Desde marzo y hasta setiembre de este año, el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) será de $12.500, porque el gobierno adelantó para el mes próximo el aumento previsto para junio, cuando no está planteado que haya incremento alguno.

Esto mientras el costo de la canasta básica total para el pasado mes de enero, estimado por el propio Indec, era de 26.443 pesos y que, con las módicas proyecciones de inflación del Banco Central (30% para el 2019), superaría holgadamente los $31.000 antes de que llegue, en setiembre, el próximo aumento del salario mínimo.

Es decir que si hoy no llega a cubrir la mitad de lo que cuesta la canasta básica, apenas alcanzará a algo más de la tercera parte de la misma, que el organismo oficial establece como el mínimo para no caer en la pobreza.

El incremento de este salario surgió de una farsesca reunión entre empresarios, la burocracia sindical y el gobierno realizada en agosto pasado. Como “no se pusieron de acuerdo”, el gobierno decidió unilateralmente los aumentos, con cifras cercanas al planteo de los empresarios.

El punto de partida fueron los $10.000 en los que estaba en el trimestre julio-setiembre del 2018. La decisión “salomónica” del entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca, fue la de aplicarle un aumento del 25% (que es siempre en cuatro cuotas trimestrales) hasta setiembre de este año. Es decir que no solo es un monto de miseria, sino que, a lo largo del año largo de vigencia, caerá frente a la inflación, que ya superó ese 25% de aumento del salario en los meses que van desde julio pasado hasta el actual mes de febrero.

Esta miseria volvió a ser aceptada con pasividad por la burocracia sindical cegetista que, hace un par de meses, pidió como concesión al gobierno el adelanto de la cuota que ahora se concreta, sin siquiera cuestionar el monto del mínimo, que tiene niveles de indigencia.

Este salario que, por su creciente deterioro, alcanza a pocos trabajadores registrados, sirve como parámetro para fijar el sueldo de muchos trabajadores en negro y se utiliza para el cálculo del salario docente y de la jubilación mínima, y también muestra la miseria tanto de unos como de la otra.

En el caso de los jubilados, la mínima debe ser equivalente al 82% del SMVM, es decir $10.500 de los $12.500. Así, el más de 1,2 millón de jubilados que cobran la mínima de $10.410, tendrán un aumento de $90 mensuales como resultado del adelanto anunciado.

Por su parte, el salario mínimo docente debe estar un 20% por encima de los $12.500 del SMVM, es decir en $15.000, que es lo que acaba de anunciar el gobierno para colocar como base en las futuras paritarias.

El sentido que debiera tener el salario mínimo ha sido totalmente desvirtuado. El mismo debe ser equivalente al costo de la canasta que se requiere para cubrir todas las necesidades de una familia.

La burocracia sindical, colocada en el campo de las patronales y de la defensa de la gobernabilidad, ha abandonado totalmente la elemental pelea por la subsistencia de quienes viven de su trabajo.

Los trabajadores deben sacarse de encima esta lacra. Hay que recuperar las organizaciones obreras para la lucha por el salario, las condiciones de trabajo y contra los despidos y para liquidar el plan de ajuste del macrismo, los gobernadores y el FMI.