El gobierno dio marcha atrás con el artículo del DNU que obligaba a los médicos a recetar medicamentos por nombre genérico de la droga y no incluir ninguna marca comercial. Así, en medio de una estampida inflacionaria que parece no tener techo, el oficialismo defiende los intereses de los grandes laboratorios a costa del acceso a los medicamentos de una población empobrecida.

Algunas fuentes sostienen que se hicieron llegar una serie de planteos desde la cámara de laboratorios nacionales (Cilfa) para que el Ejecutivo de marcha atrás con la normativa original. Ahora el médico podrá incluir una sugerencia comercial junto al nombre del fármaco en cuestión, favoreciendo a grandes laboratorios como Bayer, Pfizer o Bagó, por citar algunos ejemplos. Estas empresas cuentan con sobrados recursos para poner en el mercado un plantel enorme de visitadores médicos, que instalan sus productos a cambios de enormes beneficios para los profesionales, y para eliminar a la competencia.

Cabe destacar que, según el Indec, en 2023 el rubro Productos Medicinales, Artefactos y Equipos de Salud saltó 286%, contra un 211% de inflación, es decir un 75% más, lo que desnuda que los grandes laboratorios ya venían haciendo un negocio redondo a costa de la pulverización de los bolsillos de la población.

A su vez, las marcas líderes de los medicamentos tuvieron incrementos exponenciales con respecto a su genérico. El ibuprofeno de Pfizer (Actron), por caso, es 113% más caro que el producto básico. El paracetamol que hace Genomma (Tafirol) cuesta 172% más. La metformina para los diabéticos, del laboratorio Montpellier, cuesta 87% más que la versión genérica.

Los pacientes, frente al desconocimiento, confían en las recetas que los profesionales preescriben y detrás de estas prescripciones se encuentra el lobby de los grandes laboratorios por engordar sus bolsillos. Así, los pacientes terminan desembolsando enormes cantidades de dinero por un medicamento original, pensando que es su única opción, cuando bien podrían adquirir un genérico más barato.

Esto sucede a pesar de que se encuentra en vigencia la Ley de Genéricos, sancionada en 2002, la cual establecía que “toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional que se indique”. Desde entonces siguió la monopolización de la producción de los medicamentos, y las remarcaciones de los precios son sistemáticas.

Esta dinámica también quedó avalada con el transcurso de la pandemia, donde el Estado les ha otorgado grandes beneficios a los pulpos farmacéuticos permitiendo este tipo de manejo con los precios, mientras la mayor carga impositiva recae sobre la masa laboriosa del país, y es la que continúa pagando la crisis.

Que el Ejecutivo haya dado marcha atrás confirma que el gobierno de Milei se mueve en función de los grandes lobbies capitalistas, en medio de los choques que genera su orientación de hacer primar los intereses del capital financiero. Es una disputa por quién se queda con las tajadas más grandes de ganancia a costa del bolsillo de trabajadores y consumidores, y de su salud. Por eso para los ingresos de la población, a pesar de la disparada de precios y de los tarifazos, no hay ningún anuncio.

La única manera de enfrentar esta ofensiva es en las calles, garantizando una movilización histórica que voltee el DNU, la Ley Ómnibus y todo su paquete de ajuste, luchando por un salario mínimo y jubilaciones iguales a la canasta básica y por la apertura de los libros de todas las empresas y laboratorios productores de medicamentos, de manera que se pueda evaluar cuáles deberían ser sus precios.

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