El próximo jueves 25 de noviembre el Consejo Deliberantes pondrá en tratamiento y a votación la Ordenanza Fiscal e Impositiva, ley que estipula actualización de las tarifas municipales para el próximo periodo anual.

El oficialismo local (PJ – Frente de Todos) valiéndose de la mayoría automática, y con apoyo de la “oposición” (UCR – Pro – Cambiemos), van de lleno por un nuevo y fuerte incremento.

Informado por ediles de ambas bancadas, el aumento de la Tasa de Servicios Generales (TSG) alcanzará un 50%. Un duro golpe al bolsillo de vecinos, vecinos y trabajadores. De este modo, la tasa mínima para la vivienda será de $2000, para los comercios de $4307, las industrias $37 por metro cuadrado y para las viviendas nuevas de $2041. En 2020 la suba trepó el mimo porcentaje, transformándose Avellaneda en el municipio record, superando incluso a la macrista Cuidad de Buenos Aires de Larreta.

Este año, el aumento fue del 35%, y a la par, en plena pandemia, el ejecutivo ferraresista creó dos nuevos impuestos. Por un lado a los residuos de escombros. Y por el otro una tarifa progresiva a las viviendas abandonadas o baldíos, con el fin de fomentar y financiar la especulación inmobiliaria, en una ciudad donde el hacinamiento y la crisis habitacional es catastrófica.

Sumado a dichas subas tarifarias, el gobierno municipal, y concejales (de ambos lados de la “grieta”) aprueban a eximición impositiva a la gran patronal. Empresas como Exolgan, Edesur o la petroquímica contaminante Shell. No así los vecinos, vecinas y laburantes.

Pese al incremento constante de la TSG, las condiciones de labor y salariales de los trabajadores municipales es altamente precaria. El ingreso básico se ubica por debajo de los $24.000, muy por detrás del salario mínimo, vital y móvil. Del mismo modo, la total ausencia de elementos básicos de seguridad e higiene se unifican con figuras de contratación negreras, como el cooperativismo, monotributismo, y a destajo.

Los tarifazos tampoco se visualizan en mejoras en las barriadas más urgentes, donde la ausencia de planes de viviendas, salitas de primeros auxilios y hospitales con falta de insumos y personal, falta de cloacas, redes eléctricas, agua potable y de asfalto ponen en riesgo las condiciones básicas de supervivencia. Con espejitos de colores y cartón pintado, el gobierno de Ferraresi quiere que los laburantes sigan pagando la crisis.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad convocamos a los vecinos, las vecinas y trabajadores de Avellaneda a organizarse contra este nuevo tarifazo.

Vamos por impuestos progresivos a las grandes patronales. Plan de viviendas populares y obras publicas en todas las barriadas y villas bajo control de sus habitantes. Triplicación del presupuesto sanitario y educativo. Salario mínimo igual a $100 mil. Basta de precarización laboral. Pase a planta permanente a todos y todas los y las trabajadores y trabajadoras municipales. Comisiones de seguridad e higiene en todos los lugares de trabajo, bajo control obrero.

No al pago de la deuda. Fuera el FMI.