Dos fallos judiciales dieron un parate -aunque parcial y momentáneo porque seguramente habrá apelaciones- a la implementación de la antiobrera modificación de la ley de Riesgos del Trabajo que puso en marcha hace pocos días el gobierno nacional, vía decretazo de “necesidad y urgencia”, y que supone una baja abrupta en las indemnizaciones que debe cobrar un trabajador accidentado.

En lo esencial, el decreto establece un cambio en el índice de actualización a utilizar para las indemnizaciones  que deben pagar las ART a los trabajadores accidentados que aquellas estiran en el tiempo con trámites múltiples y engorrosos. El justificativo oficial para dejar de utilizar el índice que establece la ley (la tasa activa del Banco Nación) para cambiarlo por otro (el Ripte) de resultados sensiblemente más bajos, es que  actualmente las tasas son muy elevadas. Pero esas tasas son las que el gobierno dispuso y las que sigue pagando -sin objetar- a los tenedores de bonos que realizan enormes negocios vaciando las arcas del Estado.

En medio de la fiesta de las Lebac y Leliq, de las tasas del 70/80 por ciento que le permitieron acumular enormes ganancias sin riesgo y en pocos días a los especuladores financieros, la tasa activa del Nación reduce la ventaja para las aseguradoras de hacer negocio estirando en el tiempo el pago de las indemnizaciones.

Antes de la actual crisis, la tasa del Banco Nación era beneficiosa para las ART porque estaba por debajo de otros posibles indicadores como la inflación o la variación de los salarios. Y esto en beneficio de las ART que, especialmente luego de la modificación de la ley del 2017, tienen en sus manos la posibilidad de estirar los plazos de pago de las indemnizaciones por medio del engorroso proceso a las que las habilita la ley modificada, que salió, cabe recordarlo, con el apoyo del Frente para la Victoria y del conjunto de la burocracia sindical.

El ataque del gobierno es bien a fondo, porque el decreto plantea que se aplique el índice denominado Ripte, de variación de salarios, cuestionado en el caso de las actualizaciones jubilatorias por ser el más bajo de este tipo de indicadores, y que está muy por debajo de las tasas e incluso del alza de los precios, es decir que con la demora en los pagos de las indemnizaciones se produce una pérdida neta para el trabajador y un negocio para las ART.

Los jueces cuestionan que haya algún tipo de “necesidad y urgencia” y que, por tanto, no se puede modificar una ley con un decreto. Pero también destacan que esta medida oficial “disminuiría notablemente las indemnizaciones” y el fiscal acota que “pareciera que se intenta dar primacía a los intereses de las empresas aseguradoras por sobre los derechos y las limitaciones de los trabajadores accidentados” (Clarín, 9/10).

Además, en el colmo de la subversión a la normativa legal, el decreto establece que la aplicaición sería retroactiva, es decir una gracia extraordinaria para las ART que demoran en pagar las indemnizaciones para presionar al trabajador accidentado para que acepte indemnizaciones miserables.

Silencio

Es total el silencio del PJ y los K respecto de este ataque a los trabajadores, cuando las muertes obreras por la desidia patronal y gubernamental no hacen más que crecer, como quedó demostrado recientemente con el desastre que costó la vida a un trabajador en la obra en construcción del aeropuerto de Ezeiza. Y en los últimos 15 años hubo más de 14 mil muertes obreras producto de accidentes laborales.

Otro tanto vale para la burocracia sindical. Más allá de un comunicado de forma, donde critican la medida, desde los “gordos” hasta la CTA, pasando por los Moyano y sus adláteres, todos han mirado para otro lado y dejan pasar otro ataque a las condiciones laborales de seguridad que, entre muchos otros casos, se han cobrado la vida de ocho obreros en Vaca Muerta.

Nada sorprendente, eso sí, porque la burocracia apoyó la modificación antiobrera de la ley hace dos años, impulsada por el macrismo y avalada por el peronismo.

Una salida al despotismo patronal   

Tremendamente acotada en sus alcances de cobertura de los trabajadores, especialmente luego de la modificación que se realizara hace un par de años, la ley de Riesgos del Trabajo está redactada para reducir al mínimo la responsabilidad de las empresas ante la creciente desidia por el cuidado de la salud obrera. 

Hay que colocar en un lugar destacado la pelea por la derogación de la ley, y su sustitución por otra que establezca la plena responsabilidad de las empresas empleadoras por los accidentes del trabajador y el control por parte de comisiones obreras. Y que las indemnizaciones cubran todas las necesidades del trabajador y/o su familia por todo el tiempo de invalidez o de vida del trabajador.

Es una lucha imprescindible frente al despotismo patronal y del Estado.