El Poder Ejecutivo envió recientemente a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para declarar como estratégica a la industria automotriz autopartista. La iniciativa supone una serie de beneficios impositivos para el sector con el objetivo de incentivar inversiones. Sin embargo, no garantiza la creación de nuevos puestos de trabajo.

El proyecto incluye la puesta en marcha de los siguientes programas: Régimen de Promoción de la Industria Automotriz Autopartista y su Cadena de Valor, el Programa de Fomento a Nuevas Inversiones y el Instituto de la Movilidad. Lo que se conoce hasta el momento es que la propuesta ofrece la devolución anticipada del IVA, la amortización acelerada de Impuesto a las Ganancias y establece derechos de exportación 0% hasta diciembre 2031 para aquellos proyectos de inversión con un contenido mínimo nacional del 15% durante los primeros 3 años de producción y del 20% en los siguientes dos años.

El gobierno, con esta medida, pretende revertir la “huelga de inversiones” que predomina en el sector, la cual se ve reflejada en una capacidad ociosa ostensible del 48,1%. Por otra parte, busca atenuar el déficit comercial que acarrea la compra-venta de vehículos y autopartes con el exterior. En el 2020, la industria automotriz, principal exportador de manufacturas de origen industrial, ha dejado un saldo negativo en la balanza comercial de 4.958 millones de dólares.

De este modo, la mira oficial está puesta en fomentar las exportaciones e “incentivar” las inversiones en esta rama de la industria con el objetivo de recolectar divisas para luego utilizarlas en el pago de la deuda al FMI. Para lo cual, el Estado nacional asume un enorme costo fiscal por medio de las exenciones impositivas. Así las cosas, los únicos beneficiados con la medida son las patronales y el capital financiero internacional.

Es preciso mencionar que los beneficios impositivos hacia las empresas no garantizan una mayor inversión. Sin ir más lejos, en 2017 se firmó el “acuerdo automotriz” entre el gobierno de Macri, las terminales automotrices y plantas autopartistas de la provincia de Córdoba y las burocracias sindicales del Smata y la UOM, el cual dispuso una reducción de aranceles en la compra de insumos, mayores subsidios por el uso de energía eléctrica y otros beneficios a cambio de una serie de “inversiones”. A pesar de todas estas prebendas, la producción no dejó de caer en los años posteriores y las patronales avanzaron en un reguero de retiros voluntarios (despidos encubiertos), ataques a los convenios colectivos y suspensiones.

“De acuerdo a la iniciativa, los proyectos de inversión “deberán necesariamente involucrar la producción de: nuevas autopartes o autopartes ya producidas al momento de la inscripción al régimen, que involucren una mejora sustantiva en la capacidad de producción”” (Iprofesional, 19/8). Como vemos, en ningún momento el proyecto de ley oficial obliga a las empresas a crear nuevas líneas de producción, y, por lo tanto, generar nuevos puestos de trabajo. La “mejora sustantiva de la capacidad de producción” a la que hace mención puede ser un avance en la robotización, la cual es utilizada por las patronales automotrices y autopartistas para reducir personal.

Una encuesta de Diagnóstico Sectorial y Regional realizada por la UIA en marzo de este año arroja que el 97% de los empresarios del sector automotriz se halla reticente a contratar más personal a pesar de que el objetivo para el 2021 es aumentar en un 67% la producción en relación al 2020. Esto es una demostración de que los capitalistas aspiran a una “recuperación económica” pos pandémica sobre la base de imponer un mayor ritmo de explotación hacia la clase trabajadora. A su vez, persisten en su reclamo de flexibilizar los convenios colectivos de trabajo y que el gobierno nacional elimine el cepo a fin de girar dividendos hacia las casas matrices con mayor facilidad.

Para reactivar la industria automotriz-autopartista y generar empleo es necesario tomar un rumbo opuesto al que propone el gobierno y la clase capitalista, poniendo por delante los intereses de la clase trabajadora. Desde el Frente de Izquierda Unidad planteamos la prohibición de los despidos y suspensiones, prohibición de los retiros voluntarios, la defensa de los convenios colectivos de trabajo paritarias sin techo e indexadas a la inflación. Apertura de los libros de las empresas que incumplan con estas medidas y posterior estatización bajo control obrero.

Reconversión integral de la industria automotriz-autopartista, bajo control de los trabajadores. para que su producción esté al servicio del desarrollo nacional y de las necesidades sociales. A su vez, se debe repudiar la deuda externa, romper con el FMI, concentrar el ahorro nacional y nacionalizar la banca bajo control obrero para lograr, entre otras cosas, que el crédito nacional esté al servicio de industrializar el país.