Durante la campaña electoral el 95 % de los partidos se presentaron en oposición al gobierno de la Alianza y Cavallo. ¿No recuerda a Terragno planteando el compromiso “histórico” de echar a Cavallo? ¿O a Duhalde, Alfonsín, Moreau o el ARI enarbolando la misma “causa”? Observe el lugar que han pasado a ocupar. Todos ellos están apuntalando la “reprogramación de la deuda” impulsada por el ministro de Economía al que llamaban a expulsar. Todos ellos están sosteniendo al gobierno fundido, hambreador y entreguista al que dijeron enfrentar.

Todos ellos se negaron a otorgarle a Cavallo la facultad de ofrecer la recaudación fiscal como garantía del pago de la deuda externa, tachando tal actitud de “traición a la patria” (Carrió). Pero “lo cierto es que la clave de la ‘reestructuración ordenada’ de la deuda es la decisión de ofrecer como garantía la recaudación fiscal” (La Nación, 7/11). ¿Votarán, ahora, este nuevo “superpoder” a Cavallo?

El gobierno, en nombre de paralizar el default, pretende llegar a un acuerdo con los banqueros que garantice el pago de sus deudas usurarias con la recaudación de impuestos y salve a los capitalistas quebrados a través de todo tipo de prebendas (rescate de deudas incobrables, beneficios contables que salvan la quiebra bancaria, reintegro a los exportadores en dólares).

¿Quién va a pagar, entonces, la bancarrota capitalista?

Las medidas adoptadas en este paquete “default” contra los trabajadores, hablan por sí mismas. Tan solo los cambios en las asignaciones familiares implican un “ahorro” para el gobierno de 500 millones, que salen del bolsillo de la familia trabajadora (eliminación del subsidio por casamiento, reducción de la asignación por hijo, etc.) y tienen características demoledoras en lugares como la Patagonia.

Pero lo que se conoce es solo un primer capítulo. El gobierno está obligado a tratar de imponer, una vez más, el “déficit cero”. Está planteada la eliminación del Incentivo Docente, la reducción drástica o aún eliminación de los Planes Trabajar (“habrá ahorros de 150 millones de pesos con la unificación de planes” según la ministra Bullrich, BAE, 30/10), el recorte feroz del presupuesto universitario, la eliminación de los fondos especiales y una ofensiva en regla contra los trabajadores estatales, docentes y municipales de las provincias.

Pero es el fracaso del “déficit cero”, pactado en oportunidad del “megacanje”, el que ha llevado a la reestructuración de la deuda con los banqueros. Y es en nombre de esta reprogramación que se vuelve a lanzar un plan de guerra contra los trabajadores.

Todos los falsos opositores de ayer, incluidas las centrales sindicales, han hecho causa común con el “canje de la deuda” liderado por Cavallo. Presentan como salida algo que no lleva a ningún lado, revelando que carecen de un planteo que evite el derrumbe financiero y el sacrificio de las masas.

En este escenario cobra mayor importancia el planteo del Partido Obrero de reemplazar, mediante la movilización, la lucha y la huelga general, a los gobiernos decrépitos de la Nación, las provincias y los municipios por Asambleas Constituyentes soberanas.

Cada minuto que pasa, se plantea con mayor agudeza una necesidad: o los echamos o nos destruyen. Por eso reiteramos la convocatoria lanzada la semana pasada, dirigida a los partidos de izquierda y a las organizaciones piqueteras. Autoconvoquémonos en un Plenario Deliberativo Nacional para fijar la salida de los trabajadores a la crisis nacional y votar movilizaciones de masas para imponerlas. Los partidos de izquierda, las organizaciones piqueteras, los centros universitarios recuperados a la Franja Morada, debemos reunirnos para fijar la política de los trabajadores frente a la crisis. Para que esta vez la clase obrera y los explotados no sean furgón de cola de nadie, sino cabeza de sus propios intereses.

El ‘blindaje’ y el ‘megacanje’ fracasaron, la “reestructuración ordenada” de la deuda seguirá el mismo camino. Opongamos a este gobierno y al derrumbe capitalista la convocatoria a Asambleas Constituyentes soberanas, lo que significará poner en pie un gobierno nacional y en las provincias que, por primera vez en la historia, será responsable ante una asamblea popular deliberativa. Un escenario de esta amplitud abrirá el camino para que la mayoría de las masas comprenda la necesidad de un gobierno de trabajadores.