El núcleo central del proyecto de ley sobre las telecomunicaciones -Argentina Digital- no ha sido puesto en cuestión por ninguna de las modificaciones elaboradas en el debate previo a su votación por el Senado. Es decir, el artículo 9 que establece la derogación de los incisos del artículo 25 de la ley de Medios que prohibían a las telefónicas brindar servicios de comunicación audiovisual no ha sido tocado.

El planteo “democratizador” que declara al servicio como “público” y establece a la vez la apertura de las redes instaladas a la competencia de todos los prestadores generó un choque en el propio FpV. Ocurre que las “cooperativas” y las “pymes” del sector, si bien representan sólo el 7% del volumen de facturación del rubro, en varias provincias dominan el mercado de la comunicación y son un factor determinante del destino de un candidato en sus feudos. Si tuvieran que abrir sus redes a competidores como Telefónica o Telecom a una tarifa de igual condición serían devorados por los pulpos.

Con el sólo compromiso de un trato asimétrico regulado por la Autoridad de Aplicación, los senadores levantaron las acusaciones de “capitalismo colonial” que supieron sostener contra Telefónica, para augurar que “ahora invertirán”.

 

La camarilla

La ley Argentina Digital crea un megaorganismo de control, la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic), cuyo directorio designado por el Ejecutivo por cuatro años absorberá a la Secretaría de Comunicaciones, Comisión Nacional de Comunicaciones, Argentina Soluciones Satelitales (Ar-Sat), Correo Oficial, Comisión Nacional de Actividades Espaciales y plan Argentina Conectada. Según calcula Clarín, manejará un presupuesto de 10 mil millones de pesos y tendrá bajo su órbita las empresas estatales (Ar-Sat y Argentina Conectada) sobre las cuales regulará las tarifas. Es decir, será juez y parte.

Como en el conjunto de leyes que el gobierno está votando en paquete, se vislumbra la intención de la camarilla K de echar raíces en el aparato del Estado, en este caso aspirando a constituirse en interlocutores directos de los monopolios y reguladores de la suerte electoral del pejotismo “feudal”.

 

La oposición

En el debate, la oposición patronal no cuestionó nunca la entrega estratégica que constituye la apertura a las telefónicas del dominio de los servicios de comunicación audiovisual. El PRO ha presentado un proyecto a la medida del sueño más feliz de las telefónicas, la liberación de las tarifas. Ostentan la representación de una agenda concentrada e impiadosa del gran capital. El masismo, en cambio, al contar en sus filas a los Vila-Manzano (Supercanal, Arlink, América, etc.) y los Pierri (Telecentro) no cuestiona la entrega, sino que envidia el instrumento regulador de la piedad.

 

Recordar la ley de Medios

El aporte del centroizquierda a los gobiernos K ha sido notable. Invocando que el gobierno había aceptado prohibir a las telefónicas dar servicios de comunicación audiovisual, votaron una ley de Medios que se constituyó en una de las principales herramientas de propaganda K. El resultado de ese embellecimiento circunstancial lo capitalizó el gobierno, que a la vez les anticipó que la entrega se consumaría -CFK dijo “no se puede tapar el sol con las manos”. Ahora, cinco años más tarde, el “progresismo” derrapa y muestra los intereses que defiende: “sería conveniente plantear un lapso de gracia en el que las empresas del sector audiovisual puedan dar servicios de telefonía pero las telefónicas no puedan dar servicios audiovisuales”. Es un artículo al servicio de Clarín que plantea Stolbizer en un dictamen que suscribe la “izquierdista” Donda. Para el centroizquierda el problema sería que el monopolio no quede en manos de tres grupos sino de cuatro o cinco.

 

El rescate (parcial) de Clarín

El gobierno CFK le aporta más a Clarín con la ley que la líder del GEN con su despacho, ya que el proyecto frena el desguace de Cablevisión. Según la ley de Medios, Clarín no puede ser titular de más de 24 licencias. “Argentina Digital, en cambio le permitiría gozar de una licencia de telecomunicaciones para todo el territorio nacional. Y si bien sólo podría ofrecer su programación en 24 localidades, nada impediría que distribuya contenido de terceros. Por lo tanto, no debería deshacerse de parte de su red” (Pagni, La Nación, 15/12).

Cuando venza la cautelar que frenó la adecuación forzosa de Clarín, Magnetto estará en condiciones de exigir que se revise nuevamente su adecuación a la luz de la nueva norma.

 

El sol tapó las manos

La presión de las telefónicas por hacerse de la posibilidad de brindar todos los servicios de comunicación es vieja. La caída de esa barrera constituye la entrega no sólo de un fabuloso negocio, sino también de la producción de contenidos, de la definición de una agenda pública, de la circulación de bienes culturales y artísticos a los monopolios de la industria cultural asociados al capital financiero internacional.

La actuación en este punto de los gobiernos K como de la centro izquierda debe ser motivo de reflexión de la gran masa de intelectuales, artistas y comunicadores sociales que depositaron sus ilusiones en la ley de Medios. Nuestra oposición tozuda y obstinada de entonces también debe ser ahora valorada a la luz de este desenlace. El mismo planteo que levantamos en 2009 resulta hoy el único que contiene una defensa estratégica de la libertad de expresión.

Frente a la impostura de encubrir como “público” un servicio que deja en manos privadas del servicio de telefonía, internet y televisión, nuestros parlamentarios del Partido Obrero en el Frente de Izquierda le opusieron el de “bienes y servicios públicos estratégicos, de carácter completamente públicos, con el más amplio acceso de todos los sectores y pensamientos culturales, ideológicos, políticos, artísticos y de todo orden del pueblo argentino. Algo que podrá gestionar un estado cuya administración, organización y contenido social esté dado por la mayoría trabajadora y no por los Fintech, las Telefónicas, los Clarín o los Chevron”.