Un reciente análisis de la agencia de calificaciones crediticias, Moody, le tocó al gobierno donde más le duele: la supuesta solidez de los bancos luego de que los más importantes pasaran a control extranjero.

Según la agencia, “el sistema bancario argentino sigue siendo débil”, su grado de “transparencia es pobre” y los informes “no son confiables”. Además, “la calidad de sus activos sigue siendo pobre y su rentabilidad se encuentra entre las más bajas en América Latina”. Ya en un sentido más estructural, “su nivel de depósitos minoristas no es confiable ni sostenible, además de que continúa siendo móvil, con un plazo promedio de 70 días”.

A partir de esto, la agencia descalifica los datos que el gobierno regularmente presenta como una prueba de la solidez del sistema. Con respecto al seguro de los depósitos de 700 millones de dólares, los compara con el nivel de éstos, que son de 67 mil millones. Respecto a la línea de crédito contratada con el exterior, por más de 6 mil millones de dólares, dice que obedece a la corta duración de los plazos de los depósitos. De conjunto, dice el informe, “la economía y el sistema bancario siguen siendo vulnerables a la volatilidad de los mercados de capital internacionales”, que es lo que caracteriza precisamente a la situación actual (Financial Times, 14/1). Pero, además, según datos de la Superintendencia de Seguros, “un tercio de las compañías no cumple con los requisitos para garantizar el funcionamiento del sistema” (BAE, 2/1).

Argentina tendrá, en 1998, un déficit de cuenta corriente con el exterior de 16.338 millones de dólares y un déficit fiscal cercano a los 10.000 millones de dólares (La Nación, 11/1). La dependencia del exterior para refinanciar semejantes sumas no podría ser más aguda. Pero la novedad más interesante es que la deuda externa privada, virtualmente inexistente en 1990, alcanzó a fines de 1997 los 32 mil millones de dólares. Según La Nación (15/1), esta deuda no se encuentra garantizada, sea, por ejemplo, frente al caso de una devaluación del peso o de una caída en los precios de los productos de esas empresas.

Este hipotecamiento todavía no ha hecho mella en las posibilidades de renovación de los préstamos que se vencen, simplemente porque el negocio de esa renovación se ha entregado a un grupo de once bancos, llamados “creadores de mercado”, que se embolsan suculentas comisiones. Pero, además, los nuevos créditos que pagan los vencidos deben hacerse en dólares y a tasas de interés móviles pagaderas mensualmente. En oportunidad de la última renovación, por 500 millones de dólares, hace una semana, parte de la plata la puso el propio gobierno, pues para ello redujo el porcentaje que los bancos deben guardar como reservas, “una medida”, dice La Nación (14/1), “que sólo alivió a las grandes entidades financieras”. La base social del menemismo se ha reducido, por lo tanto, a una decena de chupasangres financieros, que conservan el fiel de la balanza mientras van anudando la soga que acabará provocando la bancarrota financiera.

Para enfrentar esta situación, el gobierno está preparando un paquete impositivo que eliminaría definitivamente los aportes patronales jubilatorios, pero ampliaría el IVA a numerosos servicios, gravaría los salarios a partir de los 700 pesos con el impuesto a las ganancias y aumentaría el precio del gasoil. Ninguna de estas medidas, sin embargo, atiende al problema de la insolvencia con el exterior, porque no reduce el déficit en cuenta corriente, ni la parte del déficit fiscal destinada al pago de los intereses de la deuda externa. Tampoco afecta en lo más mínimo a la posibilidad de una fuga de capitales.

El sentido de la aplicación de estas ‘recomendaciones’ fondomonetaristas es aumentar la caja del gobierno para socorrer parcialmente a los pulpos que se declaren insolventes y, por sobre todo, disminuir la demanda de dinero por parte del gobierno, para poder aumentar las tasas de interés. Como ocurre en Asia, se considera a este aumento de tasas la principal arma para retener los capitales especulativos dentro del país.

Para los trabajadores, este planteo representa un violento ataque, cuya finalidad es enteramente parasitaria. Es el mismo sentido que ha el aumento de las tarifas del transporte, o sea, financiar al capital especulativo sustituyendo los subsidios con el dinero de los usuarios. Lo que importa de todo esto es entender que no se trata de medidas ocasionales; que no tienen ninguna posibilidad de proteger a la economía nacional frente a un ataque especulativo, y por sobre todo, que responden a la política de que los trabajadores carguen con todas las consecuencias de la crisis capitalista más la yapa.