Siete días después de la voladura del buque Cassana, en el Astillero Río Santiago, falleció Juan Rollieri, de 22 años, uno de los operarios heridos en la explosión. Rollieri, junto a otros 11 trabajadores del ARS, había sufrido graves quemaduras como consecuencia de la explosión que se produjo al acumularse gases en la sentina por falta de ventilación y ausencia de extractores. Los obreros denunciaron que las consecuencias podrían haber sido mayores aún si el hecho hubiese ocurrido en el turno de la mañana (en que la dotación es mayor).

El accidente fue una tragedia anunciada por la falta de seguridad y lo obsoleto de los elementos de trabajo. El desprecio por la vida de los trabajadores y la inseguridad criminal es parte del largo y vasto proceso de vaciamiento, desvío de fondos, recortes del presupuesto y desinversión (los 78 millones de pesos anunciados tres años atrás por Kirchner nunca aparecieron) que han llevado adelante todos los gobiernos para forzar la privatización del Astillero y su asociación con el capital naviero privado.

El gobierno y la dirección de la empresa son responsables por la muerte de Rollieri y el siniestro en el Astillero. Esta responsabilidad es la que se quiere encubrir en nombre de la "fatalidad". Luego de la explosión, la patronal -con la anuencia de la dirección de ATE Ensenada- dio asueto para disipar la indignación de los trabajadores. En la Asamblea de fábrica, realizada 72 horas después, ni la conducción del gremio ni la CTA, plantearon una medida de fuerza y movilización inmediata a la Casa de Gobierno. El asueto volvió a repetirse el día que se conoció la muerte de Rollieri, ahora frente a la bronca generalizada. Hay compañeros que plantean parar por tiempo indeterminado hasta que los otros heridos (uno con el 70% del cuerpo quemado) estén definitivamente fuera de peligro. Mientras la empresa largaba el asueto, la burocracia volvía a postergar la Asamblea para el lunes 23, para evitar que se hiciese en caliente. Tuvo que morir Rollieri para que la CTA convoara ahora a una marcha para el miércoles 27.

Lo ocurrido replantea poner en funcionamiento en forma inmediata una Comisión de Seguridad e Higiene elegida por la Asamblea del Astillero para controlar las condiciones de trabajo, con poder de veto allí donde se violen las normas de seguridad laboral . Esta moción será llevada a la Asamblea General del 23 junto a la de parar y movilizarse por su reconocimiento. La Comisión de Seguridad e Higiene, con plenos poderes de veto, es un paso efectivo hacia el control obrero de la seguridad laboral.

Los trabajadores son los únicos que pueden terminar con las muertes y los accidentes productos de la irresponsabilidad patronal.

El Partido Obrero propone también marchar el 27 con la CTA por un Plan de Lucha para que se formen de comisiones obreras de seguridad en todos los lugares de trabajo, por la derogación del régimen de ART, por la restitución de la ley de accidentes de trabajo, derogación de los regímenes de flexibilidad laboral y jornadas extendidas, el cese de la precarización laboral, el fin la tercerizaciones, el pase a planta de los contratados y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar.