El 30 de diciembre próximo se cumplirán diez años de la masacre de Cromañón. De un modo brutal, Cromañón sacó a la luz al entrelazamiento entre la industria capitalista del espectáculo y el Estado que responde a sus intereses. En la Ciudad, se había institucionalizado una verdadera “zona liberada” para los empresarios de la noche, con la protección de funcionarios y comisarios. La juventud pagó con centenares de vidas esta indefensión, organizada desde el gobierno de Ibarra.

La crisis política de Cromañón marcó otra de las borradas del matrimonio Kirchner, que permaneció en silencio y recluido en El Calafate durante 4 días. La palabra Cromañón, como ocurriría también con Luciano Arruga, Julio López y con la otra masacre de Once, la del ferrocarril Sarmiento, fueron desaparecidas de la boca de los máximos referentes políticos kirchneristas. Hasta donde pudo, Kirchner se empeñó en rescatar políticamente a Ibarra, uno de sus principales aliados.

A días de la masacre, Ibarra designaba a Juan José Alvarez, ex Side bajo la dictadura y responsable del asesinato de Maxi y Darío en el Puente Pueyrredón, como secretario de Seguridad. “Su designación fue aprobada por el presidente Néstor Kirchner” relataba Horacio Verbitsky en Página/12 (6/1º/05). Lejos de cuestionar a Ibarra, el kirchnerismo aprobaba su blindaje represivo, para hacer frente al principio de rebelión popular que desató la masacre.

El esfuerzo del kirchnerismo por salvar a Ibarra no se detuvo allí. Kirchner llevó a todos los actos oficiales al “amigo Aníbal”, y se lanzó a una carrera desembozada para borocotizar a los legisladores que integraban la “sala juzgadora” del juicio político. La movilización popular enfrentó todas estas maniobras, y quebró la tentativa oficial de que Ibarra fuera políticamente absuelto. En noviembre de 2005, el jefe de gobierno fue suspendido. Ese mismo día el local central del PO era incendiado, mientras los voceros ibarristas nos atacaban por haber acompañado a los familiares de Cromañón en toda la lucha política y legislativa que condujo a la suspensión de Ibarra. Ese apoyo, en verdad, estuvo presente desde el mismo día de la masacre. En marzo de 2006, Ibarra era destituido, en medio de importantes movilizaciones populares. Telerman, el representante más genuino de la cámara de empresarios de boliches, lo sucedería: el régimen político había echado lastre frente a la intervención popular, pero sólo para preservar los intereses privatistas defendidos por ellos. Dos meses después, la jueza Crotto sobreseía a Ibarra sin siquiera citarlo a declarar, y preparaba el salvataje judicial que sucedió al revés político del intendente K.

“Vidas por poder”

Cromañón significó el derrumbe de la gestión centroizquierdista o seudoprogresista en la Ciudad, que intentó conciliar la retórica democrática con la preservación de los intereses capitalistas. El derechista Macri no tuvo necesidad de alterar el régimen económico y social que construyeron los Ibarra-Telerman, responsables de la instalación privilegiada del casino flotante, de la explotación juvenil en los call centers, la proliferación de talleres esclavistas o la Corporación del Sur, que Ibarra hizo aprobar en el año 2000 para viabilizar la privatización de tierras en esa zona de la Ciudad. La crisis de Cromañón reveló la defraudación completa que significó Zamora. El bloque que había consagrado ocho legisladores terminó con uno solo, y con una política abstencionista en la lucha por la destitución de Ibarra que los familiares repudiaron vivamente. Su diputado Romagnoli estuvo a punto de renunciar a la comisión de juicio político, lo que hubiera viabilizado la absolución de Ibarra, y no lo hizo como resultado de la presión de los familiares.

En 2008 comenzaba un juicio contra Chabán, músicos, policías, bomberos y algún funcionario. Pero no tenía entre los acusados a Aníbal Ibarra y su círculo ni al funcionario y empresario de boliches Jorge Telerman. El empresario Levy, dueño del boliche, de prostíbulos y de venta de ropa con métodos esclavistas, todavía zafaba de la Justicia.

El 19 de agosto de 2009 fueron leídas las sentencias contra Chabán, tres funcionarios, policías y músicos. Con el correr del tiempo, se incluyó en la penalización a la banda Callejeros, a los funcionarios se les impuso penas menores y luego sobrevendría la cárcel efectiva al recientemente fallecido Chabán. La Justicia encubrió al régimen político: convirtió a la masacre en un “estrago culposo”, en medio del silencio de oficialistas y opositores. Ya bajo el macrismo, el desastre del boliche Beara no sólo reprodujo las razones de Cromañón, sino que la justicia también sobreseyó al conjunto de los funcionarios implicados.

A diez años de Cromañón, la conciencia sobre el entramado social y político que llevó a la muerte a nuestra juventud sigue marcando a fuego la lucha política en la Ciudad. El macrismo ha reforzado la orientación social que condujo a Cromañón. Sus opositores del kirchnerismo o del Unen, en pactos permanentes con el PRO, albergan en sus filas a los sobrevivientes políticos del ibarrismo (comenzando naturalmente por el propio Ibarra). Como nunca, la lucha y las banderas de Cromañón están asociadas al desarrollo de una alternativa anticapitalista y de izquierda en la Ciudad. Es la batalla que venimos dando desde la banca del Frente de Izquierda.

Los pibes de Cromañón, ¡presentes!