Según trascendidos, en agosto aumentaría entre un 10% y un 15% la tarifa de electricidad para 2.600 industrias y comercios. Esto tiene por objetivo continuar reduciendo subsidios energéticos en pos de complacer al FMI, lo cual traerá efectos recesivos e inflacionarios.

La nueva suba impactaría sobre los Grandes Usuarios Mayores (Guma) y Menores (Gume) que contratan energía directamente en el mercado mayorista. Estamos hablando de “alimenticias -Arcor, Mastellone, Molinos Cañuelas, Coca Cola FEMSA, Danone, Cervecería Quilmes, entre otras-, petroleras -YPF-, petroquímicas, automotrices -Mercedes Benz-, constructoras, papeleras, fabricantes de cemento -Loma Negra-, textiles, supermercados -Coto, Walmart- y frigoríficos, entre otros sectores” (El Cronista, 25/7). 

De ese modo, el gobierno busca seguir disminuyendo subsidios energéticos para que, tal como indica el Fondo, no superen el 1,6% del PBI. Recordemos que ese recorte ya está en camino: según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, en el primer semestre del año la subvención estatal a la energía eléctrica cayó  20,1% interanual en términos reales, como resultado de la segmentación de tarifas, generando un ahorro de casi $600.000 millones. Dicha poda es compensada con aumentos en la boleta de luz de los usuarios.

El incremento previsto para agosto elevará los costos industriales y eso se traducirá en mayor recesión económica e inflación, puesto que las empresas trasladarán el aumento de la electricidad a los precios finales, perjudicando a los consumidores. Como vemos, bajo este esquema, la construcción del Gasoducto no redunda en energía más barata para la población ni contribuye al desarrollo industrial del país; sino que cumple el propósito de ahorrar divisas para alcanzar las metas del Fondo Monetario, y de ampliar las posibilidades de negocios de las petroleras mediante la exportación de gas.

A su turno, la devaluación latente pone al rojo vivo al cuestión de las tarifas, dado que precio del gas en boca de pozo -insumo base de toda la cadena energética- se encuentra dolarizado, no porque guarde relación con los costos de producción, mas solo se basa en el beneficio de las empresas hidrocarburíferas.

Frente a la suba continua de tarifas, es necesario abrir los libros de toda la cadena energética, en función de evaluar los costos reales, verificar a dónde fueron dirigidos los subsidios recibidos durante dos décadas y fijar precios acordes a las necesidades sociales. Esto, en el camino de nacionalizar toda la industria energética bajo control obrero, para destinar ese recurso estratégico al desarrollo del país orientado por el interés de las mayorías.

Por otra parte, resulta fundamental abrir los libros de las empresas para evitar que trasladen el encarecimiento de la electricidad a los precios finales, así como también urge recomponer los ingresos de la población trabajadora ante la inflación irrefrenable. Abajo el programa inflacionario y recesivo del FMI.

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