Macri firmó el 10 de enero el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 27/18 que con 192 artículos, centenares de folios y el rimbombante título de “Desburocratización y simplificación de los trámites en el Estado”, legisla sobre todo tipo de problemas: desde Vialidad Nacional, pasando por el Senasa, los fondos del Anses, la industria naval, las cuentas sueldo y otros muchos rubros. El Poder Ejecutivo (PEN) se arroga así modificaciones de todo tipo en materia penal, impositiva y presupuestaria, algo prohibido por la Constitución Nacional, que solo permite que este tipo de temática sea abordada y aprobada por el parlamento.

El objetivo de esta transgresión constitucional del oficialismo es conspirativo: sacar de la consideración pública importantes temáticas que -lesionando intereses populares- trascenderían en caso de debate parlamentario.

Los DNU deben ser aprobados o rechazados por una Comisión Bicameral de seguimiento legislativo y luego también por las cámaras de Diputados y Senadores. Pero… mientras este ‘tramite’ se desarrolla (y puede llevar largos períodos) el PEN está autorizado a llevar adelante los objetivos planteados en el DNU. Con lo cual, si se llegase a atravesar todas las vallas y rechazar el DNU, quizás los objetivos han sido consumados y ya no se puede volver atrás.

Por de pronto, el gobierno ha maniobrado para tener mayoría en la Bicameral. El oficialismo logró tener 8 miembros, la mitad de la comisión. Pero también, por un acuerdo establecido con el FPV, este año el PRO tendrá a su cargo la presidencia de la Bicameral que tiene el voto de oro en un eventual empate. Tenemos así al macrismo de los dos lados del mostrador de la ‘institucionalidad’: el PEN hace el decreto y luego la Bicameral lo cauciona.

Chantaje

En la Bicameral constituida, el presidente del PRO anunció que el propósito del oficialismo era aprobar el DNU pero presentar -cuando se inicien en marzo las sesiones ordinarias- tres proyectos de ley que contengan todos los puntos incluidos en el decreto presidencial. El objetivo del macrismo es la cooptación de la bancada del PJ al apoyo con su voto a estas leyes –con eventuales pequeñas modificaciones- en las Cámaras. Pero de todas maneras el oficialismo aprobaba el DNU que ya se comenzó a ejecutar. Si las Cámaras no aprobaran la esencia de los proyectos reaccionarios oficialistas, el DNU seguiría vigente, vivito y coleando en su ejecución. La diputada del PO-FIT, Romina Del Plá,  denunció esto como un “chantaje” y planteó la necesidad de luchar por la derogación “sí o sí” del  mega DNU reaccionario. Ya la diputada del PO-FIT presentó un Proyecto de anulación del 27/18.

La oposición patronal votó en contra del DNU en la Bicameral y lo cuestionó severamente, pero no por su contenido sino por la forma de aprobación. A tal punto que la bancada de Diputados del Bloque Justicialista  –ligada a los gobernadores peronistas- hizo saber al oficialismo “que estarían dispuestos a acompañar casi la totalidad de las medidas del decreto, siempre que sean incluidas en un proyecto de ley” (La Nación, 1-2). La colaboración del peronismo parlamentario y los gobernadores con las políticas del macrismo, una “coalición del ajuste”, ha sido decisiva en estos dos años de gestión y sigue siendo el método de gobierno oficial.

Plan de guerra contra los trabajadores

El decretazo macrista mezcla la biblia y el calefón. Se presenta –para la propaganda mediática- como reformas para brindar “una respuesta rápida y transparente a los requerimientos del ciudadano y de las empresas”. Pero esto es verborragia hipócrita. Porque el “ciudadano”, si es parte del pueblo trabajador, va a ser atacado en todos sus derechos: como es el caso de los 30 mil trabajadores ypefianos despedidos con la privatización de los 90, que ya hace tres años lograron una ley de resarcimiento económico pero que hasta el día de hoy solo una minoría logro cobrar lo que les corresponde, por inexplicables moras burocráticas que nunca se terminan. Mientras que las “empresas” son las grandes beneficiarias de este mega DNU obteniendo todo tipo de prebendas a costa de los trabajadores.

Uno de los ataques más importantes es la resolución que el dinero del Fondo de Garantía del Anses pueda ser usado libremente para la especulación financiera, creando fideicomisos, compra de títulos, etc. como si fuera una entidad financiera más. Pone así en peligro los fondos de los jubilados (como ya sucedió con otros gobiernos que llevaron al defol las cajas de jubilaciones). Aparte de esquilmar los fondos jubilatorios, esta medida le sirve al gobierno como garantía para seguir tomando deuda externa. Se profundiza así el ataque al sistema previsional con el propósito de crear un sistema ‘complementario’ de capitalización jubilatorio privado.

Otro ataque -parte de la reforma laboral antiobrera que el gobierno quiere ir imponiendo a través de diversos proyectos- es la autorización a embargar parte de las cuentas sueldos, hasta hoy inembargables. Con la excusa de ampliar garantías crediticias al trabajador, es una medida que responde directamente a los intereses de banqueros y aseguradoras que quieren ver doblemente garantizadas las leoninas hipotecas que están prestando.

Como parte de la reforma laboral antiobrera también se reduce las sanciones a los patrones negreros: se limita a no más de 30 días la publicación en la lista del REPSAL, el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, de los capitalistas que contratan trabajadores en negro. Esto con la excusa de favorecer el blanqueo laboral. En Brasil, el presidente Michel Temer viene de eliminar o reducir las sanciones de los hacendados que tienen mano de obra esclava en sus “fazendas”. Ya el ministro Triaca evidenció personalmente el tipo de trabajo (en negro) que quiere crear.

Todo esto e infinidad de prebendas (en materia de Vialidad, de Aeronáutica, de Navegación fluvial, de licitaciones, etc., etc.) a los capitalistas, tiene el mega DNU que el gobierno quiere imponer de prepo, sin debate alguno.

En su intervención, la diputada del PO-FIT fue clara: “de ninguna manera estamos ante un intento de ´modernización´ del Estado: eso es maquillaje para hacer pasar un ajuste brutal, como se ven en los despidos masivos en el INTI, Hospital Posadas, Fanazul, Río Turbio, etc”. Y dijo: “una vez que tengan dictamen, nunca más van a tratar en las cámaras la aceptación o el rechazo de este decreto. Es una trampa: es necesario que se rechace de manera urgente este DNU”.

 

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