La apertura de los archivos por parte de la administración Obama ha despertado una euforia inusitada por parte de la democracia argentina. Incluso los que se llaman “nacionales y populares” han delatado su simpatía por quienes mantienen la pesadilla carcelaria de Guantánamo y la sujeción política, financiera y militar de continentes enteros. La confianza de todos ellos en una “autoconfesión” del imperialismo parece ilimitada.

Se olvidan, en primer lugar, que en 2002 ya se había producido una desclasificación parcial. Pero el Departamento de Estado se cuidó muy bien de no revelar los archivos de las agencias de inteligencia y militares, o sea, el corazón del problema.

Ahora, la desclasificación apunta a un blanqueo histórico parcial de la acción imperialista en América Latina, con vistas a recrear su injerencia política y militar en la región. Para eso, se quiere acotar la colaboración con la dictadura a la administración republicana de Gerald Ford, que gobernó hasta 1977 (un año después del golpe de Videla). A Ford le sucedió Jimmy Carter, reputado por sus entredichos con Videla en relación a los derechos humanos. Pero los que hoy traen a colación esos choques omiten que Carter nunca cuestionó el Plan Cóndor de la CIA, mientras sostenía sin fisuras al régimen pinochetista. Tampoco dejó de sostener financieramente a la dictadura y a la “bicicleta” que sirvió de piedra basal para el endeudamiento externo.

La misión de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA a la Argentina, que recién llegó en 1979, fue para Carter y el imperialismo un escenario de maniobras. La cuestión de los “derechos humanos” fue utilizada para influir sobre los alineamientos internacionales de la dictadura, que tenía en la burocracia soviética a un cliente privilegiado de las exportaciones cerealeras. Los familiares que concurrieron a la misión de la OEA aportaron centenares de nombres de represores. Pero en una negociación con Videla, la CIDH los borró del informe final, provocando la indignación de los denunciantes. La dictadura retribuyó este gesto del Departamento de Estado adhiriendo al boicot a las Olimpíadas de Moscú, en 1980.

Un destacado abogado de origen católico, cuyo hijo se encontraba desaparecido, había accedido a la versión completa del informe de la CIDH, incluyendo la nómina de represores. Al enterarse del encubrimiento de Carter y sus “demócratas”, facilitó a “Política Obrera” el reporte original. PO publicó la nómina en su boletín “Libertades Democráticas”, cuya difusión hicieron propia muchos integrantes de los movimientos de familiares de desaparecidos.

La versión de una administración americana “democrática” e incluso enfrentada a la dictadura, es otro “relato” construido por los mismos partidos que le prestaron intendentes a la dictadura y le brindaron impunidad a los represores en las décadas posteriores.