El pasado 30 de noviembre, el Concejo Deliberante aprobó la nueva ley de presupuesto del próximo año, que anticipa fuertes ajustes nuevos impuestos y golpes a los bolsillos destrozados de los habitantes de Avellaneda.

En primer lugar, se definió un incremento de la tasa de Servicios Generales que llegará hasta el 50%, por encima de los estipulado por la provincia (30%). A la vez se crean dos nuevas tarifas, por un lado la “autorización del vertido de escombros, tierras y materiales de desechos de la construcción de inmuebles municipales” y la “contribución especial para la reparación y/o reconstrucción de la red vial”.

Pero por sobre todo que ambos impuestos serán pagados por los vecinos de Avellaneda. Con la farsa de “un municipio que hace obras”, nuevamente buscan que los trabajadores paguemos la crisis. Bien lo demuestra la contribución para el arreglo de la vía pública. No solo los vecinos ya pagan en la Tasa de Servicios Generales (TSG), sino que se les pide una “ayudita” más. De este modo, el nuevo impuesto da vía libre a que el Estado repare las capas asfálticas de autopistas privadas, mientras las concesionarias se llevan las grandes ganancias con el aumento de los peajes.

El presupuesto 2021 estima recaudar $13.893.727.761, de los cuales 11 mil millones serán del tesoro municipal, $1.000 millones del gobierno provincial y $1.500 millones del ejecutivo nacional. A nivel porcentual, no hay diferencia con relación al aporte de la Provincia y Nación al municipio. El incremento de más de dos mil millones de pesos a recaudar nuevamente buscan sacarlo de los bolsillos de los vecinos. Lo demuestra el incremento de la TSG, pese al aumento de la pobreza y la miseria, la desocupación y el congelamiento salarial. Jorge Ferraresi y Alejo Chornobroff siguen incrementando el impuesto local.

Los casi 14 mil millones de pesos serán destinados a obras públicas ($3.889.422.795), más de un cuarto del presupuesto. Pero sin un plan de obras, sin intervención de los trabajadores y habitantes de los barrios, la amenaza de un nuevo cartón pintado de casi 4 mil millones de pesos es elevado.

Venimos atravesando una pandemia que ha demostrado que las condiciones sanitarias son escasas. Los trabajadores de la salud pública de Avellaneda en estos nueve meses denunciaron la ausencia total de elementos básicos para hacerle frente al Covid-19, sumado a salarios de miseria. Como respuesta, a pedido del intendente ultra-K, los concejales votan a favor un presupuesto que solo destina $942 millones para este sector (menos del 7% del objetivo a recaudar).

Para producción y política ambiental, el ejecutivo nac&pop destina $342 millones. En una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica, con su centro en Villa Inflamable, con mujeres y niños con niveles de plomo en sangre cinco veces más que lo normal, el nuevo presupuesto vuelve a ajustar en las condiciones básicas de sobrevivencia de los habitantes. Sin olvidar que ni el municipio, ni la provincia, ni Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo) hacen control alguno sobre las descargas de las petroquímicas y centenares de industrias que descargan en el Riachuelo cientos de litros tóxicos.

Mientras se efectuaba la cesión, en las puertas del recinto docentes municipales reclamaban por más de ocho meses de sueldos adeudados. Como respuesta, los “representantes del pueblo” votaron un presupuesto que destina menos del 5% para el área de cultura.

Si no fuera poco, en la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2021 aprobada conjunto al presupuesto se decide condonar las deudas de las tasas de seguridad e higiene y ocupación de espacios públicos a todas a las grandes empresas de servicios públicos. De este modo, Edesur, altamente beneficiada con la liberación de las tarifas a partir del mes de enero y la ausencia total de control en una red altamente deficiente, se le perdona (como todos los años) sus deudas.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda-Unidad convocamos a vecinos, estudiantes, mujeres y trabajadores a ganar las calles por planes de obras públicas definidas y controladas por comisiones de los propios habitantes de las barriadas o villas, agua potable, cloacas, redes eléctricas seguras, asfalto para todos los vecinos y salarios igual a la canasta básica.

Defendamos la educación, salud y cultura pública.