El decreto que el gobierno dictó para poner en marcha las modificaciones en el régimen de riesgos del trabajo solo responde a la “necesidad y urgencia” de las empresas y las ART. Toda la norma es un golpe a la seguridad y a la vida de los trabajadores y “un atropello al movimiento obrero y al Congreso” que ha recibido el caluroso apoyo de la CGT y del PJ, que apoyó en el Senado el proyecto de ley que tiene el mismo texto del decreto, como denunció Néstor Pitrola, diputado del Partido Obrero en el FIT.

 

Es que, con el decreto de cuestionada legitimidad, el gobierno impone ahora a los trabajadores que sufran un accidente laboral la obligatoriedad de recurrir a una evaluación por parte de comisiones médicas, primero regionales y, si la empresa empleadora quiere, en revisión ante una Comisión Médica Central, antes de poder recurrir a la Justicia.

 

Como la revisión no tiene límite de tiempo y, además, como estas comisiones médicas -según denuncia la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL)- han estado siempre fuertemente vinculadas con las propias ART, el paso por ellas cumplirá el papel de un “ablandamiento” del trabajador para que acepte el monto que le proponen allí, apurado por la necesidad de cobrar el dinero que le corresponde por el siniestro.

 

La AAL dice que “el Poder Ejecutivo opta por un camino: dificultar y dilatar al extremo el acceso de las víctimas a la Justicia, obligándolas a transitar por un kafkiano procedimiento médico-administrativo”.

 

Esto convierte al empleado que ha sufrido un accidente en un ciudadano de segunda ante la ley, ya que no tiene acceso a la Justicia libremente sino recién después de cumplir un prolongado trámite administrativo en las comisiones. Queda en un status inferior que el resto de los dañados en el ordenamiento jurídico de nuestro país (por accidentes de tránsito, mala praxis, daño ambiental, etc.) quienes pueden acceder en forma directa ante la Justicia sin estar obligados a recorrer ninguna instancia administrativa previa.

 

Como plantea sin tapujos Clarín (21/1), “la idea de las autoridades es desalentar los juicios con la descentralización de las comisiones fuera de Capital”, lo que también conlleva la “descentralización” de los juicios ya que, si se llega a ellos, deberán ser sustanciados en la localidad donde funciona la Comisión Médica a la cual fue derivado el siniestro y no a la del domicilio del trabajador o de la empresa empleadora. 

 

Además de dificultar la operatoria del reclamo legal, cambia a éste de la Justicia laboral por la de la que se tramite en la localidad donde se derive, no vinculada con lo laboral y más permeable a todo tipo de influencias y presiones oficiales y empresarias.

 

Los abogados laboralistas, además, rechazan el argumento de la alta “litigiosidad” al indicar que el volumen total de demandas judiciales representa solo un 20% de los 660.000 siniestros laborales por año registrados por la SRT.

 

La AAL añade que “para eliminar la llamada ´litigiosidad´ el camino correcto sería suprimir sus verdaderas causas: el rechazo sistemático de la inmensa mayoría de las enfermedades de origen laboral (del total de siniestros que ingresan al sistema, sólo el 3% son enfermedades profesionales) y la injustificada negativa de las ART a cubrir las reagravaciones; las altas médicas apresuradas”. 

Y, también, “las deplorables prestaciones en especie; el permanente maltrato de los prestadores de las ART; las reparaciones miserables de los daños sufridos; la morosidad en el trámite administrativo ante las ART y ante las Comisiones Médicas; etcétera. Y fundamentalmente, la ausencia de prevención y seguridad laboral”.

 

Cabe recordar que bajo el gobierno de Cristina Kirchner se dio un paso importante a favor de las ART y en contra de los trabajadores. Se eliminó la llamada “doble vía”, por la cual el trabajador luego de cobrar el resarcimiento por el daño podía también apelar a la Justicia. Fue un intento de desalentar los juicios laborales. Pero los montos irrisorios que fijan las ART hizo que rápidamente la inmensa mayoría de los trabajadores accidentados apelara de todas maneras. 

 

Definitivamente, está planteada la eliminación de la ART y una nueva ley de Accidentes de Trabajo que supere y reemplace a la vieja ley, anterior a la flexibilización menemista, mantenida a rajatabla por kirchneristas y macristas.

 

Uno de los graves problemas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales es la ausencia de comités obreros de seguridad e higiene.

 

El proyecto de ley presentado por el Partido Obrero sobre estos comités no sólo sirve como un planteamiento político, sino también como una guía de acción para las internas y los cuerpos de delegados en materia de seguridad.