En la misma semana de la anunciada renuncia de Oyarbide, el Consejo de la Magistratura desestimó el enjuiciamiento del juez federal de Quilmes, Luis Armella.

En 2012, Armella había sido apartado por la Corte Suprema de la causa por el saneamiento del Riachuelo, sospechado de haber beneficiado a empresas de sus familiares con la contratación de obras de limpieza de la cuenca. Las razones invocadas por el Consejo para la desestimación del jury contra Armella fueron puramente formales: el “vencimiento del plazo” de las denuncias.

Este hecho ilustra por sí mismo el carácter del Consejo de la Magistratura: una rosca entre bloques políticos patronales, la corporación judicial y los grandes estudios de abogados, funcional a la impunidad.

Su continuidad en el cargo debe detonar el alerta de todos los luchadores.

Recordemos que, en diciembre de 2010, Armella armó la causa contra los militantes ferroviarios del Partido Obrero, Jorge Hospital y Omar Merino por los incidentes que la burocracia sindical fogoneó en Constitución para desacreditar un corte de vías que los trabajadores tercerizados del Roca realizaban en Avellaneda. Habían trascurrido dos meses desde el asesinato de Mariano Ferreyra y el ministerio de Trabajo se negaba a satisfacer ninguno de sus reclamos. El gobierno de CFK dio entonces la orden política de criminalizar al PO durante una conferencia de prensa de la ministra Nilda Garré; por su parte, Horacio Verbitsky escribió el “relato oficial” de las imputaciones contra el PO en Página/12; y el juez Armella montó la causa judicial y ordenó detener a Hospital y Merino. Fueron luego excarcelados en medio de una gran movilización popular. Por supuesto, la causa judicial en su contra no avanzó un centímetro debido a la inexistencia de delito y al repudio generalizado.

Fuera Armella. Elección y revocatoria de jueces y fiscales mediante el voto popular.