El escándalo de los aportistas truchos en la campaña bonaerense de “Cambiemos” supera por mucho, en sus implicancias, a un mero acto de corrupción. El ‘dibujo’ de miles de supuestos aportes personales para disfrazar al dinero negro proveniente de empresas o del propio Estado –en eso consiste el asunto- saca a la luz el verdadero contenido social de los procesos electorales. Detrás de la igualdad formal a la hora de la representación –un hombre, un voto- se esconde la monumental maquinaria económica que la clase capitalista y el propio Estado disponen en favor de los partidos que los encarnan.

Para disimular este sostenimiento, que convierte a los procesos electorales en una ficción, el propio régimen ha dispuesto una legislación de “financiamiento de campañas” que prohíbe los aportes de empresas privadas. Lo hizo, sin embargo, a sabiendas de que los partidos y las alianzas del régimen disponen de numerosas maniobras para eludir esa prohibición: por caso, la formación de “fundaciones”, que actúan canalizando los fondos empresarios en favor de “sus” partidos; la provisión de aportes ‘en especie’ -viajes, materiales de impresión- y otros recursos. El escándalo de “Cambiemos” bonaerense sólo sacó a la luz una de esas maniobras: la de ‘disolver’ aportes empresarios –o de cajas del propio Estado- entre miles de falsos aportistas. Que esta práctica haya salido a la luz, sólo puede atribuirse a la crisis política que carcome a la coalición oficial. No es un secreto que Vidal está buscando salvar su pellejo electoral del derrumbe político y económico general que sacude al gobierno. Del otro lado, Peña y Durán Barba no parecen dispuestos a perdonárselo.

El “aportgate”, por lo tanto, es un componente más de la crisis política y, como tal, es probable que recién haya comenzado. Si el hilo conductor de los aportistas truchos conduce a reparticiones o empresas realmente aportantes, la cuestión pasará a tomar el cariz de un ajuste de cuentas al interior del Estado y entre grupos capitalistas. Es, de alguna manera, la ruta que condujo al “Lava Jato” en Brasil, al revelar una red de financiamiento paralelo del ex oficialismo petista y de sus aliados parlamentarios por parte de la “patria contratista” de ese país. Precisamente, acaba de anunciarse en estos días un acuerdo entre la justicia brasileña y la argentina para que ésta última revele los sumarios que enlazan a Odebrecht con empresas y/o funcionarios argentinos. Siempre es bueno recordar que uno de los funcionarios de este pulpo reveló que, para la campaña electoral de 2015, Odebrecht puso plata a “cuatro de las cinco campañas presidenciales” –exceptuando al Frente de Izquierda.

Blanqueo de la “política”

Si cabe, más trucha aún es la “salida” que la propia Vidal –y también el gobierno nacional- pretenden darle a esta crisis. Se trata de una reforma de la ley de financiamiento de campañas que permita “blanquear” los aportes privados. O sea, la legalización del apoyo de las empresas capitalistas a los partidos capitalistas. El gobierno ya estaría negociando esta variante con el pejota y el massismo, en el marco de una reforma electoral más amplia. Ninguno de ellos condena, naturalmente, el respaldo de las corporaciones industriales y financieras a “la política” que le es afín, y que los ha tenido como beneficiarios. Sólo deploran tener que encubrirlo a través de maniobras contables. 

De todos modos, la ley que auspician admitiría un porcentaje menor del financiamiento total de las campañas –por caso, un 3%. Los partidos del régimen –y también sus aportistas- seguirán manteniendo “por izquierda” al grueso de su financiamiento. En definitiva, en este punto rigen las leyes más generales del mercado, como la competencia y el ‘secreto comercial’. Los pulpos capitalistas, que pujan entre sí por contratos con el Estado, concesiones o prebendas impositivas, necesitan mantener en la oscuridad a sus relaciones con los partidos del régimen. La supuesta “transparencia” en el financiamiento de campañas, por lo tanto, parirá otra farsa. 

Es necesario poner de manifiesto las conclusiones políticas que deja la cuestión de los aportistas truchos. Los partidos que gobiernan y gobernaron la Argentina, y que invocan para sí la mayoría de la representación formal, son sostenidos por una minoría social –la que vive del esfuerzo cotidiano de millones de trabajadores. La única posible “transparencia” pasa por la superación de ese régimen de explotación, colocando el conjunto de la riqueza social bajo el dominio de sus verdaderos productores –un gobierno de trabajadores. En lo inmediato, esta comprensión debe llevar a los trabajadores, la juventud y las mujeres que luchan cotidianamente contra la opresión a sostener económicamente, con la reunión de miles de aportes, el esfuerzo por imprimirle a esa lucha un carácter conciente. En eso estamos en el Partido Obrero.