La cadena nacional de Alberto Fernández dejó en claro lo que todo el país ya sabía. Estamos asistiendo a un alza muy veloz de contagios y mortalidad, que en estos días se ha trasladado del AMBA, Rosario y Córdoba a prácticamente todos los distritos del país. La cadena llegó al absurdo cuando Fernández mostró el desmadre de los contagios entre marzo y mayo y quiso adjudicarse haber sido quien previó esta situación. Tal pronóstico no existió, pero lo que importa es que el presidente diseñó las políticas que llevaron a ese desmadre: clases presenciales en todo el país (tardíamente frente a la explosión de casos se suspendieron solo las del conurbano y se abrió la pelea judicial alrededor de las clases en CABA), continuidad del trabajo no esencial, limitar las tímidas medidas de restricción al AMBA cuando decenas y decenas de distritos pasaban al rojo en los semáforos, ningún control de contactos ni limite al desplazamiento entre distritos.

 

Fernández no se ha preparado para enfrentar esta situación, sino que pretende seguir con su orientación de funcionamiento económico pleno en función de los intereses empresariales y de defender el ajuste fiscal pactado con el FMI en función de los pagos de la deuda externa. Ahora se ve obligado a anunciar algo, porque su política le ha explotado en la mano. Ha improvisado un confinamiento de 9 días a la medida de las empresas, donde gracias al feriado puente, solo 3 son días hábiles laborables. Fernández no dio argumento alguno que garantice por qué en 9 días se torcería el actual ascenso de casos. Es sabido que los ciclos de contagio son quincenales, sin que eso implique que alcance con dos semanas de restricción para frenar el actual alza.

Luego de los 3 días hábiles afectados, Fernández anunció la intención de que se vuelva a las condiciones actuales, que han llevado a lo que él denominó “el peor momento de la pandemia”. Independientemente de sí esto termina siendo viable el 31 de mayo, es la muestra de la completa improvisación en la que está embarcado el gobierno. Incluso durante los 3 días hábiles afectados, la extensión de actividades definidas como “esenciales” es tal que volverá a abarcar a la industria entera, colocando la “economía” de los patrones por encima de las vidas obreras, contra las reiteradas promesas presidenciales.

 

En lo esencial para combatir a la epidemia de Covid-19, que es la situación del sistema sanitario que se desborda en todo el país y la producción y aplicación de vacunas, el presidente no hizo ni un anuncio nuevo. Reivindicó la pequeña ampliación ya realizada de camas de terapia intensiva, virtualmente desbordada en todo el país por el punto actual de casos. No anunció ningún despliegue nuevo de recursos. En vacunación se refirió a promesas vagas de parte de los laboratorios privados que ya han sido hechas en otras oportunidades, y luego incumplidas incontables veces.

 

Tampoco ha habido un anuncio de ayuda social significativa, que permita no salir de sus casas a miles de cuentapropistas, desocupados y changarines. Se anunció una extensión de los ingresos de dos modalidades existentes, la Tarjeta Alimentar y el salario complementario, que dejan sin cobertura a millones que están bajo el nivel de la pobreza. El gobierno elige conscientemente variantes con menor cobertura que el limitado IFE que pagó en 4 oportunidades en el 2020.

Las medidas que exige la defensa de la población significan chocar con los intereses patronales, algo a lo que el presidente se opone terminantemente. Pasar por encima la ley de patentes, garantizar la producción masiva de vacunas para uso local, empezando por la intervención del laboratorio mAbxience como viene reclamando el Frente de Izquierda, y un plan de vacunación bajo control de los trabajadores de salud. Necesitamos centralizar el sistema de salud público, privado y de obras sociales, bajo control de los trabajadores, triplicando su presupuesto para volcar los recursos necesarios para evitar el colapso sanitario. Reclamamos un subsidio de 40 mil pesos para todos los desocupados, trabajadores eventuales o cuentapropistas. Y el pago al 100% de todos los trabajadores que no concurran a trabajar por razones sanitarias, mientras rija una efectiva prohibición de despidos. En las áreas que deban trabajar, reivindicamos la aplicación de protocolos sanitarios bajo la responsabilidad de comités de trabajadores.