01/11/2014

Avanzan las denuncias de los delegados del Subte en la Legislatura


La Comisión de Obras Públicas de la Legislatura aprobó un pedido de informes presentado por el Marcelo Ramal. La resolución, que ahora se tratará en el recinto, recoge las denuncias de los delegados de la AGTSyP pertenecientes a la Agrupación Trabajadores de Metrovías (ATM) respecto de las falencias en el mantenimiento y seguridad del material rodante en las líneas B y C. 


 


Entre otros requerimientos, el proyecto aprobado pide informes “respecto del acuerdo celebrado entre Subterráneos y  Metrovías sobre el plan de reparaciones generales a 2013-2015”,  y también sobre las causas de un reciente desacoplamiento de coches en la estación Lacroze, así como de las denuncias de los trabajadores sobre negligencias de la empresa en este hecho”.


 


En la reunión, se hicieron presentes delegados de los  talleres de material rodante, San José (Linea C) y Rancagua (Línea B), que expusieron frente a los diputados de la comisión. Señalaron que la ausencia de un plan de mantenimiento y seguridad de Metrovías y Sbase,  pone en grave peligro a trabajadores y usuarios. Denunciaron la  violación sistemática de los cronogramas de mantenimiento de las formaciones que proveen los fabricantes y la fraudulenta tercerización de tareas a talleres externos.  “Metrovías ha desquiciado el mantenimiento de las formaciones, al tercerizar esta tarea en empresas privadas que devuelven los vagones en estado ruinoso” dijeron los delegados. 


 


Ramal señaló que luego del traspaso del subte, Macri ha profundizado el vaciamiento, tercerización y precarización de las administraciones kirchneristas. “Existe -dijo Ramal-, una real malversación de  los fondos recaudados con altísimos precios del pasaje e impuestazos”.  “Debe investigarse –agregó- la compra de vagones a España para la línea B, cuya adecuación a los túneles está exigiendo gastos colosales e interrupciones del servicio”.  Ramal finalizó su intervención en la comisión reclamando una auditoría integral a manos de trabajadores y usuarios para determinar los costos y el destino de los fondos que se reunieron a fuerza de aumento de tarifas y endeudamiento.

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