Tras una sesión bochornosa, Schiaretti impuso finalmente la ley de reforma jubilatoria reaccionaria. Para concretar semejante atropello el oficialismo contó con el respaldo clave de los legisladores alineados con el gobierno nacional. Este sector forma parte del bloque oficial, pero responde al espacio político liderado por el senador nacional Carlos Caserio que integra legisladores albertistas como Carlos Presas, Mariana Caserio, Rodrigo Rufeil, Hugo Maldonado, Tania Kyshakevych, María Eslava y Gustavo Eslava, y los delasotistas Franco Miranda y María Laura Labat, entre otros. Con esos votos, el gobierno se hizo del quórum que necesitaba para aprobar el proyecto presentado sobre tablas apenas unas horas antes de dar inicio a la sesión. Los voceros de Schiaretti se encargaron de informar que la cuestión había sido tratada con el gobierno nacional.

Dentro del bloque del oficialismo, no todos los legisladores votaron a favor; se abstuvieron tres (uno del PS) y votaron en contra los legisladores de extracto sindical del PJ, José Pihen (titular del SEP y de la CGT Regional) y Sara García (gremio docente de escuelas técnicas). Todas las fuerzas de oposición votaron en contra, pero hay que distinguir las razones. Las fuerzas de UCR y Cambiemos lo hicieron porque no estaban de acuerdo con la “forma”. En cambio la legisladora del Frente de Izquierda, Soledad Díaz, denunció el robo, pronunció un discurso de lucha y defendió el programa de la clase trabajadora.

El apoyo del espacio “albertista” no sorprende, puesto que desde comienzos de año el gobierno nacional viene insistiendo en las reuniones nación-provincias en el avance hacia la eliminación de las cajas provinciales. La cuestión empezó a discutirse el 24 de enero con Alejandro Vanoli, titular del Anses en ese momento y Claudio Moroni por el Ministerio de Trabajo. Además, la reforma retoma la orientación que se impulsó en comunión con Nación durante la presidencia de Cristina Fernández, apuntando a la armonización de la Caja Jubilatoria de la Provincia con la Anses, reforma que fue enfrentada con una verdadera rebelión obrera en 2008.

Además, el gobierno provincial avanzó en semejante ataque, envalentonado por los recortes efectuados por el presidente Fernández el día martes pasado. Con el DNU de Fernández los jubilados en junio recibirán un aumento del 6,1%, mientras que el cálculo de la movilidad suspendida establecía un aumento para junio del 10.89%. Se consagra así una reducción del 44% del aumento. Así las cosas, durante el gobierno de Macri las jubilaciones perdieron un 19.5%, y en lo que va del año, el gobierno actual ya se cargó con 10 puntos.

El ataque a la Caja Provincial va en plena sintonía con el saqueo que viene sufriendo la Anses, destinado a sostener con los fondos de las y los jubilados, subsidios millonarios a las grandes fortunas, subvenciones al empresariado como Techint- que deja en la calle a miles de trabajadores en plena pandemia- y a garantizar el pago de una deuda usuraria que, todos reconocen, impagable.

Del discurso nacional y popular, el albertismo-kirchnerismo pasó a ser el principal garante del mayor robo perpetrado a los jubilados cordobeses en las últimas décadas. Sin duda, esto será respondido por la acción de lucha de la clase obrera, que ya hizo oír su repudio a pesar del corset impuesto por las burocracias peronistas.