En las últimas horas tuvieron una enorme difusión en redes sociales y portales de noticias las imágenes de un suceso ocurrido en Avellaneda. Dos integrantes de la policía bonaerense golpearon e intimidaron a dos niños que revolvían bolsas de basura buscando comida.

El intendente Jorge Ferraresi salió rápidamente, dada la exposición mediática del hecho, a identificar y pedir el sumario para los efectivos involucrados. Pero un manotazo de ahogado no esconde la cuestión de fondo: el reforzamiento del aparato represivo, y su política de amedrentamientos sobre los sectores más humildes, sigue sumando casos de abusos de todo tipo durante la cuarentena.

La maldita policía bonaerense

La declaración del aislamiento social obligatorio ha sido el punto de partida para un reforzamiento represivo del Estado. En las últimas dos semanas, las redes sociales se han colmado de imágenes y videos de numerosos puntos del país, donde se pueden observar abusos y humillaciones de todo tipo por parte de las distintas fuerzas, en medio de las más de 8.000 detenciones. El conurbano bonaerense, particularmente, ha sido uno de los lugares más afectados por esta política, debido al elevado nivel de descomposición social de la bonaerense.

Sin embargo, pese al envalentonamiento que el gobierno nacional le ha permitido a las fuerzas represivas durante el confinamiento obligatorio, este no es un hecho para nada novedoso en Avellaneda. La policía bonaerense tiene un nutrido historial de abusos y gatillo fácil en el municipio. Vale rememorar no sólo la recordada masacre del Puente Pueyrredón, sino los casos que se propagaron de aquellos años hasta la fecha como lo son el de Hugo Arce, Cárlos Vasquez, Hugo Krince, Diego Gallardo o Daniel Rivadero. A pesar de que los gobiernos se han ido sucediendo, la impunidad para el accionar criminal de las fuerzas policiales sigue garantizada. El caso más emblemático y probatorio de esta descomposición de las fuerzas policiales, sin embargo, tuvo lugar el año pasado. Una mujer fue interceptada por efectivos de la bonaerense de Avellaneda, que le pidieron $200.000 a cambio de no inventarle una causa por narcotráfico. La misma denunció ante una fiscalía la extorsión y fue escoltada por la policía federal al lugar donde debería dejar el dinero, hecho que motivó una balacera entre bonaerenses y federales con el saldo de un bonaerense muerto. Las investigaciones que del caso se desprendieron revelaron un entramado de cajas negras y bandas policiales implicadas en extorsiones y cobro de coimas.

El intendente Jorge Ferraresi, a pesar de sus intentos de desligarse públicamente del escándalo a través de su cuenta de Twitter, tiene una profunda responsabilidad política. Más allá de que se jacte de “identificar a los policías y pedir los sumarios”, como de alegar también que “no van a permitir ese tipo de prácticas” y que “es necesario construir fuerza de seguridad profesional, respetuosa y solidaria”, es él mismo quien mantiene desempeñando tareas en la policía municipal de Avellaneda a Luis Chocobar, agente procesado por gatillo fácil; y quien le ha habilitado el ingreso de estas fuerzas a las barriadas populares del distrito.

Abajo la represión

La imagen de los dos niños revolviendo la basura para poder comer es una radiografía de las condiciones de desenvolvimiento de la cuarentena. Demás está señalar que la policía bonaerense fue centralizada bajo un mando único, mientras que no se hace lo propio con una salud, ahogada presupuestariamente, que se ejecuta aún bajo el presupuesto 2019 y que recibió como partida extraordinaria para combatir la pandemia un 1% de lo que el gobierno lleva pagado de deuda.

Ferraresi sale a cubrirse las espaldas desvinculándose de estos hechos, sin embargo no le ofrece ninguna respuesta a los miles de vecinos del distrito que se encuentran hundidos en la pobreza y el hambre. Por esas razones reclamamos los $30.000 para desocupados y trabajadores informales, y el retiro inmediato del despliegue represivo en las barriadas obreras y el distrito.