Con el anuncio de un aumento del 13,3% de las jubilaciones, el haber mínimo –que cobran cerca del 75% de los trabajadores pasivos– pasará a $7.246.

 

El mismo porcentaje se aplica a las pensiones (la mínima queda en $5.780), y a la Asignación Universal por Hijo, que queda en $1.243.

 

El gobierno macrista mantiene condenados a ingresos miserables a los jubilados, muy por debajo de la canasta de la tercera edad medida por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad, que a mayo pasado la calculada en $16.134. En tal mes, ese organismo daba cuenta de que “con el haber mínimo más de 3 millones de personas sólo llegan a cubrir el 40% de los productos de primera necesidad, y en peor situación se encuentran los 1,5 millones de beneficiarios de pensiones no contributivas, que percibe solo 70% del haber mínimo” (Ámbito, 16/8).

 

El macrismo se vale de la Ley de Movilidad Jubilatoria (N° 26.417) del kirchnerismo, que establece aumentos semestrales según el índice de actualización salarial y la recaudación de la Anses (considerando el menor de estos dos indicadores), desvinculando la jubilación del salario salario en actividad y el 82% móvil. Ambos gobiernos han trabajado en la perspectiva de transformar la jubilación, un salario diferido, en una prestación asistencial –un reclamo del capital financiero que volvió a ser expresado en la reciente visita de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

 

Todo este cuadro muestra la bajeza del gobierno y los medios oficialistas, que se han afanado en sostener orgullosamente que el aumento “supera a la inflación”, cuando en términos totales se trata de una suba de $852: menos de $30 por día.

 

El mantenimiento de las prestaciones de miseria se inscribe en un ajuste contra los jubilados, como la drástica reducción de los descuentos para la compra de medicamentos y el reinicio de las apelaciones de la Anses contra quienes tienen sentencias a favor –que recibirían resarcimientos muy por arriba de los previstos por la confiscatoria “reparación histórica del macrismo”.

 

El más reciente capítulo fue a fines del mes pasado, con el anuncio de una reforma previsional que establecería una edad “optativa” de jubilación –una opcionalidad trucha, en la medida en que los haberes de miseria obligan a continuar trabajando para garantizar una solvencia mínima. La extensión de la edad jubilatoria se ubica a tono con las exigencias de la OCDE y se complementa con la reducción de los aportes patronales que el gobierno tiene en carpeta.

 

Contra este ataque, planteamos la dirección de la Anses por los jubilados y trabajadores, la vigencia del 82% móvil y la reinstalación de los aportes patronales reducidos por Menem y Cavallo.