Las probabilidades de que Argentina pueda pagar la deuda externa acorde al calendario de vencimientos vigente son nulas. Así lo muestran los rendimientos siderales que le ofrecen a quienes acepten comprar un bono con fecha de pago en el próximo año. El fantasma del default está cada vez más presente: el único ingreso previsto que tendría el BCRA sería el desembolso de los u$d 5.400 millones por parte del fondo, una condición necesaria, pero de ninguna manera suficiente para evitar la bancarrota (ni su declaración).

El riesgo país es seguramente el termómetro más adecuado para medir el humor de los mercados (un eufemismo del capital financiero) de cara a las deudas soberanas. Es un índice que publica uno de los bancos más importantes del mundo, el JP Morgan, y define cuánto mayor es la tasa que debe pagar ese país respecto de los bonos de los países que se consideran libres de riesgo.

 Argentina se encuentra ahora ocupando el segundo lugar en el medallero mundial del riesgo de default, solamente superada por la crisis en una Venezuela en hiperinflación y asediada por el bloqueo imperialista. Se considera que Argentina tiene menos capacidad de pagar su deuda que otras naciones menos desarrolladas como Zambia y el Líbano, triplicando la tasa media de los países emergentes.

La situación está atada con alambres y el alambre son las letras del tesoro (Letes) que una parte está nominada en pesos y otra en dólares, pero ambas conllevan riesgos muy importantes para el gobierno en caso de no contar con un porcentaje de renovación significativo. En el caso de las Letes en dólares el central tendría que entregar las escasas reservas que le quedan adelantando las posibilidades de un default en regla antes del traspaso. 

Argentina deberá pagar u$d 11.000 millones antes de las elecciones generales y otros u$d 6.000 millones entre las elecciones generales y fin de año (Iprofesional 23/8). Las reservas del banco central se encuentran en caída libre por la intervención constante para intentar frenar el dólar (o entregárselos a los especuladores) y por una caída de los depósitos que poco a poco van erosionando sus tenencias. Las reservas han caído más de u$d 9.000 millones desde la última visita del FMI y las de libre disponibilidad rondan en la actualidad unos u$d 14.000.

Por otro lado, el Banco Central ha ido acumulando una deuda “cuasi fiscal” en Leliq explosiva, por la friolera de $1,3 billones a tasas del 75%. Esta deuda suma la tendencia a la hiperinflación para cancelarla, porque sólo podría ocurrir mediante emisión monetaria, o de lo contrario licuándola mediante una megadavaluación con las consecuencias brutales que esto tendría sobre el conjunto de la economía y sobre la deuda en dólares de la nación y de las provincias (muy abultada y también mayoritariamente en dólares).

Hoy martes 27 de agosto  el BCRA vendió u$s362 millones para contener el dólar que no obstante aumentó más de un 2% en la jornada. Como se aprecia, el período hasta el 27 de octubre y luego hasta el 10 de diciembre es eterno. Diversos medios afirman que en el diálogo secreto entre el FMI y Fernández el Fondo pidió el adelantamiento de las elecciones para que asuma cuanto antes el nuevo gobierno y negociar con él la inevitable reestructuración que evitaría un default “desordenado”.

Según el diario La Nación “En la comunidad inversora hay mucha discusión acerca de cuándo y cómo se reestructura, más que si se reestructura" (19/8). La economía argentina se encuentra entonces en un default tácito: paga tasas de default, riesgo país a nivel de default y se descuenta su incapacidad de afrontar los próximos vencimientos con el BCRA que cuenta cada vez con menos reservas. Si tiene cuatro patas, hocico y ladra…

El FMI acorralado en su propia política

Una máxima económica de autor anónimo describe como ninguna la situación que expone al FMI frente a la crisis argentina: “Si le debes 10.000 dólares al banco tenés un problema, si le debes 10.000 millones el problema lo tiene el banco”.

El organismo de crédito más importante surgido de la segunda posguerra se encuentra en un momento de marcada vulnerabilidad de cara a la deuda argentina. El fondo busca condicionar -y lo viene consiguiendo- todo el proceso electoral en nuestro país, ya sea a través de su primera apuesta que era el macrismo o ahora en una transición hacia un nuevo gobierno peronista. Sin embargo camina en la cornisa, porque un default argentino afectaría al fondo más que a ningún otro acreedor en el mundo, dejándolo expuesto ante un nuevo fracaso luego de que haya apostado buena parte sus fichas en el acuerdo con argentina.

Para tener noción de hasta qué punto esto es así basta conocer algunos datos como que el 65% del capital prestable del fondo están destinados a Argentina, que la debacle acelerada de la economía nacional los ha llevado a rever al menos en tres oportunidades lo que habían acordado previamente o que el FMI aceptó una violación de su carta orgánica al permitir la utilización del préstamo para intervenir en el tipo de cambio, primero a través de futuros y luego abiertamente en las operaciones al contado (o spot) financiando la fuga de capitales.

Tenemos, entonces, una situación contradictoria: el futuro financiero del país depende en buena medida de la aprobación del último desembolso por parte del fondo y de las condiciones que pueda acordar a futuro con los acreedores sean institucionales o privados. Al mismo tiempo, el futuro del fondo está fuertemente condicionado por el desarrollo de esta crisis dado que un default argentino lo dejaría en pésimas circunstancias tanto en el aspecto financiero como político. Igual que ocurriera con la crisis de deuda griega, los responsables de gestionar la bancarrota se encuentran de ambos lados del mostrador por su exposición a la propia deuda.

El gobierno de Alberto y la clase obrera

Tanto Alberto Fernández como la totalidad de sus voceros económicos han realizado un raid mediático planteando que “la voluntad de pago es total, solamente dependemos de la capacidad de pago” (Cronista 26/8). La cita es particularmente elocuente porque deja en claro dos cuestiones: primero el reconocimiento por parte del futuro gobierno de la quiebra en la que se encuentra el país. La segunda y más importante es el mensaje de que existe la convicción por parte del kirchnerismo de continuar con el pago serial de la deuda usuraria.

Las distintas medidas que se esbozan por parte de uno u otro de los asesores de Fernández están todas regidas por el sometimiento al pago de la deuda que sirve como ordenador de toda su política económica. Por supuesto que semejante definición no es gratuita para los trabajadores que sufrimos diariamente las consecuencias a través del deterioro de nuestras condiciones de vida.

Una renegociación, re perfilamiento o reestructuración de la deuda implica que los acreedores impongan nuevas  agenda de medidas que casualmente son las que Alberto ya adelantó en la campaña. La reforma laboral y previsional, en las cuales el macrismo fracasó, están en la agenda de toda la burguesía y forman parte del programa de Alberto vía convenios. El pacto social o el congelamiento salarial para que seamos los trabajadores los que absorbamos el efecto devastador de la inflación, también fue planteado antes por Fernández que por el FMI. La clase obrera no puede permanecer encorsetada detrás de estas variantes patronales, ni de la tregua de la burocracia sindical. La reapertura de las paritarias es una necesidad urgente para millones de trabajadores.

El propio Fernández se vio forzado a reconocer que la deuda financia la fuga de capitales, cada vez con mayor magnitud. Su crítica no radica en la defensa de la soberanía contra el colonialismo explícito del acuerdo, sino en que es partidario de la libre flotación del dólar y un peso recontra devaluado que hagan al país “competitivo” vía pauperización del salario.

Las promesas de crecimiento vía exportaciones y recomposición del mercado interno chocan con las condiciones del repago. Por ahora sólo atinó a dar más garantías de seguridad jurídica al saqueo de Vaca Muerta y a reunirse con todos los pulpos mineros internacionales que operan en el país acompañado por los gobernadores con el mismo objetivo.

La ruptura con el FMI, el repudio a la deuda externa sumado a la nacionalización de la banca y el comercio exterior se plantean más que nunca como la única salida viable para el país. Un nuevo default, independientemente de la forma que adopte, pone de manifiesto más que ninguna otra cosa la incapacidad de la burguesía para desarrollar el país, una tarea que solamente podremos hacer los trabajadores al comando de un plan económico y social.