En la audiencia pública convocada en el Senado por los principales bloques de la oposición, resonaron por un lado las críticas de miembros de la Justicia, intelectuales y diputados, a la política oficial en relación con la muerte de Nisman. Pero la audiencia expresó también la impotencia de la propia oposición frente a esta crisis. En el pronunciamiento que suscribieron al final de la audiencia, los opositores reclamaron la derogación del memorándum con Irán y la de la nueva ley de inteligencia. En el primer caso, a sabiendas de que el memorándum está fenecido por la propia Corte argentina. En relación con la “nueva” agencia de inteligencia, su futura anulación sólo implicaría, en el mejor de los casos, retrotraer las cosas a la situación actual. La oposición no reclamó la apertura de los archivos de la ex Side, ni mucho menos la interpelación de los miembros del gabinete en el Congreso. La impasse del bloque político y judicial que convocó a la audiencia tuvo otra fuerte expresión en la jueza Arroyo Salgado, querellante en la causa Nisman. La jueza pidió “que se deje a la Justicia actuar sin interferencias”, aludiendo a los pronunciamientos del gobierno y a las revelaciones de la prensa. Pero, a renglón siguiente, pidió que la Corte de Derechos Humanos de la OEA envíe observadores para el seguimiento de la causa. O sea que no confía en el aparato de justicia que ella misma integra, y al que pidió que “dejen actuar”.



Nuestra denuncia

Nosotros concurrimos a la audiencia para dar conocer nuestra posición ante la crisis, expresada en un documento firmado por Néstor Pitrola, Pablo López y Marcelo Ramal.

Fuimos los únicos en denunciar a la inteligencia militar y a su jefe, el represor Milani, como los verdaderos beneficiarios de la nueva ley de inteligencia. “Es la ley Milani”, dijimos. Varios oradores aludieron a un “crimen de Estado”, aquello que el PO señaló desde el primer momento de esta crisis. Pero nosotros nos detuvimos en el significado preciso de esa caracterización, que enlaza a los servicios con todos los poderes del Estado en la trama de las conspiraciones contra el pueblo de -al menos- los últimos 25 años. Al destacar el carácter distraccionista de las propuestas de la oposición, denunciamos su falta de autoridad para intervenir en esta crisis. Ello se manifiesta, por ejemplo, en un Macri que montó una red de espionaje en la Ciudad apelando a uno de los “servicios” imputados en el encubrimiento de la causa Amia, el “Fino” Palacios. O en un Massa que convocó a otro “servicio” -Juanjo Alvarez- para dirigir su equipo de campaña.

Finalmente, reclamamos la comparecencia del gabinete al Congreso, en una sesión pública y televisada. Rematamos nuestra intervención llamando al movimiento popular a que “intervenga con una voz propia en esta crisis, para impedir que su desenlace termine en manos de quienes gobiernan o han gobernado para el encubrimiento y la impunidad”.