El gobierno nacional anunció la elevación del tope de ingresos individuales para el cobro de las asignaciones familiares hasta el monto actual de $404.000, que determina el piso para el pago del Impuesto a las Ganancias. A pesar del incremento de beneficiarios, las asignaciones decaen para quienes tienen “mayores” ingresos y la mitad de los trabajadores registrados siguen sin cobertura.

El tope para el cobro de las asignaciones familiares se encontraba totalmente desactualizado, en $158.000, por lo que 800.000 trabajadores y sus 1.300.000 millón de niños habían quedado por fuera de la cobertura. Por la metodología de actualización, los beneficiarios se van cayendo de la cobertura conforme la inflación avanza y los salarios nominales se modifican.

Ahora el gobierno vinculará el tope a las asignaciones familiares con el piso para el pago de Ganancias, que se encuentra actualmente en $404.000: una forma también de revalidar esta confiscación salarial contra los trabajadores. Cada vez que más trabajadores caigan en el pago de Ganancias, por la inflación, menso recibirán las asignaciones familiares, por el tope.

La burocracia sindical salió a celebrar la medida, que implicaría una cobertura superior de 600.000 trabajadores y 900.000 niños y niñas “nuevos”; sin embargo, de conjunto se alcanzaría a menos de la mitad del total de trabajadores registrados, dejando millones por fuera.

Además, cabe señalar que los montos de las asignaciones familiares disminuyen conforme asciende el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), donde el rango I (con un IGF de hasta $177.554) cobrará $11.465; el rango II (entre $177.554,01 y $260.403), $7.732; el rango III (entre $260.403,01 y $300.645), $4.675; y el rango IV (entre $300.645,01 y $808.124), $2.410 (Télam, 16/2).

El gobierno estima que con esta modificación alcanzarán a un total de 2,9 millones de trabajadores y 4,4 millones de niños, niñas y adolescentes.

La medida fue presentada como un “refuerzo salarial” ante el impacto de la inflación en los salarios, por parte de un gobierno cuyas medidas atacan al poder adquisitivo de los ingresos laborales y populares. Según datos oficiales los trabajadores perdieron un 2,3% de poder adquisitivo en 2022.

En un país donde las canastas básica y alimentaria suben 10 puntos porcentuales por arriba de la inflación interanual y donde dos de cada tres niños y niñas sufren de pobreza multidimensional, la acotada medida del gobierno es más que polémica, cuando desde el propio oficialismo se insta a seguir contrayendo los salarios con una pauta oficial del 60% de aumento.

La burocracia sindical de la CGT y las CTAs también pone de manifiesto su subordinación al ajuste oficial, celebrando las migajas mientras el gobierno liquida salarios y continúa con la confiscación del Impuesto a las Ganancias sobre los trabajadores y sus ingresos.

La existencia de las asignaciones familiares justamente expresa el ajuste de las patronales y los magros salarios que se pagan, transfiriendo al Estado –financiado por los trabajadores- los “refuerzos” necesarios para garantizar la supervivencia mínima de los trabajadores.

Las asignaciones familiares deben ser de acceso universal, mientras que de fondo se requiere de una recomposición general de los salarios, que resulte en ingresos suficientes para costear las necesidades de los trabajadores. Junto a la eliminación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, que actualmente grava los salarios de los trabajadores.

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