La Iglesia Católica se encuentra debatiendo renunciar a 140 millones de pesos que recibe del Estado nacional para sufragar los salarios de obispos y seminaristas, establecido por una ley de la dictadura militar. La premura surge del creciente cuestionamiento al vínculo entre el Estado y la Iglesia, surgido al calor del debate por la legalización del aborto.

Se trata, sin embargo, de una renuncia engañosa. Ocurre que estos aportes estatales representan apenas el 7% del presupuesto eclesiástico, ya que no incluyen las generosas exenciones impositivas comprendidas en el Código Fiscal otorgadas a entidades religiosas en todas sus expresiones (lugares de culto, congregaciones, viviendas particulares o colectivas, fundaciones y ONG, empresas y entidades educativas). La Iglesia Católica no paga Ingresos Brutos, ABL y Patentes de las empresas del clero, parroquias y la Universidad Católica (sólo en ABL, la UCA se ahorra 8 millones de pesos anuales). Existe, además, una ordenanza en la Ciudad de Buenos Aires que establece que la misma se haga cargo de la cuenta de la luz eléctrica de la Catedral Metropolitana. A esto debemos agregarle la permanente cesión de terrenos al arzobispado y diferentes diócesis a lo largo y ancho del país. La Iglesia se financia no con limosnas sino por medio de un enjambre de empresas y negocios, participando de la “comunidad de negocios” con la clase capitalista. Por eso, los curas no descartan “la posibilidad de que el Estado otorgue beneficios impositivos u otorgue incentivos a quienes quieran donar” (Clarín, 4/11). De esta manera, el Estado sigue financiando, en forma indirecta, a las Iglesias. Es decir, la Iglesia Católica esgrime una fachada para avanzar hacia otro régimen de financiamiento, en este caso con aportes privados.

Este “renunciamiento” se daría en el contexto de un año fuertemente marcado por el ascenso del movimiento de mujeres, por la lucha sin precedentes por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, por un gran colectivo militando a favor de la apostasía colectiva y con una Iglesia jugando fuertemente al intercambio de favores con la burocracia sindical y el PJ, en aras de la contención popular frente a la profundización de la miseria social.

Asamblea Constituyente, soberana y con poder, para reorganizar al país sobre otras bases, y ejecutar la real separación de la Iglesia del Estado.