La Justicia de Estados Unidos le ordenó a la Argentina que le pague U$S 138,3 millones a bonistas que compraron la deuda defaulteada en 2001 y litigaron contra el país (los famosos holdouts o fondos buitre). El fallo además también dispuso el embargo de los fondos del país que se encuentran en la FED por U$S 96 millones como garantía colateral de los bonos Brady que emitió Argentina en los ’90. Es una muestra más del carácter fraudulento y usurario de la deuda externa.

Estos bonistas compraron sus títulos de deuda cuando estaban defaulteados, pagando chirolas, es decir por un precio infinitamente menor que el nominal por el que ahora exigen el cobro. Las demandas acumulan US$579 millones, tras haber rechazado ingresar en las reestructuraciones en los canjes de 2005, 2010, 2016 y 2020, para continuar litigando en los tribunales de Nueva York.

Sin ir más lejos, el canje 2005-2010 por parte del gobierno kirchnerista fue presentado oficialmente como “el mejor canje de la historia” porque disponía una quita sobre el valor nominal de capital e intereses de la deuda, pero muy superior al que lo compraron estos los acreedores. Para colmo, los bonistas recuperaron lo que habían resignado por la quita mediante los pagos de cupones vinculados al PBI. La propia CFK se jactó de ser una pagadora serial de la deuda y terminó su mandato con una deuda pública de U$D 240.665 millones, incluso luego de haber pagado más de U$D 200.000 millones.

En 2016 el gobierno de Mauricio Macri (con apoyo peronista en el Congreso) pagó US$ 9.300 millones para congraciarse con el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa en beneficio de los holdouts, y luego se firmaron nuevos acuerdos en beneficio de los acreedores que llevaron a que el monto total pagado ascendiera luego a US$11.000 millones para 2019.

En agosto 2020 el exministro de Economía del Frente de Todos, Martín Guzmán, anunciaba una nueva reestructuración de los títulos entregados en los canjes de 2005, 2010 y 2016. Una deuda usuraria que se sigue reciclando por los sucesivos rescates al capital financiero a costa del pueblo argentino. El loop es eterno.

Otro ejemplo. Mientras escasean los dólares en el país, el gobierno deberá pagar intereses por U$S 77 millones por los bonos que emitió Argentina cuando ingresó en 1992 al plan Brady, una iniciativa del Tesoro de Estados Unidos ante la crisis deuda externa en América Latina, sosteniendo el saqueo de los recursos nacionales por parte del imperialismo.

Que un juzgado municipal norteamericano tenga en vilo a las reservas del Banco Central es una muestra de la completa subordinación nacional ante el imperialismo, expresada en la legislación extranjera de los contratos de deuda y concesiones públicas. Por eso, en paralelo, también se llevan adelante juicios en Nueva York por la manipulación de los datos del Indec (incide en los cupones que se pagaban en función del crecimiento del PBI), por las expropiaciones de YPF y Aerolíneas Argentinas, entre otros, que pueden sumar más pasivos en el corto plazo.

A esto se agrega que, para cumplir con el programa del FMI, Massa sigue endeudando al país con los organismos multilaterales de crédito, que incrementan la injerencia del imperialismo en las políticas locales y destruyen las condiciones de vida de la población trabajadora. Un acuerdo ruinoso por donde se lo mire.

Poner fin a esta sangría requiere sacarnos de encima a las fuerzas políticas de los capitalistas que perpetúan el saqueo de los recursos nacionales, repudiar la deuda externa usuraria e ilegítima y destinar el ahorro nacional al desarrollo productivo en beneficio de las mayorías.

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