En un discurso plagado de ausencia de precisiones, en general, Alberto Fernández dejó en claro que el rumbo político de su gobierno está atado a la alianza que sostiene con el FMI y al acuerdo que llegue con los bonistas a partir de ella. Cuando el Presidente dijo que había que romper con la dependencia intelectual respecto al tema de la deuda no se refería precisamente a su gobierno. Toda su intervención tuvo al endeudamiento con telón de fondo. Habló del presupuesto 2021 cuando todavía no se conoce el de 2020 el que surgirá de las negociaciones por la reestructuración de la deuda, y aunque sembró dudas sobre la legitimidad de la misma presentó como única salida llegar a un acuerdo para terminar arreglando en qué condiciones se afronta la friolera de casi 64 mil millones de dólares que vencen en 2020.

Tampoco ofreció un curso de acción respecto al tema crucial, se jactó en la “comprensión” que han tenido Netanhayu, Merkel, Macron, Sánchez y el propio FMI ante la evidencia de que la deuda argentina es insostenible. Llamativamente estuvo ausente cualquier referencia al hecho de que la economía internacional ha agravado su derrumbe (incluso a niveles superiores a los de la quiebra de los bancos en 2008) como consecuencia de la pandemia por el coronavirus. Las condiciones de los negociadores no son las mismas y las presiones para obtener mayores concesiones de los países serán dominadas por esta situación.

Al momento de ofrecer las garantías para una negociación con los bonistas y el FMI, ratificó el ajuste sobre los trabajadores con el cuento de la “solidaridad”. Puso a los regímenes previsionales especiales, que tienen algunos colectivos obreros, en la mira, con el argumento de que son privilegiados cuando se trata de trabajadores afectados a tareas con mayor desgaste físico o psíquico que condiciona los tiempos y la calidad de vida. Ratificó que la “solidaridad” parte de empobrecer a los jubilados ya pobres para mejorar a los que están en la base de la pirámide, una política tendiente a unificar los haberes jubilatorios en la línea de una jubilación asistencial. Lo mismo planteó para los salarios con el agradecimiento a la colaboración de la burocracia sindical en contener los reclamos (como por ejemplo contra la eliminación de las cláusulas gatillo o por la aceptación de las sumas fijas).

Sin embargo fue impreciso en otros aspectos que sumen fondos a las arcas públicas como garantía de pago, como es el caso de las retenciones a la soja, o las condiciones de la explotación de gas, petróleo y minerales. Nada hay acordado y definido aún, cuando son claras las evidencias de fuertes roces y peleas por las condiciones de explotación al punto que tienen paralizados los proyectos de ley que anunció se mandarían en algún momento (¡Vaca Muerta!).

El anuncio de la reforma judicial aparece atado a la necesidad de cambiar una camarilla dominante en Comodoro Py por otra afín el gobierno.

El anuncio “más fuerte” ha sido el de la legalización del aborto, que aparece como necesario para dar alguna respuesta a los reclamos que sustenta su propia base electoral. De todas formas la “letra chica” irá mostrando hasta dónde la influencia de las profundas relaciones con la Iglesia y el Papa se hace sentir en el proyecto definitivo.

Una constante fue la propuesta de creación de Consejos de todo tipo: Económico Social, para reforma judicial, Malvinas, etc. En el caso del Económico Social el gobierno busca una vía de cooptación de la burocracia sindical y piquetera. El objetivo de estos consejos es hacer pasar a través de “consensos” con las corporaciones patronales los requerimientos de estas y del FMI sobre salarios y reforma laboral.

Alberto Fernández ha pateado la pelota para adelante mientras las condiciones objetivas se agravan y la parálisis en definir un rumbo independiente de los acuerdos con el FMI armar el escenario de luchas en defensa de las reivindicaciones más acuciantes de los trabajadores.