El 8 de enero se realizó la primera audiencia pública en la ciudad de Azul para presentar la construcción de la autopista en el tramo Las Flores-Azul de la Ruta Nacional 3, junto a otras obras del corredor vial A. El Partido Obrero de Las Flores participó para denunciar el negociado de las corporaciones del transporte, los contratistas de los corredores viales y las constructoras.

Sigilosamente, el gobierno ha anulado proyectos en danza para construir autovías (carriles separados para cada sentido de circulación) y los alteró por autopistas. El cambio no es menor: las autopistas son mucho más costosas, ya que no respetan las trazas de las rutas actuales; a lo que hay que sumarle que dejan alejadas las entradas de los pueblos, perjudicando a decenas de trabajadores y comerciantes que viven del tránsito sobre la vieja traza. El argumento para estas modificaciones es que son más seguras; pero se oculta que se necesita expropiar muchas más tierras -ya que los caminos vecinales sobre los que se construirían son más angostos que la rutas actuales-, impulsando así negociados inmobiliarios -en la Audiencia se “garantizó” que el precio de la tierra sería cercano al de mercado. Ninguna de las tres ciudades por las que pasa este tramo (Las Flores, Cacharí y Azul) se extendió significativamente de los dos lados de la Ruta 3, asfaltada a finales de los ’50; apenas si lo hicieron de un lado, lo que abarataría las expropiaciones si se hicieran autovías sobre el trazado actual. Para zafar del perjuicio que provocará el desvío de la traza, no se cobraría peaje a los vehículos que entran a la ciudad. Claro que después se anunció que habrá peajes baratos para usuarios frecuentes: un guiño a las grandes empresas de transporte que usan este corredor que comunica Bahía Blanca (y la Patagonia atlántica) con la Capital Federal.

El otro tema es el financiamiento. Según el presidente de la Audiencia, Ricardo Stoddart (de la Dirección Nacional de Vialidad), se financiará sobre tres patas: deuda con organismos multilaterales (BID y otros), peajes e impuesto al gasoil -que pagarán todos: ¡los que usen la autopista e incluso los que no! Esta será la primera iniciativa que se llevará adelante a través del sistema de Participación Público Privada (PPP), y se garantizará con esos fondos. Otras formas de financiamiento son las multas por exceso de carga que serán recaudadas por las empresas que manejen el corredor –una legitimación del delito de llevar exceso de kilos.

Finalmente se planteó el tema de la provisión de piedra y cemento, muy festejado por los empresarios presentes, los intendentes de Olavarría (Galli) y Azul (Bertellys) y los funcionarios de Tandil, todos ellos pertenecientes a Cambiemos. Esta cuestión amenaza con terminar en escándalo. Resulta que Tandil será uno de los proveedores de piedra y ya trascendió que se podría infringir la ley de “Paisaje Protegido” que prohíbe la explotación minera en la zona Poligonal de la ciudad. Pero hay más: días después de la Audiencia y en medio de la lucha extraordinaria de los trabajadores de Fanazul por el cierre de la planta de explosivos, el intendente de Azul anunció estudios para extraer piedra y cemento del predio donde se ubica Fabricaciones. Con el megadecreto de Macri, por el que se trasladan propiedades militares a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (el mismo organismo que según Bertellys hizo aquellos estudios), queda claro que cerrar la empresa Fanazul está en línea con este traspaso y los negocios que involucra la construcción de la autopista.

Denunciamos el sistema de concesiones viales, los negociados que hay detrás del trazado de esta autopista y el perjuicio que producirá a los pueblos de la región. Planteamos la estatización de las rutas y la necesidad de un plan integral del transporte discutido por los trabajadores.