparación pasó un costo superior en un 60% al de otro oferente. No es sólo esta operación lo que está cuestionado, sino toda la relación entre esta empresa y sus asociados (FIAT, Materfer, SOINCO, todos juntos se presentan con el nombre Bayco) y los hombres del gobierno de Angeloz, incluidos funcionarios del Banco de la Provincia que avalaron créditos a todas luces incobrables, por lo que CAT se ha convertido en el principal deudor del banco (30 millones de dólares). Los perjuicios de esta asociación "ilícita” que incluyó cruce de funcionarios entre las empresas del Estado, el gobierno y las contratistas, fue calculado por el ex senador radical Regino Maders en 770 millones de dólares. Son Justamente estos negociados los que Maders, según sus familiares, se aprestaba a denunciar después de las elecciones del 8/9/91, algo que no llegó a hacer ya que fue asesinado dos días antes. Las detenciones de los directivos de EPEC y la causa de defraudación pretenden ser mantenidos por el gobierno y la "oposición" al margen del caso Maders. Sin embargo, no hacen más que confirmar que también el ex senador alfosinista fue "sacado del medio" como sucedió con otros funcionarios, o ex, de EPEC: Bazán. Pérez Zorrilla y Sonzález que también fueron asesinados. siendo todos ellos conocedores opositores o partícipes de los chanchullos con CAT Los directivos de EPEC recibieron mediatamente la solidaridad el respaldo y apoyo de todo el radicalismo, empezando por Angeloz que los visitó en la cárcel de lujo donde estaban alojados, algo que también hicieron el alfonsinista Negri y el precandidato a gobernador Mestre, entre otros: para completar basta decir que el abogado defensor de Torres Crespo es Jorge De Rúa, hermano de! senador. El "estado" alrededor de los detenidos es la confesión de los alcances y los implicados en el manejo fraudulento de EPEC y  del Banco y una advertencia de consecuencias que tendría una condena de los mismos: la condena y el enjuiciamiento a toda la UCR, a todo el gobierno y al propio Estado provincial. El menemismo de la mano del propio Menem, pretende utilizar los trapos de Angeloz para forzarlo a éste a parar su reelección, el manejo de las empresas públicas provinciales, via la privatización: no es casual que la primera reacción de los senadores justicialistas haya sido reclamar la intervención de EPEC y su control por la Legislatura: Menem mismo se hizo receptor de un pedido de intervención a la provincia, con lo cual no sólo chantajea al radicalismo sino que revela que ésta puede ser la forma de tomar por asalto el botín cordobés ante la evidencia de que el dislocamiento y quiebre del justicialismo provincial no se lo permitiría hacer vía las urnas. Menem y el gobierno nacional actúan como vulgares chantajistas y extorsionadores y por lo tanto cómplices de Angeloz, por este sólo hecho el gobierno nacional debe ser sometido a juicio político.

El gobierno provincial está metido hasta los tuétanos en esta maraña de desfalcos, crímenes y negociados lo cual es totalmente incompatible con su permanencia en el poder; Angeloz y su gabinete deben renunciar y la Legislatura cómplice debe ser disuelta, para que en 60 dias una junta electoral formada por todos los partidos políticos convoque a elecciones generales garantizando una campaba electoral con Igualdad de espacio, dinero y recursos para todos los partidos políticos, sin proscripción de ninguna fuerza política. A la convocatoria de un gobierno provisional debe sumarse la formación de una comisión formada por tos partidos políticos no implicados, que investigue el caso Maders y los negociados de EPEC y el Banco Provincia, un juzgado elegido por el voto popular debe tener en su mano dictar sentencia para todos los implicados. Pero la olla de EPEC - Banco Provincia destapada pemite reforzar la certeza de los trabajadores y el pueblo cordobés de que sus reclamos tienen asidero existen los fondos para atender los salarios, la salud, la educación y la ayuda social, y que el dinero con el cual se llenaron los bolsillos los funcionarios gubernamentales y las empresas "amigas" del gobierno fueron pagados con la miseria, el hambre y el deterioro de las condiciones de vida de los cordobeses. Es por eso que se debe dar satisfacción a los reclamos populares: aumento salarial inmediato, aumento de tos presupuestos de salud y educación, cese da las privatizaciones o concesiones, apertura de los libros de las empresas para rastrillar a fondo todas las operaciones y recuperar los recursos destinados a los chanchullos, control obrero de las empresas, para impedir nuevos desfalcos y negociados, abolición de la política tributaria que condena a consumidores y trabajadores y exime a los capitalistas

El reclamo de las organizaciones obreras del paro provincial y la huelga general cobra una gran vigencia porque permite que sean tos trabajadores con sus reclamos los que pongan las cosas en su lugar. El Partido Obrero ha lanzado una campaña para realizar un gran acto público con estos planteos.