Ante la convocatoria de Capitanich
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A nadie se le escapa que la epidemia de ‘diálogos’, que se ha instalado luego de las elecciones del 28 de junio pasado, responde a una presión generalizada de los grupos capitalistas más concentrados de la economía argentina para imponer una agenda que tiene por objetivo recomponer las relaciones con el capital financiero internacional y los acreedores de la deuda pública; derogar las retenciones que afectan a los exportadores sojeros; establecer un tarifazo en los servicios públicos que ponga fin a la llamada emergencia que rige desde 2002 y, por último, pero no menos importante, condicionar cualquier aumento de los salarios y las remuneraciones a un incremento de la flexibilidad laboral y de la tasa de explotación de los trabajadores. En esta agenda se inscribe el pago de la deuda fraudulenta al llamado Club de París y a los llamados bonistas; un acuerdo con el FMI; la desnaturalización del fallo de la Corte Suprema de Justicia que establece la pertinencia de la justicia civil para los casos de accidentes de trabajo; el ataque a las organizaciones sindicales que no comulgan con la burocracia sindical.
Nótese que la agenda en cuestión no contempla la reversión del acaparamiento de tierras y expulsión de campesinos que ha caracterizado a la llamada expansión de la frontera agrícola de la soja; no contempla la actualización del valor fiscal de la tierra a los fines del impuesto inmobiliario; no figuran el desmonte ni la contaminación del suelo por la aplicación de productos químicos nocivos; no contempla la prohibición de despidos y suspensiones ni el establecimiento de un seguro al desocupado que cubra el 82% del salario activo; no contempla el establecimiento de un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar; no contempla la investigación de la deuda pública, ya sea de la nacional como de las provinciales, ni hablar de que no contempla la recuperación del sistema de salud, que las epidemias de gripe A y del dengue han puesto en evidencia en forma cruda.
Se trata, entonces, de un convite a un diálogo que busca comprometer a sus participantes a un reforzamiento de la salida capitalista a la bancarrota del capitalismo. Advertimos desde ya que semejante propósito encontrará la firme resistencia de los trabajadores y la igualmente firme colaboración del Partido Obrero con esa lucha, para que la crisis la paguen los capitalistas; o sea, por una reorganización, sobre nuevas bases, de esta organización social agotada.
Asistimos, entonces, al diálogo con esta delimitación política y de cara a la opinión de las trabajadoras y los trabajadores del campo y de la ciudad.
Planteamos las siguientes reivindicaciones y llamamos a la CGT, a la CTA y a las organizaciones sociales a reunir un congreso para organizar un plan de lucha.
1) Recoger las denuncias recibidas por el Instituto Agrario y expropiar todos los latifundios creados a partir de la usurpación de derechos y de la expulsión de los campesinos. Estatizar las grandes propiedades sojeras y reconvertir la producción agraria en función de su diversificación y sustentabilidad ambiental y protección laboral.
2) Elevar la valuación fiscal de la tierra a su valor de mercado y establecer un impuesto progresivo de acuerdo con la extensión de las propiedades.
3) Crear con los nuevos recursos un Fondo Provincial de Desarrollo bajo gestión de trabajadores electos. Por un plan de obras públicas, la industrialización provincial, viviendas populares, redes de cloacas y agua potable, para triplicar el presupuesto de salud y educación.
4) Recuperar el Banco del Chaco para la provincia, bajo una gestión colectiva electa en forma popular.
5) Prohibir los despidos y suspensiones; estatizar toda empresa que cierre y ponerla bajo el control de los trabajadores.
6) Por un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar.
7) Por el pase a planta de todos los contratados y la vigencia de los convenios colectivos, la derogación del Estatuto del Peón Rural de la dictadura, el cese del trabajo en negro o precario.
8) Por el seguro universal para todos los desocupados.
9) Por el 82% móvil, la defensa del INSSEP abajo el convenio de Armonización.
Sobre la base de estas consideraciones, llamamos a la CGT, a la CTA y a las organizaciones a rechazar cualquier forma de integración política al Estado, como ocurre con el Consejo Económico y Social, y a defender su completa independencia de clase para impulsar un plan de lucha por las reivindicaciones impostergables de nuestro pueblo. Un régimen estatizado de colaboración obrero-patronal, como sería ese Consejo, entronizaría un poder formal paralelo de las grandes corporaciones bancarias, agrarias e industriales y constituiría un golpe al régimen parlamentario y al sufragio popular, y a todo lo que hace a la democracia política.
