Luego del lock out patronal que redujo el servicio de colectivos del AMBA en un 50% para presionar por un aumento del boleto, el gobierno autorizó un incremento del 45% en el precio del pasaje a partir de enero. Así la población seguirá costeando de su bolsillo el recorte de subsidios, mientras a las patronales se les garantiza que no pierdan un solo peso de ganancia.

Con este aumento, la tarifa mínima de transporte urbano pasará de los actuales $52,96 a $76,92, lo que impactará contra el deteriorado poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, las patronales exigen un boleto a $800, lo que vaticina nuevos choques en el corto plazo y también nuevos aumentos que le pondrían un cepo a la movilidad de los laburantes. Según confirmaron en el gobierno, en la primera quincena de enero se convocará a una audiencia pública para evaluar los nuevos cuadros tarifarios.

Recordemos además que estas empresas han hecho enormes negocios con los subsidios, de los cuales jamás invirtieron un solo peso en el servicio. Hoy los usuarios pagan tarifazos mientras viajan apiñados, en vehículos sin condiciones, haciendo colas eternas para subir y padeciendo grandes demoras en la frecuencia.

El nuevo precio del boleto comenzaría a regir desde enero, luego de un diciembre en el que el índice de inflación, según diversas consultoras, rondaría el 30%. Nada de esto pareciera que vaya a quedarse acá. La devaluación del peso va a presionar para seguir aumentando las tarifas acompañando la cotización del dólar y la equiparación de los precios de los combustibles a los valores internacionales, fogoneada por la desregulación del mercado, va a repercutir en nuevos boletazos.

Para aplicar el incremento, el gobierno nacional derogó la resolución 501 donde se congelaba la actualización mensual por índice de precios al consumidor, en el marco de una estampida inflacionaria. Con esta nueva desregulación, queda habilitado el camino para que también esta suba se replique en los ferrocarriles, por lo que el boleto mínimo pasaría $25,72 a alrededor de $36. En febrero, si las estimaciones privadas se confirman, el precio del boleto podría volver a subir como suban los precios en enero que, si se replica lo de diciembre, sería entre 20% y 30%, con lo que el boleto estaría cerca de los $100.

En la misma línea, el gobierno de Kicillof anunció que “a partir del 2024 no se va a poder pagar subsidios al transporte” en la Provincia de Buenos Aires, y se lo atribuyó a la quita de coparticipación promovida por la Nación. Esto elevaría el precio del boleto a $700 a partir de enero en algunas ciudades del interior bonaerense. El gobierno “nacional y popular” también le traslada el costo del ajuste a los laburantes.

Lo único que no aumenta en la misma medida son los salarios y las jubilaciones, ingresos a los que Milei quiere aplastar con la motosierra mediante la Ley Ómnibus y el infame DNU, mientras los precios y las tarifas vuelan por el aire. En dicha ley se suprime la fórmula de movilidad jubilatoria para otorgar aumentos arbitrarios por DNU, lo cual estará atado al ajuste fiscal brutal que el gobierno está ejecutando. También se encuentra en cartera la reposición de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, lo que abrochará el depreciado salario de miles de trabajadores, mientras no se baraja ninguna recomposición de los ingresos.

Las patronales extorsionadoras negocian con el gobierno ajustador cómo hacerle pagar la crisis a los usuarios. Hay que enfrentar este plan de ajuste brutal, en defensa de nuestros ingresos y nuestras condiciones de vida. Para eso es fundamental tomar en nuestras manos el paro del 24 de enero convocado por la CGT, el cual será un gran punto de reagrupamiento para que millones de trabajadores en todo el país ganemos la calle, en el camino de derrotar esta ofensiva.

A su vez, la única forma de terminar con el cuento patronal de que las tarifas están desactualizadas y que no saldan los costos, es proceder a la apertura de sus libros y determinar cuál es el costo real del servicio.