Políticas
2/9/2026
CATAMARCA
Ante una nueva avanzada minera sobre la comunidad originaria Peñas Negras, crece el corte y la exigencia de frenar la exploración ilegal
El gobierno de Jalil protege a las empresas con las fuerzas de seguridad.
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Ante una nueva avanzada de los emprendimientos mineros dentro del territorio de la comunidad originaria Peñas Negras, en el departamento Belén, Catamarca, la comunidad sostiene el corte y exige frenar el proceso de exploración, que se está realizando sin consentimiento y sin cumplir las condiciones legales obligatorias.
El gobierno de Jalil protege a las empresas con las fuerzas de seguridad de la provincia, que amedrentan a los comuneros y los obligan a levantar los bloqueos. La minería que impulsan Milei y Jalil no avanza sin represión sobre los pueblos y solo trae expoliación y saqueo.
Los reclamos de la comunidad
La comunidad indígena de Peñas Negras presentó una impugnación formal y un reclamo de nulidad absoluta contra las resoluciones del Ministerio de Minería que aprobaron y luego ampliaron la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la prospección del proyecto minero Aguas Calientes I, II y III, operado por Minera Millaray S.A., Elevado Gold S.A. y Amalaya S.A. La comunidad denuncia que estas autorizaciones son ilegales, violatorias de derechos constitucionales y dictadas sin respetar los procedimientos obligatorios de consulta.
La impugnación sostiene que el Ministerio omitió completamente la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), obligación constitucional y convencional para cualquier actividad que afecte territorios indígenas. La única "reunión informativa" realizada en 2023 no fue una consulta: fue una charla unilateral, posterior a decisiones ya tomadas y sin participación real de las autoridades comunitarias.
La comunidad también denuncia un patrón histórico de exclusión: las empresas intentaron avanzar con prospección, extracción masiva de muestras y campamentos dentro del territorio ancestral sin consulta y sin autorización comunitaria. En 2024, Elevado Gold debió suspender momentáneamente las tareas ante la defensa territorial de la comunidad.
Lejos de corregir las irregularidades, el Ministerio premió a las empresas otorgando una prórroga de 15 meses para continuar las tareas, ahora bajo la operadora Amalaya S.A., profundizando la clandestinidad administrativa y la exclusión de las autoridades legítimas del territorio.
La comunidad tampoco tuvo acceso real ni efectivo a la información ambiental del expediente, ni participación pública vinculante, violando el Acuerdo de Escazú. Además, el Ministerio evaluó el proyecto con informes aislados, desconociendo el fallo "Guitián" de la Corte de Justicia de Catamarca, que exige evaluaciones integrales y acumulativas. El proyecto se ubica dentro de la Reserva de Biosfera Laguna Blanca, una zona de extrema fragilidad hídrica, donde autorizar muestreos masivos sin estudios acumulativos vulnera los principios de prevención y precaución de la Ley General del Ambiente.
La comunidad de Peñas Negras reclama la nulidad de las resoluciones, la suspensión inmediata de toda actividad minera y la realización de una Consulta Previa, Libre e Informada real, con participación de sus autoridades tradicionales.
