Cambiemos y el PJ le dieron media sanción ayer en la Cámara de Senadores al proyecto de ley para que las empresas puedan financiar, casi sin restricciones, las campañas políticas. Lo que hoy se hace de manera un tanto más oculta porque, formalmente, está prohibido por ley, ahora –“en defensa de la transparencia y la democracia”- se podrá hacer a la luz del día.

La justificación en el oficialismo y en el PJ es que, “tras el impacto por los casos de los cuadernos de las coimas y de los aportantes truchos de Cambiemos en la Provincia” se “mellaría la voluntad de hacer aportes” (Clarín, 17/4). No se trata, entonces, de castigar la corrupción, sino que los responsables de la misma son los que votan una forma legal de sortear el castigo, pero resguardando los aportes de los capitalistas.

Lo que muestran los cuadernos y la causa de los “aportistas” truchos de Macri-Vidal es que se ocultó detrás de maniobras varias el aporte de las empresas y los empresarios que hacen llegar su dinero a los distintos partidos patronales.

Para justificar que ahora los empresarios y las empresas puedan aportar cada una un 2% del total de los gastos de campaña de un partido –es decir que sumada un poco más de una veintena podría cubrir la mitad del costo de la misma- los impulsores del proyecto alertaron sobre la posibilidad de que, sin esta ley, “el narcotráfico pueda ser una fuente de financiamiento”. Lo sorprendente es que sostienen este argumento obviando que se trata de los dos partidos patronales mayoritarios que serían los destinatarios naturales de un aporte de estas características.

El kirchnerismo jugó a la oposición del proyecto pero no habló ni siquiera CFK, quien anunció que iba a hacerlo al inicio del debate. Es más, el presidente de su bloque, Marcelo Fuentes, se presentó para aportar al quórum y, luego, junto con Cristina, se ausentaron para ni siquiera votar en contra.

Es lógico. El kirchnerismo, como el conjunto de los partidos patronales, nutre sus finanzas de los aportes realizados por las empresas y los empresarios a quienes sirven desde los poderes del Estado.

El proyecto tiene un carácter tan reaccionario que no solo santifica los aportes de pulpos nacionales y multinacionales, sino que reduce a la mitad los aportes que el Estado realiza a todos los partidos políticos por la vía de garantizarles una presencia en los medios –de costos inalcanzables para los partidos obreros si de una campaña similar a la de los partidos capitalistas se trata- con la excusa de no “bombardear a los audiencias” (ídem), un “bombardeo” que sí se permitirá en el caso de la propaganda paga de los partidos del establishment.

Un elemento de diferencia en el debate pero que, a la hora de votar fue obviado por Miguel Angel Pichetto y su bloque de Senadores para que el proyecto fuera aprobado, fue el planteo del PJ de que también los sindicatos pudieran ser aportistas “legales” a las campañas.

La burocracia, al igual que los empresarios, ya realiza aportes en cada campaña, aunque también estén prohibidos. Al igual que sucede, más en general, con el manejo de los fondos sindicales y de las obras sociales, la burocracia aporta, en particular a las distintas ramas del PJ, sin que los trabajadores tengan ninguna posibilidad de decidir sobre este derrotero de un dinero que es de los afiliados.

El proyecto, que pretenden votar rápidamente en Diputados para que pueda aplicarse a las próximas elecciones presidenciales, lejos de ser un paso “en la transparencia”, es una santificación de la corruptela y las prebendas que se mueven detrás del financiamiento y el apoyo capitalista a los partidos patronales.

El Estado debe aportar los fondos y medios necesarios para que todos los partidos tengan el mismo acceso a la publicidad y exposición de sus ideas.

Contra el proyecto de ley que cercena aún más el acceso de los partidos obreros a los medios de difusión. Contra la corruptela de los partidos capitalistas.