Políticas

22/1/2004|834

Así erradica la pobreza el Gobierno de Tucumán

El gobernador José Alperovich ratificó el propósito de impulsar fuertes acciones para erradicar la pobreza extrema, ha contratado a 600 desocupados con sueldos similares al plan Jefes de Hogar, es decir con una retribución de 150 pesos, aunque en este caso ninguno de los favorecidos integra la plantilla de ese programa social (El Siglo, 7/1).


Además, los ex desocupados cumplen tareas de limpieza y desmalezamiento en las márgenes del Río Salí. “Estos trabajos deben tener permanencia a fin de que no haya focos de insalubridad en la zona”, dijo Alperovich, y no descartó que esta experiencia piloto pueda ser aplicada en otras zonas de la provincia (ídem).


Como podemos apreciar, en la provincia de Tucumán, donde reina la desnutrición infantil y la miseria más extrema, con los índices más elevados de mortalidad infantil y con la desocupación más alta de la historia, este gobierno utiliza la desesperación de aquellos desocupados, conducidos por punteros proclives al peronismo, para humillarlos aún más, pues de hecho los lleva a realizar las tareas de los empleados públicos. Y en cuanto a las labores que despliegan, las hacen sin cumplir con las mínimas condiciones de protección sanitaria; el Río Salí es una de las cloacas abiertas más venenosas de América Latina. Es por ello que para realizar estas tareas los empleados de las reparticiones estatales exigen condiciones de protección apropiadas.


Las direcciones gremiales de los trabajadores estatales no opusieron ningún reparo hasta ahora, incluso están pactando establecer condiciones laborales más flexibles, para que el gobierno provincial pueda trasladar a los empleados para que cumplan sus tareas en las distintas reparticiones, esto está aprobado en una súper ley que establece la facultad del gobierno de disponer de los trabajadores de acuerdo a sus necesidades.


Desde el Partido Obrero denunciamos este atropello a la clase trabajadora desocupada, claro ejemplo de la precarización laboral impulsada por el FMI. Llamamos a los trabajadores estatales a exigir que estos compañeros sean incorporados en la planta permanente estatal, no deben permitirse estas condiciones laborales que atacan directamente el salario de los trabajadores, es el momento de la verdadera unión de las organizaciones de los trabajadores ocupados y desocupados para evitar el manoseo de este gobierno, que medra con la necesidad para enfrentar a la clase obrera. Debemos llamar a la organización de una Asamblea Provincial de Delegados de los trabajadores ocupados y desocupados para imponerle al Gobierno la vigencia de un salario mínimo de 800 pesos, la estabilidad laboral y la incorporación prioritaria de los desocupados incluidos en las bolsas de trabajo, en las mismas condiciones laborales que los trabajadores ocupados.