Como a nivel nacional, el Partido Obrero desarrolla en Salta una campaña para que las grandes ganancias y patrimonios financien medidas imprescindibles para enfrentar la crisis: aumento de personal de salud, equipos de bioseguridad, viviendas, entre otros puntos.  Para potenciarla, nuestra bancada presentó un la Legislatura provincial proyecto de ley que establece la contribución obligatoria de las grandes ganancias y fortunas de Salta.

Con más del 45% de la población bajo la línea de pobreza, municipios en crisis que pagan salarios con escalas del año pasado o lo hacen con cuasi monedas (como el caso de San Carlos), una salud pública con carencia de personal y precarización laboral, déficit de infraestructura e insumos, el debate  de nuestro proyecto se impone.

Proponemos afectar la renta de los bancos, mineras, petroleras, y de los grandes propietarios que acumularon riquezas extraordinarias.

El banco Macro pasó del puesto quince a ocupar el primer lugar de la banca privada a nivel nacional, con las súperganancias de sus negocios con el estado. Del total de los recursos de Salta, los terratenientes solo aportaron por impuesto inmobiliario rural, 2 pesos de cada 1.000 que ingresaron en 2019; setenta grandes propietarios tienen en su poder el 50% de las explotaciones agropecuarias, evidencia del proceso de concentración de la tierra, acelerado en los últimos 20 años. En cuanto a la actividad minera, la provincia solo recibe por regalías y canon minero $1,3 de cada $1.000 exportados.

Nuestro proyecto tiene cada vez más repercusiones. Es reflejado en medios de comunicación como Qué Pasa Salta o Cuarto Poder, que a través de nuevos aportes refuerzan nuestros planteos.

En Cuarto Poder, el periodista Nicolás Bignante señala que 35 de los 70 grandes propietarios superan las 20 mil hectáreas, concentrando 1,8 millones; los otros 35 tienen entre 10.000 y 20.000 y reúnen en total 481.818 ha. La mitad de las tierras productivas está en manos del 1,2% de los productores.

Entre los grandes propietarios, Bignante resalta a Eduardo Elsztain, dueño de IRSA, autor del desmonte de 120.000 ha en Salta y concesionario de la explotación de 150.000 ha de tierras fiscales de Salta Forestal. También a Jorge Brito, mayor accionista del banco Macro, que arrasó con 5.000 ha de bosques; Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energy; y Jaime Alejandro Braun Peña, primo de Marcos Peña, comprador y luego vendedor de 20.000 ha a Yuto S.A. -cuyo principal accionista es Mauricio Macri. Además se señala que 164 grandes propietarios son extranjeros. La concentración de la tierra se desarrolla a la par de su creciente extranjerización.

El martes 2 de junio nuestro proyecto estuvo en el acta de labor parlamentaria. El oficialismo evitó emitir un dictamen, sea negativo o favorable, para evitar el debate. Algunos diputados del PJ y kirchneristas dicen, sin embargo, que estarían dispuestos a debatir el tema. Es de una lógica innegable que, en la provincia de las muertes por hambre, del déficit de 80.000 viviendas y de una brutal concentración de la riqueza, es el capital el que debe aportar en la crisis.

Claro que esta disposición a debatir es claramente para devaluar el debate y el alcance de nuestro proyecto. Comienzan por hacer objeciones de constitucionalidad a la creación de una “contribución extraordinaria” de emergencia y plantean, en su lugar, discutir un aumento de alícuotas de actividades económicas o inmobiliario rural. Como si la emergencia social, e incluso las limitaciones que la propia Constitución establece al derecho de propiedad cuando este se opone al interés público, no justificaran esta medida de excepción. Luego plantean que la imposición debería limitarse a las actividades económicas no afectadas en medio de la cuarentena (los últimos dos meses), reduciendo a la mínima expresión el alcance recaudatorio del impuesto, cuando de lo que se trata es de ir sobre la acumulación de rentas y capital de las ultimas décadas.

Convocamos a la población a respaldar nuestra iniciativa, a multiplicar los pronunciamientos, a discutirlo en los lugares de trabajo y estudio. El impuesto a la riqueza es una parte inseparable de un programa de reorganización social de la provincia, que va acompañado del no pago de la deuda y de la nacionalización de la banca y los recursos naturales estratégicos, para su explotación bajo control obrero.