Esta semana el gobierno de Mariano Arcioni presentó el plan de ajuste más grande de la historia de Chubut. Congelamiento de salario por 6 meses; continuación del pago escalonado; no pago de los aumentos adeudados de la paritaria 2019; jubilaciones forzadas en el sector público; retiros voluntarios con "gratificación"; congelamiento de las nuevas vacantes de la administración pública durante 4 años. 

El ministro de Economía Oscar Antonena presentó en conferencia de prensa los detalles “técnicos” del plan, llamado “Reestructuración del Estado”, más brutal que los realizados en 2018 y 2019, esta vez a pedido del ministro de Economía de Nación Martín Guzmán. El plan fue enviado a la legislatura provincial para ser tratado en una sesión especial el próximo viernes 25 de enero.

Las medidas ya señaladas se combinan con algunos cambios en materia impositiva: se instituye una "tasa vial" para toda la provincia, es decir un impuesto de 2 pesos por cada litro de nafta cargado. Se anunció también el cobro del Impuesto Inmobiliario Rural (tras 17 años de no cobrarse), y una modificación del canon pesquero.

Por otro lado, difusamente, se menciona una reducción de entre el 15 y el 20% de la planta política (que no se condice con numerosos nombramientos realizados en estos días). En una línea similar, Arcioni informó en un video que se congela su salario por 180 días, junto a los poderes Judicial y Legislativo. Se trata del fundamento “moral” de una nueva ofensiva antiobrera.

La deuda

El gobierno dice que el objetivo de las medidas es reducir el déficit fiscal, que ascenderá en 2020 a 22 mil millones de pesos, el 40% de los ingresos totales de la provincia. Pero el verdadero trasfondo son los vencimientos de una fraudulenta deuda pública provincial de casi 800 millones de dólares, que el gobierno aspira a reestructurar. El ataque contra las condiciones de vida de la clase trabajadora, el salario, las jubilaciones, la infraestructura, busca actuar como garantía para los acreedores. Lo mismo que ocurre a nivel nacional, donde el gobierno ha suprimido la movilidad jubilatoria y ataca las paritarias.

Mientras tanto, Arcioni no le toca un pelo a las petroleras, terratenientes, Aluar, pesqueras y los mismos especuladores financieros. 

Derrotemos el ajuste

El enorme proceso de movilizaciones de 2019 anticipa que el nuevo paquetazo de ajuste de Arcioni será enfrentado. Los trabajadores de la salud de Puerto Madryn advirtieron con “180 días de paro contra 180 días de congelamiento salarial” (El Extremo Sur de la Patagonia, 17/1). En tanto, jubilados, docentes y trabajadores de la salud votaron en asamblea impedir la sesión legislativa que discuta el proyecto de ajuste.

Recordemos que el gobierno viene de recular en su intento de derogar la ley antiminera, ante las movilizaciones convocadas en la provincia y el ejemplo de la rebelión mendocina.

Este malestar popular explica los oportunistas (cuando no panquequistas) pronunciamientos políticos de referentes del PJ provincial como el vicegobernador Ricardo Sastre en contra de la megaminería, a lo que se han sumado diputados y senadores nacionales del Frente de Todos. Quieren prevenir una movilización popular similar a la de Mendoza, a la vez que se posicionan a nivel interno frente a Arcioni.

El Partido Obrero plantea que Arcioni se tiene que ir mediante la movilización popular, junto a su plan de ajuste, represión y megaminería contaminante. Para ello es estratégico el rol de dirección de las organizaciones obreras. En Chubut, la Mesa de Unidad Sindical ha fracasado tanto en 2018 y 2019, atomizando más que unificando a los diversos sectores de un movimiento de lucha que –aun a pesar de esa dirección- ha protagonizado enormes procesos huelguísticos.

Vamos por un Congreso provincial de delegados de base de todos los sindicatos que resuelvan un paro y un plan de lucha unificado, con la perspectiva de la huelga general, para derrotar al gobierno ajustador de Arcioni.