Con la última creación del intendente Jorge Ferraresi, la Policía Comunal, Avellaneda suma su quinta fuerza de seguridad actuante en el distrito, junto a la Bonaerense, la Bonaerense 2, Gendarmería y Prefectura. Cada una de ellas con probado currículum de inoperancia y "cero" efectividad en control y prevención del delito. Nadie explica por qué fracasaron las anteriores.

Tampoco se explica por qué está nueva fuerza garantizaría la seguridad de los vecinos, mientras las características de las existentes las han convertido en un lastre por su connivencia con el delito, por los aparatos corruptos desde sus cúpulas que, manteniendo zonas liberadas, garantizan la impunidad del delito o al accionar de la represión ante la intervención de los vecinos y trabajadores.

La inseguridad sigue presente en Avellaneda. Así lo ratificaron los trabajadores estatales del distrito, que reunidos con candidatos del Frente de Izquierda lo plantearon como una de las preocupaciones prioritarias como vecinos y también como trabajadores, ya que han sido víctimas del accionar delictivo en sus lugares de trabajo. Y como la inseguridad atañe a todas las barriadas del conurbano y de la provincia en su conjunto, desde el Frente de Izquierda planteamos ante los dichos del candidato oficialista, Martín Insaurralde, de que "trabajamos también para brindar a los ciudadanos mayor seguridad, mejor justicia y más políticas de derechos humanos", y de Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, de "asegurar una mayor presencia policial en las calles, con mejor formación para los integrantes de la fuerza, tecnología eficiente y avanzada, y generando también instancias de participación ciudadana donde se discutan las problemáticas barriales…", que la "solución" al problema de la inseguridad tiene una única salida: desarmar (legal y materialmente) este aparato podrido.

La acción represiva sobre el delito tiene que tener como único sentido cuidar la vida y la propiedad de los trabajadores, por lo que debe estar en manos de personal sin ninguna vinculación con el aparato que aún hoy es una continuidad del existente bajo la dictadura militar, y cuya designación debe hacerse con el control y el poder de veto de las organizaciones de derechos humanos y de los trabajadores. Más aún, la acción de una fuerza de represión del delito debe estar sujeta al control de la población (los libros de las comisarías y precintos son propiedad privada de los funcionarios policiales, cuando debieran estar abiertos al control de los vecinos de las barriadas donde están asentados). Los funcionarios policiales y jueces deben ser elegidos, con la posibilidad de revocatoria, por el voto popular.

Sumar más policía por metro cuadrado en los barrios no es una salida viable para los trabajadores, Avellaneda es una muestra. Para garantizar la seguridad de los trabajadores, debemos fortalecer una alternativa propia frente al derechismo y la militarización. El 27 de octubre los candidatos del Frente de Izquierda tienen que entrar en el Congreso y los concejos deliberantes para desarrollar esta perspectiva.