El pasado jueves 6 de abril, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el secretario de seguridad de la comuna, Alejo Chornobroff (Frente de Todos-PJ) mantuvieron una reunión con los comisarios del municipio, ante los elevados números de robos y asesinatos en el distrito.

Tras el encuentro, el Ejecutivo local informó que sumará más móviles y efectivos. “Conversamos sobre la incorporación de 110 policías, 62 patrulleros, 80 choferes, más cámaras y la implementación del anillo digital para la lectura de patentes. Además sumaremos 300 cadetes a la escuela de formación policial” (Agencia El Vigía, 6/4), sostuvo Ferraresi.

Pero, ¿resolverá esto el problema de la inseguridad?

Las calles de Avellaneda ya son patrulladas de forma diaria por cinco fuerzas: Policía Federal, policía bonaerense, Policía Ciudadana (“Pitufos”), Gendarmería y Prefectura Naval. Hay retenes en denominadas “zonas rojas” en Dock Sud, Isla Maciel, Villa Domínico, Wilde, Gerli y Piñeyro. Sin embargo, las denuncias y reclamos de vecinos, vecinas, trabajadores y trabajadoras por robos y arrebatos no bajan.

En las paradas de colectivos próximas a la autopista Buenos Aires-La Plata (Docke), los asaltos son constantes. Lo sufren tanto pasajeros como choferes de las líneas que transitan por allí, demostrando que el crimen de Daniel Barrientos (colectivero de la línea 620 de zona oeste) es una amenaza diaria.

Es que la Bonaerense de Avellaneda posee una fuerte historia de connivencia con el delito organizado y la trata.

Solo para ilustrar esa connivencia, porque los casos sobran en las barriadas, haremos referencia de los más resonantes en los últimos años.

En mayo de 2017, durante el gobierno provincial de María Eugenia Vidal (JxC) y municipal de Jorge Ferraresi (PJ), “un comisario inspector y otros seis policías de las localidades bonaerenses de Avellaneda y Llavallol fueron detenidos, acusados de explotar sexualmente a prostitutas y travestis, y en su poder se encontraron armas ilegales, y droga lista para vender, informaron fuentes de la investigación” (Télam, 19/5/17).

Para fines de marzo de 2019, Sarandí fue escenario de un fenomenal tiroteo entre policías, que ganó espacio en todos los medios periodísticos. “La mujer fue interceptada el jueves por efectivos policiales y le reclamaron 200 mil pesos para no iniciar una causa por narcotráfico. Ella accedió a pagar 30 mil, que es lo que tenía en ese momento, y quedó en pagar el resto en la Shell. En el medio, hizo la denuncia y la fiscal Garibaldi envió a los federales” (Página 12, 31/3/19).

Las denuncias por asaltos, entraderas y arrebatos, en las redes sociales, se multiplican a diario, demostrando la formación de extensas zonas liberadas.

Un informe de la revista Forbes Argentina (3/9/21) ubica a Avellaneda como una ciudad donde la inseguridad supera ampliamente el promedio nacional. Vecines y trabajadorxs consultados por las principales problemáticas en sus barrios declaran que la inflación, el incremento de la pobreza, los robos y el narcotráfico se posicionan en los primeros puestos. Sumado a la cotidianeidad del maltrato policial en las comisarías, abusos de poder, el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias (por usar gorrita) en las famosas razias.

Ferraresi, con sus anuncios, sigue la tónica de las autoridades nacionales y provinciales, que solo ofrecen como perspectiva un mayor despliegue de efectivos y han pactado, a tal efecto, un Comando Unificado Conurbano (CUC).

Por parte de la oposición patronal (Juntos por el Cambio), las críticas al gobierno van en sintonía del reclamo de aún mayores recursos para la represión. Algo que fue esgrimido por la concejal Maricel Marciano, exigiendo un incremento presupuestario en seguridad.

Todo esto no hará más que agravar la crisis que ya estamos viviendo. Frente al problema de la inseguridad, planteamos el desmantelamiento de la Bonaerense y las demás fuerzas represivas, y la formación de una fuerza de seguridad basada en el poder de la clase trabajadora.

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