Desde que arrancó la cuarentena un sector de los trabajadores se encontró principalmente en el ojo de la tormenta: los trabajadores informales y los monotributistas. No es casual ya que se calcula que son más de 2 millones de trabajadores que viven de su trabajo se encuentran en la economía informal. 

Sin embargo poco ha trascendido sobre cómo afecta esta situación a quienes son monotributistas del Estado, es decir, que son trabajadores estatales con una relación laboral encubierta. La falta de antigüedad, carrera administrativa, negociación paritaria y aguinaldo expresan el pico más alto de la precarización laboral en la administración pública. Se estima que aproximadamente la planta de “contratados” a través del monotributo representa un 33% de la planta estatal nacional, cifra que varía constantemente ya que se año tras año se ven en la necesidad de volver a “negociar” sus condiciones de trabajo.

Aunque por lo pronto el pago de los salarios seguiría el mismo curso que el del conjunto de los estatales, no es menor observar las condiciones más complejas en las que se encuentran y se ponen de manifiesto una situación de estas características. 

Cuando asumió el gobierno de Fernández, los contratos de los monotributistas fueron renovados apenas por 3 meses bajo el pretexto de que deberían ser revisados a fin de que estos no estuvieran relacionados con los funcionarios del macrismo. De esta forma miles de trabajadores vieron sus contratos renovados hasta el 31 de marzo llevando incluso muchos de ellos añares dentro del Estado. Para estos trabajadores, que al estar fuera de cualquier convenio colectivo no se ven contenidos en las paritarias nacionales por más magras que resulten como tampoco de los bonos de los meses estivales, la promesa de renovación contractual venía acompañada de la necesaria actualización salarial, luego de años de pérdida sistemática del poder adquisitivo. Sobre todo siendo que muchos de ellos apenas superan los $20.000 mensuales.

Llegada la fecha de vencimiento, valiéndose de la falta de organización en los tiempos de pandemia, las renovaciones se hicieron por los mismos montos y hasta el mes de junio. Sumado a esto, este año debutó con el aumento del 51% del impuesto del monotributo, con lo cual no solo no existirá un aumento salarial en un marco inflacionario, sino que encima el salario se vio cada vez más recortado con estos impuestazos. Es decir, el gobierno esgrimió argumentos similares a los del macrismo para descargar el ajuste sobre los trabajadores.

Otro de los aspectos que deja al desnudo esta situación es la falta de licencias establecidas y reguladas por el convenio colectivo, quedando a merced de la voluntad y designio de los funcionarios de turno. Ahora bien, frente a la perspectiva de “flexibilización” de la cuarentena y la restauración de tareas de “guardia” en distintos lugares del Estado, la situación de los monotributistas queda aún más vulnerable en la medida que no resulta claro cómo se desarrollarían las licencias en caso de necesitarlo. La falta de ART y las complejidades para acceder a las obras sociales suman en este sentido.

Cada vez son más los trabajadores encuadrados bajo distintas variantes como locación de servicios, locación de obra, asistencia técnica, convenios especiales y tercerizaciones a través de ONG, organismos internacionales o de universidades, entre otras, que se encuentran bajo estos contratos basura. Es en este sentido el Estado quien incumple la legislación laboral contratando trabajadores que cumplen la misma función que quienes se encuentran en planta permanente, cuando solo estaría habilitado para hacerlo frente a tareas muy específicas. El reclamo por el pase a planta del conjunto de los trabajadores estatales está más vigente que nunca.

No es casual que, desde hace décadas, el conjunto de los gobiernos en los distintos niveles del Estado haya generalizado esta forma de contratación. El Estado oficia como el primer agente precarizador de forma tal de habilitar el terrero para que los sectores privados usufructen esta forma de contratación que no tiene otro sentido que eximir a las cargas patronales. 

Comentario a parte resulta el rol de las direcciones sindicales en este cuadro. Mientras UPCN ni siquiera afilia a los trabajadores monotributistas, desconociendo absolutamente su carácter de estatales, aunque estos realicen las mismas tareas que quienes se encuentran en planta, las direcciones de ATE Nacional y Capital, más que enarbolar algunas consignas, no han planteado ninguna instancia de organización real ni se han hecho eco de estos reclamos. Solo Juntas Internas clasistas, como es el caso del Inti, han convocado a los monotributistas a organizarse, incluso durante la cuarentena.

El rol de la burocracia ha quedado demostrado sobre todo en los años de macrismo cuando bajo la consigna de “hay 2019” promovieron la desmovilización absoluta. Ahora bajo el gobierno de Fernández, son quienes dan garantías de que sean los trabajadores los que ven esta crisis descargada en sus espaldas.

El gobierno pretende que seamos los que resignemos nuestros salarios para preparar el pago de la deuda externa y el rescate al capital. Más que nunca se plantea la necesidad de que seamos los trabajadores los que intervengamos en esta crisis.