La apertura de las sesiones parlamentarias en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires estuvo teñida por el presupuesto de ajuste 2021 y el nuevo rechazo de los bonistas a la oferta de Kicillof. Las alusiones a un “Plan Marshall” bonaerense son el taparrabos de esta política al servicio del pago a los fondos buitres.

Como nota de color y antes de la Asamblea Legislativa,​ el​ gobernador y el ministro de Educación, Nicolás Trotta, compartieron​ un acto de “inicio del ciclo lectivo” en un jardín de Ensenada que​ carece de ​la autorización definitiva​ para funcionar. Más allá de​ la “gaffe” monumental ​que implica inaugurar​ una escuela sin habilitación, lo​ sucedido ​es todo​ un símbolo del estado de indefensión, ​falta de condiciones y​ controles ​en que se encuentran​ ​los establecimientos escolares de la provincia.

Los bonistas vuelven a rechazar el acuerdo de deuda

​Kicillof llegó a​ la apertura de sesiones ​sin haber podido cerrar el acuerdo de la deuda externa bonaerense. Los “acreedores”​ ​ quieren ​una reducción de los tiempos y el pago​ de mayores intereses y meten presión para imponerlos con el rechazo a la oferta, varias veces endulzada del gobierno provincial.​ La próxima fecha anunciada para la “reestructuración” fallida sería ahora el 26 de marzo. Estas postergaciones, que se repiten desde abril del año pasado, dejan en un impasse​ el canje de bonos bajo legislación extranjera por valor de más de 7 mil millones de dólares​. Los fondos buitres siguen corriéndole el arco a Kicillof para usufructuar en su provecho las exigencias​ del ​FMI y el currículum de pagador serial del​ peronismo.

Al ratificar el relato de una supuesta “deuda sustentable”, que no existe,​ Axel​ Kicillof reconoce íntegramente y como cuestión de Estado la ​totalidad de la deuda usuraria y fraudulenta​ contraída por Vidal y sus antecesores (la​ llamada “financiación sostenible”​ anticipa la toma de nueva deuda en una provincia hipotecada). No será fácil para el gobierno dado el cuadro de insolvencia de la provincia de Buenos Aires .

​Una política sanitaria en ruinas

Kicillof abrió el 149 período de sesiones ordinarias​ en la provincia con una frase poco feliz​ cuando dijo que la pandemia “nos cambió la vida pero no mató”.​ Del total de 52.000 fallecidos por coronavirus, la mitad de las víctimas corresponden a la provincia de Buenos Aires.​

Recientemente el​ ​ viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires,​ Kreplak, ratificó​ la amenaza​ de una segunda ola​ de la pandemia, y su jefe, el ministro Daniel Gollán, calificó la​ suba de los casos en esta semana como el quiebre del “amesetamiento” de los contagios.​ A pesar de esta gravísima​ situación sanitaria, el gobierno provincial flexibilizó el “Plan Jurisdiccional” (protocolo oficialista para las escuelas )​ pactado con Suteba y el Frente de Unidad Docente Bonaerense, para forzar el retorno a las clases presenciales. Como parte del ajuste​ en curso,​ Kicillof y Vilas se negaron a homologar y reglamentar las dispensas​ parentales para docentes con hijos en edad escolar.​

El “exitoso” plan de vacunación del que se jacta Kicillof​ viene demorado y a paso muy​ lento. La​ provincia​ de Buenos Aires todavía no concretó la vacunación de las​ 500.000 dosis ​ recibidas en distintas tandas​ desde diciembre, ​cuando los inscriptos superan ya los tres millones y medios de bonaerenses. Sólo para inmunizar al​ personal de salud, el gobierno todavía​ tiene que completar la vacunación de​ los ​ 250.000 trabajadores sanitarios​ cuando ​restan los adultos mayores. La aplicación de la llamada “vacuna china”​ a la docencia​ es​ muy desigual y en numerosos distritos del conurbano ni siquiera​ comenzó o está limitada a​ una franja de los docentes de riesgo. En grandes municipios como La Matanza o La Plata las vacunas para los docentes están en veremos.​

Sin un cronograma preciso y bajo el impacto del​ repudio al “vacunagate”, que se llevó puesto a Ginés García,​ Kicillof anunció el lanzamiento de​ una “app”  para la denuncia de “las vacunaciones irregulares”. Pura pose, porque los privilegios nacen de la cabeza de Estado. No es verdad, como afirma Kicillof,​ que la provincia haya desarrollado un “sistema unificado” de salud. Por el contrario, sigue financiando a tasa cero a los grandes sanatorios y clínicas privadas con los fondos del Ioma; ​es decir, con los aporte de los trabajadores para beneficiar al capital. Sin una​ centralización del sistema sanitario en manos del Estado, el presupuesto para los hospitales está sometido​ a las exigencias de “ahorro fiscal”​ que demandan los bonistas buitres.

​Colapso de las escuelas

Las reiteradas​​ menciones a la “inversión educativa en la pandemia” ​no tienen otro propósito que el de​ tapar el escenario de colapso de la mayoría de las escuelas bonaerenses. El “Plan Escuelas a la Obra”​ no pasó de un dibujo, porque la cuarentena escolar representó un monumental “ahorro” por la falta de obras, refacciones y construcciones escolares.

En un plenario​, Roberto Baradel tuvo que escuchar un juicio lapidario sobre la “falta de condiciones”​ cuando la mayoría de los secretarios generales del Suteba, incluso​ aquellos que son parte de ​ la burocracia celeste, informaron que eran cientos las escuelas que no​ podrían comenzar las clases presenciales.​ Lo que no dijeron los secretarios generales celestes,​ y sí denunció la oposición combativa de la Multicolor,​ es que el​ 70% de las escuelas ​bonaerenses​ siguen incumpliendo​ los 12 puntos de escuelas seguras de Ctera,​ porque​ el gobierno “amigo de los trabajadores” prorrogó durante todo el año pasado​ el presupuesto de Vidal asumiendo ​el desfalco de la exgobernadora macrista como deuda de Estado.

Invocando la “herencia recibida”, Kicillof dijo​ que lo único que creció fueron los servicios de la deuda externa. Una razón ​de más para desconocer la deuda usurera en lugar de garantizar su pago “sustentable”. Pero el Presupuesto 2021​, votado sin grietas por el Frente de Todos​ con Juntos por el Cambio,​ ratificó esta​ política de ofensiva capitalista contra los trabajadores, pago de deuda​ y de nuevo endeudamiento que exige el “Comité de Acreedores”.

Allí donde se concretaron las paritarias, como en docentes, éstas fueron a la baja, en cuotas, sin cláusula gatillo​ y con una mentirosa proyección inflacionaria del 29%, cuando la inflación para el 2021 rondará el 50%.​ Horas antes del 1 de marzo, y sin mandato de los​ docentes bonaerenses, las burocracias de Suteba y de la FEB le pusieron el gancho a un acuerdo paritario que deja los salarios docentes con una pérdida cercana a los 18 puntos. Kicillof​ tampoco se privó de tirarle un centro a su aliado Sergio Berni, el cuartelero ministro de Seguridad, reivindicando en la Legislatura​ la “equiparación histórica del salario de la Bonaerense con la Policía Federal”. Un​ “salariazo” arrancado con el motín reaccionario de la policía provincial​, que llegó a las puertas de la residencia de Olivos.

El Presupuesto 2021 fue​ una voz de orden para el ajuste ​ y no​ el punto de partida para un “crecimiento sostenido del salario real”, como mienten Kicillof y las burocracias sindicales integradas al pacto social y al gobierno.

Guernica

La perfidia del discurso “nacional y popular” llegó a su punto más alto cuando el gobernador cristinista reivindicó​ el desalojo de Guernica a manos de la​ Bonaerense. La feroz represión en Guernica marcó a fuego al kirchnerismo y su gobierno. Kicillof no puede​ arrogarse​ siquiera la regularización de los barrios privados que continúan sin pagar​ impuestos y se apropiaron​ de las tierras por medio de todo tipo de negociados inmobiliarios.

Las mil viviendas,​ que el gobierno​ dice haber construido durante​ la pandemia, ​dejaron en ridículo los planes de obra pública por 170.000 millones de pesos​,​ anunciados el año pasado y reciclados de apuro ahora​ con el “Plan Estratégico de Infraestructura para la Provincia de Buenos Aires” y el “Plan Quinquenal”.

Qué intervengan los trabajadores

Kicillof apeló nuevamente ​ a la “tierra arrasada” por Vidal ​para evadir la situación explosiva de la provincia y en especial del conurbano que se mide por el 44% de pobreza y una desocupación plena que supera el 14%.​ ​A esto se suman la precarización laboral y el trabajo en negro para una gran parte de los trabajadores. El déficit habitacional afecta a 1.200.000 bonaerenses con un porcentaje superior al​ 50%, que necesita​ directamente una nueva vivienda.

La provincia​ ​es también la que registra la​ mayor cantidad de femicidios en todo el país y de violencia contra las mujeres y contra la juventud. El raquítico presupuesto para el Ministerio de Mujeres y Diversidad confirma responsabilidad del Estado.

Un plan de viviendas y de​ infraestructura dirigido a obras de cloacas, agua, energía y urbanización​ sólo puede prosperar en oposición a la política de ajuste del gobierno peronista, impuesto con​ la movilización obrera​ independiente y ejecutado​ bajo el control de los trabajadores. El 8M ganaremos la calle en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

No al pago de la deuda externa. Por un plan económico de los trabajadores.