El país está en las vísperas de la anunciada “cesación de pagos”.

El desenlace de la crisis se espera en horas y el centro de la crisis política está puesto en quién va a imponer una salida.

En la negociación con el gobierno nacional, los gobernadores peronistas aceptaron el pago de sus deudas en bonos (Lecop), la reducción de un 13% en la coparticipación, la eliminación del piso del Pacto Fiscal y aún la continuidad de los superpoderes a Cavallo (la sesión en diputados que debía votar su derogación fracasó por “la presencia de menos de sesenta diputados del PJ”, en una operación concertada por los gobernadores, BAE, 31/10) pero ni aún así puede haber acuerdo. Los gobernadores piden que, a cambio de esta feroz resignación de recursos, la Nación les asegure una renegociación de la deuda directa con los bancos al 7% anual, en lugar del delictivo 30% promedio que rige hasta el día de hoy, ofreciendo una mejora en las garantías de esa deuda, para lo que “las provincias ceden su coparticipación como aval”. Pero la coparticipación ya estaba hipotecada como garantía de esos préstamos y, en definitiva, ningún canje de títulos puede superar una quiebra que ha gangrenado a toda la organización social y económica del país.

Pero “sin esa promesa (de refinanciar las deudas de las provincias al 7%), no hay acuerdo”, señala Ambito (31/10). Es que las provincias ya han entrado en cesación de pagos. Los “patacones”, “quebrachos”, “letras” están empapelando el país y condenando a los trabajadores a una moneda que se devaluará inexorablemente con la descomposición económica. El Chaco acaba de anunciar que dejará de pagar las cuotas de capital de sus bonos de deuda. En Córdoba ha fracasado la “privatización” de la empresa de energía, un ingreso que De la Sota buscaba desesperadamente para hacer frente a su propio “default”. En Río Negro, el gobierno debe un mes de sueldos; en Jujuy, otro tanto. Pero está la realidad más oculta y mucho más extendida: en decenas y decenas de municipios los trabajadores han dejado de percibir sus salarios desde hace varios meses.

Como la imposibilidad de pago va a afectar el beneficio de los bancos involucrados con las provincias se ha iniciado el revolotear de los buitres: “El equipo económico para Mercados Emergentes del ABN-AMRO decidió reducir la recomendación de las acciones del Banco Galicia y el Banco Francés”, dos de los más expuestos (BAE, 31/10).

Impotencia

La estrategia de Duhalde, Alfonsín, los gobernadores, la centroizquierda y las centrales sindicales frente a la crisis se resume en un punto que hoy ha pasado a enarbolar el propio Cavallo: la reprogramación “voluntaria” de la deuda externa.

Pero no existe una solución indolora de este tipo. El solo planteo de la reprogramación equivale a una cesación de pagos y a una fuga de capitales, que es lo que ya se está produciendo: Cavallo “necesita imperiosamente (los fondos del FMI) para reforzar las cada vez más debilitadas reservas del Banco Central y tal vez para afrontar algún vencimiento externo”, (Clarín, 31/10). El imperialismo yanqui impulsa esta cesación de pagos porque es conciente de que la bancarrota no puede ser evitada y porque esa bancarrota afectaría principalmente a la burguesía argentina y sus socios europeos, que atesoran el 60% de la deuda.

El peronismo y la “oposición” a Cavallo presentan como una salida algo que no lleva a ningún lado. ¿No es acaso la reprogramación “voluntaria” de la deuda lo que acaban de rechazar los bancos en relación a la deuda provincial? Carentes de un planteo frente al derrumbe financiero, están girando en el vacío a la espera de un desenlace en el que no tendrán protagonismo alguno. Mientras se desarrolla el distraccionismo, el gobierno dispone de la oportunidad para descargar el plan de guerra contra los trabajadores y colonización del país dictado por los acreedores.

Los “anuncios”

El gobierno habría resuelto el reemplazo de planes de empleo y sociales por una asignación de 30 pesos por hijo (hasta 14 años, máximo 90 pesos) para los “grupos familiares” que ganen menos de 1.000 pesos, incluyendo a los desocupados. El cambio podría incluir la desaparición del subsidio por desempleo. Un ataque de esta magnitud, que reemplaza por “esto” planes de empleo de 120 ó 160 pesos que, de todos modos, llegan a un 5% de la masa de cuatro millones de desocupados, es el intento orgánico de la burguesía de consolidar todo el proceso de empobrecimiento y superexplotación de los últimos años y profundizar la baja de los salarios de los activos a partir de un nivel de “remuneración” de indigencia a los desocupados.

Como el programa incluiría la liquidación de la PBU, del piso mínimo jubilatorio y de los restos de la jubilación estatal, disimuladas mediante el otorgamiento de una asignación mensual de 100 pesos a todo mayor de 75 años, tendremos una suerte de “salario universal” impuesto de hecho.

Una guerra social de esta naturaleza tiene como contrapartida el refinanciamiento de las deudas previsionales e impositivas a las empresas en convocatoria de acreedores y a las firmas o sectores que hayan sido declarados en crisis. Se suma la exención del IVA para las empresas “tercerizadas” de las exportadoras, presentadas como Pymes y un ajuste en los ministerios del orden del 30%, lo que supone despidos en masa y la eliminación del Incentivo Docente.

En este plan de guerra el gobierno ha tenido la preocupación de buscar un puente con la burocracia para armar una valla de contención frente a la reacción obrera y popular. Por eso, además del desplazamiento de la Bullrich y el nombramiento al frente del Ministerio de Trabajo de un funcionario radical propuesto por Daer en forma pública, “los anuncios” incluyen “que los sindicatos puedan afectar sus fondos para el salvataje de las empresas, tomando como base las experiencias desarrolladas por la UOM” (Ambito, ídem). Pero la viabilidad de la política de tregua de la burocracia está sometida al desarrollo de la insurgencia obrera y la explosividad social.

Qué salida

Cuando se considera el conjunto de la crisis, el derrumbe del gobierno y el alcance de la ofensiva que se le quiere imponer a las masas, se puede apreciar en toda su magnitud la crisis de poder que el Partido Obrero señaló desde el momento de las coimas en el Senado para aprobar la reforma laboral.

No sólo la Alianza está terminada, el peronismo tampoco alcanza a ser una salida de recambio. Las maniobras para lograr un gobierno recauchutado que pueda imponer sus planes antiobreros frente a las masas *jefe de gabinete, ley de acefalía, elecciones anticipadas* tienen un alcance limitado por la crisis del peronismo. Este debe hacerse cargo del período de derrumbe del gobierno aliancista, debilitado por los resultados electorales y por el “sálvese quien pueda” de las administraciones provinciales. “Duhalde habría necesitado tiempo para convertir al peronismo en un factor de reestructuración política del Estado, pero tiempo es lo que menos tiene. Es a partir de aquí que emerge la posibilidad de un adelantamiento de las elecciones e incluso de la Asamblea Constituyente” (Altamira, Prensa Obrera, Nº 726).

Cada trabajador, cada mujer trabajadora debe tomar conciencia del momento que vivimos. O imponemos un cambio o nos destruyen. Llamamos a organizar la movilización hacia cada uno de los municipios y sedes del poder político, en defensa de cada uno de nuestros reclamos. Llamamos a intervenir con la comprensión de que las reivindicaciones más elementales son incompatibles con la permanencia de los gobiernos decrépitos de la Nación y las provincias y que corresponde reemplazarlos, a través de la movilización, la lucha y la huelga general por Asambleas Constituyentes soberanas.

Llamamos a las organizaciones piqueteras y a los partidos de izquierda a reunirnos en un Plenario Deliberativo nacional, para desarrollar una salida a esta crisis en todas sus consecuencias.

Que las Asambleas Constituyentes se hagan cargo del poder significará poner en pie un gobierno nacional y en las provincias que, por primera vez en la historia, será responsable ante una Asamblea Popular deliberativa. Un gobierno que no podrá invocar restricciones constitucionales para enfrentar la crisis en función de los intereses de los obreros y los explotados. Un escenario de esta amplitud abrirá el camino para que la mayoría de las masas se convenza de la necesidad de que gobiernen los trabajadores.